Limitar el precio del gas a 30 euros/MWh: consecuencias en el sector energético y el impacto en la factura de la luz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que los gobiernos español y portugués han enviado a la Comisión Europea su propuesta para topar el precio del gas a 30 euros megavatio hora (Mwh). Lo hizo en declaraciones a medios el 31 de marzo (minuto 01:50).

Si Bruselas lo aprueba, ese tope al precio del gas solo sucedería en el mercado eléctrico interno, no en el internacional, como aseguró Ribera. Es decir, tal y como apuntaban los expertos consultados por Newtral.es, la propuesta del Gobierno pasa por dos medidas. La primera, mantener la subasta internacional de energía que se hacía hasta el momento con Francia como interconexión energética con Europa. Y, la segunda, crear una nueva subasta o casación interna para España y Portugal en la que se limite el precio del gas. 

Además, el precio final de compra sería mayor a los 30 euros, ya que hay que añadir el coste de producción de los ciclos, y las tasas de emisión de CO2, como señalan los expertos.

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No obstante, este límite podría tener consecuencias como un descenso en la producción de otro tipo de energías más limpias, como la hidroeléctrica. También un desajuste en los precios para los consumidores con costes fijos. O la competitividad eléctrica de la península ibérica con respecto a Europa. Lo explicamos.

Topar o limitar el precio del gas en 30 euros el Mwh no implica que ese sea el precio final

Javier Colón, CEO de Neura Energía, consultora del espectro eléctrico, calcula que el precio final del gas se cifrará en torno a los 100 euros. “El tope de los 30 euros al gas aplica a la energía. Pero ese precio hay que multiplicarlo por dos por el coste de la producción, lo que lo colocaría en 60 euros. También hay que sumarle las tasas de emisión de CO2, que, aunque puede variar, el precio suele estar en torno a 80 euros y son el 40%. Esto daría lugar a un precio final alrededor de 95 y 100 euros/Mwh”.

Aun así, al ser un precio intervenido, las comercializadoras tienen que compensarlo. “Como las empresas tendrán que comprarlo más caro en el mercado eléctrico, el Gobierno y las comercializadoras podrían hacer que se compense la diferencia”, explica Mario Berná, socio cofundador de Ingebau, consultora especializada en el mercado eléctrico.

Las consecuencias para el consumidor de topar el precio del gas

Las comercializadoras, es decir, las empresas encargadas de comprar la energía y distribuirla, tendrán que añadir un sobrecoste al consumidor para compensar el tope del precio impuesto por el Gobierno. 

No obstante, este nuevo precio sería más rentable para los clientes del mercado regulado, ya que aunque se incluya en la factura de la luz, no alcanzaría el precio de los últimos meses. En cambio, podría repercutir negativamente en la cuenta de los consumidores con precios fijos y baratos, como explica Colón.

“Por ejemplo, habrá contratos de comercializadoras a precio fijo que, de repente, incluirán un sobrecoste por este nuevo mecanismo y tendrán que subir los precios. Incluso comercializadoras con contratos de cobertura para cubrirse riesgos que no les sirvieran con el nuevo sistema. Por ello, habrá consumidores que verían una subida en su recibo. Pero en líneas generales, para el conjunto del mercado regulado, sería mejor”.

El resto de energías, como la hidroeléctrica, también se verán influidas por el tope

Aunque la medida propuesta por España y Portugal solo contempla una intervención en el precio del gas, este tope podría repercutir en el resto de energías presentes en el mercado. Esto se debe a que el gas ha estado marcando los precios de compra de energía en el mercado ibérico. En ocasiones superado por la energía hidroeléctrica.

No obstante, en el momento en el que se reduzca su precio, la energía hidroeléctrica podría determinar descender su producción. “Si esta medida dura dos meses, las hidroeléctricas podrían decidir no vender a 90 euros si dentro de dos meses quitan la medida y pueden volver a vender a 200 euros. Dejarían el agua embalsada, porque para qué van a turbinarla si la pueden vender a 200 euros en julio”, asegura Colón.

“Al intervenir el mercado pueden aparecer este tipo de disfuncionalidades. De hecho, si las hidroeléctricas decidieran reducir su producción, habría que compensarlo con un mayor número de ciclos del gas, lo que haría que acabáramos por contaminar más”, explica el experto.

Por otro lado, Ana Fernández-Guillamón, experta en Energías Renovables y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, apunta a que la energía hidráulica podría ser la última energía que entre en el pool. “Si ellos están ofreciendo en el pool un precio mayor que el acotado del gas, pues seguirán marcando el precio de compra del resto de energías”. No obstante, el precio no tendría por qué subir si deciden no producir o vender más barata la energía, aunque suelan hacer “precios sombra” en el mercado, como explica Berná.

Otros países europeos no dependen tanto del mercado mayorista como España

Topar el precio del gas en la península ibérica no tendría por qué afectar a su competitividad eléctrica con respecto a otros países europeos, como explica Colón. Esto se debe a que otros países de la Unión Europea no están en la misma situación energética, ni de interconexiones, que España y Portugal. Por ejemplo, Alemania u otros países del centro de Europa, tienen un mayor acceso a interconexiones con otros países.

“En los países de la Unión Europea no se mueve tanta energía por mercado mayorista como en España. La mayor parte de la energía en España se mueve por OMIE (operador de mercado eléctrico designado) y otra parte que se mueve por contratos bilaterales, como pasa con las nucleares, por ejemplo, que es entre las productoras y sus comercializadoras. En cambio, en Francia, por ejemplo, la mayor parte va por contratos bilaterales. Por eso tener en España un mercado mayorista barato es mucho más importante que en otros países europeos”.

Según el experto, España podría ganar competitividad, pero no tanta como la que tienen ya otros países.

Sobre las consecuencias en las empresas españolas con respecto a las europeas, Colón y Berná coinciden. La medida influirá en su factura de la luz, pero no tiene por qué aumentar su competitividad.