Los 33 títulos nobiliarios que la ley de memoria democrática contempla eliminar

La lista de títulos nobiliarios que el proyecto de ley de memoria democrática planea eliminar incluye 33 reconocimientos “concedidos entre 1948 y 1978” que representan “una exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra y la Dictadura”, según el texto legal. Entre ellos, se incluyen el ducado que heredó la familia del dictador, el de Primo de Rivera o los títulos de militares golpistas como Mola o Queipo de Llano.

El objetivo es “revisar de oficio o retirar” los reconocimientos anteriores a esta ley que sean “incompatibles con los valores democráticos”. Te explicamos a qué títulos afecta esta propuesta y qué encaje legal puede tener si se aprueba, a la espera de que termine su trámite parlamentario.

A qué títulos se refiere la norma que quiere aprobar el Gobierno y cuáles se verán afectados

Los artículos 40 y 41 del proyecto de ley de memoria democrática contemplan la supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España otorgados durante la Dictadura franquista, como recoge la versión más reciente del texto que aprobó este lunes 4 de julio la Comisión Constitucional. 

Franco otorgó hasta 37 honores de este tipo, como analizamos en Newtral.es a partir de los datos extraídos de la Diputación de la Grandeza, el organismo encargado de recopilar, estudiar y conservar el archivo de títulos nobiliarios. Estos reconocimientos fueron posibles porque, a partir de 1947, el dictador pasó a ostentar todos los poderes que hasta 1931 ejercía el rey en materia nobiliaria, creando y autorizando nuevos títulos, sucesiones y rehabilitaciones.

Según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, eran “títulos que usaba para premiar a sus grandes colaboradores y a su círculo cercano y se adjudicaban a dedo, incluso suponían algún tipo de beneficio social”. Normalmente, quienes los recibían eran “militares que participaron en la guerra, políticos, compañeros suyos o empresarios”, como cuenta José Luis Sampedro Escolar, numerario decano de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

De la “falta de legitimidad” de los títulos al encaje de la ley en el derecho premial: los argumentos a favor y en contra

Para Enrique Soria, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, los títulos que concedió el dictador tendrían que desaparecer por una cuestión ética. “El problema es su falta de legitimidad, porque se concedieron de manera ilícita por alguien que no era rey, sino un golpista. No se trata de cuestionar el orden jurídico establecido para todos los que tienen un título nobiliario; hay que ver, de los que se dieron entre 1948 y 1975, cuáles no son dignos de mantenimiento y eliminarlos”, comenta.

En la misma línea, Silva cree que “lo anacrónico es que se sigan renovando estos títulos nobiliarios y que no se anulen todos. Lo peor es que el Estado permita que sigan existiendo”. Otro de los problemas que plantea es la falta de concreción de la norma. “Todo depende de la contundencia con la que se plantee el texto porque, de momento, la ley de memoria democrática es muy vaga en la justificación de las medidas”.

Sampedro es crítico con el texto, sobre todo por el riesgo de que el Gobierno escoja eliminar títulos de manera discrecional. “Se están erigiendo en un tribunal que juzga como buena o mala una decisión tomada por la Jefatura del Estado en épocas pretéritas y esa es una actitud de dudosa legitimidad jurídica”.

Otro de los problemas que detecta este experto es el encaje legal de esta supresión de los honores nobiliarios: “El derecho premial [el que regula los honores y premios de este tipo] no se puede modificar si no es por causa justificada. Si a mí me dan un premio, no me lo pueden quitar seis años después, a no ser que esa decisión esté motivada”. 

Por eso, insiste en que un honor así solo podría retirarse si se ha cometido, por ejemplo, “un delito relacionado con la concesión del premio. Si no hay sentencia judicial que así lo determine, estaríamos ante una extralimitación de los poderes que dicten esa norma”.

El cambio de enfoque: de premiar a militares cercanos a Franco a valorar el trabajo de científicos y escritores

Este derecho de gracia es una herencia medieval y su concesión no se tenía que justificar ni debía estar respaldada por ningún otro poder. “Eran dignidades que se concedían a la gente poderosa [durante el Antiguo Régimen] y se siguieron manteniendo con Isabel II o Alfonso XIII. También se concedían a financieros, prestamistas, etc.”, como explica Enrique Soria. 

Estos reconocimientos se asociaban a determinados fueros o privilegios. En la II República se llegaron a prohibir. Ahora, el enfoque ha cambiado: este tipo de honores se conceden a determinadas personas por sus méritos en el campo de la ciencia, la diplomacia o la cultura.

Tras la Dictadura, la guía de títulos de la Diputación de la Grandeza recoge 46 concesiones honoríficas por parte de Juan Carlos I. Felipe VI no ha concedido ninguno, aunque sí ha firmado sucesiones que ya estaban preestablecidas y retiró en 2015 el ducado de Palma a su hermana Cristina tras el ‘caso Nóos’, como recuerda Sampedro.

Qué pasa en otros países

En general, la tendencia en las monarquías europeas es la restricción de estos títulos. “Hay países en los que se ha suprimido total o parcialmente, pero en muchos otros ya no se están concediendo más". Es lo que está pasando en Suecia, por ejemplo, donde aún hay condes antiguos pero ya no se están otorgando nuevos títulos”, como explica Sampedro. 

También depende del país. En Noruega, no hay honores nobiliarios de este tipo, pero en Bélgica, por ejemplo, todavía se están dando mucho. Reino Unido los concede de forma vitalicia, como en el caso de Margaret Thatcher.

En qué punto está la ley de memoria democrática

La norma se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria. La Comisión Constitucional del Congreso ha dado su visto bueno al texto del Gobierno. El dictamen ha salido adelante con la abstención de ERC y el voto en contra de Vox, PP y Ciudadanos. 

Este es el último paso hasta su aprobación definitiva en el pleno, que se debatirá el 14 de julio. La propuesta sustituirá a la ley de memoria histórica que aprobó en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de actualizarla.