Todas las comunidades tienen pacientes que superan el tiempo máximo de las listas de espera

Todas las comunidades autónomas tienen pacientes que superan el tiempo máximo de espera de seis meses para ciertas intervenciones, tal y como se fijó en 2011 para cirugías cardíacas, cataratas o prótesis de cadera y de rodilla no urgentes. Aunque los tiempos de la lista de espera se han ido recuperando tras el aumento del primer año de la pandemia, esta garantía está suspendida desde abril de 2020, y las comunidades superan en numerosos casos los seis meses de plazo máximo fijado para estas intervenciones.

El Sistema Nacional de Salud registra el tiempo medio de espera para las intervenciones quirúrgicas de cada comunidad, así como el porcentaje de pacientes que llevan en espera más de seis meses. A pesar de que los días medios superan los 180 días en seis regiones, todas ellas tienen pacientes en espera que superan dicho periodo.  

En regiones como Castilla y León, el tiempo medio de espera para una operación de prótesis de cadera ha aumentado 105 días más con respecto a 2019. En otras, como Extremadura, el 54,5% de los pacientes llevan esperando más de seis meses para una cirugía cardiaca valvular, cuando en 2019 fueron un 2,9%, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, de junio de 2021.

Seis comunidades autónomas superan los seis meses de espera fijados para ciertas intervenciones

Los tiempos medios de espera, así como el porcentaje de pacientes que llevan en espera más de 180 días, no ha seguido la misma tendencia en todas las regiones. Tras dos años de pandemia y el reparto de fondos, las comunidades no han conseguido recuperar las cifras previas al covid.

En declaraciones a Newtral.es, Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, critica que “la ley nunca ha estado en funcionamiento, porque se empieza a contar una vez que se ha realizado el preoperatorio”. Flores opina que “el retraso no es por la pandemia, sino que nunca se ha garantizado que un paciente vea a un especialista en menos de seis meses”. 

Seis autonomías han superado el límite temporal establecido –suspendido desde 2020– para las intervenciones quirúrgicas mencionadas (cirugías cardíacas, cataratas y  prótesis de cadera y de rodilla), como recoge el Ministerio de Sanidad. En 2019, solo eran dos.  

Se trata de Aragón, Baleares, Canarias,  Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. No todas superan el límite en las mismas intervenciones. La que más repite es Castilla-La Mancha, donde el tiempo medio de espera sobrepasa los seis meses en tres de las cinco intervenciones quirúrgicas con máximos establecidos. La espera es mayor de 180 días para cirugías cardíacas coronarias (205 días de espera de media), valvulares (197 días) y para prótesis de cadera (188 días).

Baleares, Canarias y Extremadura son las siguientes, con dos de cinco intervenciones que superan el límite de seis meses. 

En las cinco operaciones recogidas en el real decreto hay pacientes que llevan en espera más de seis meses

A pesar de que el tiempo medio de espera de la mayoría de las comunidades es inferior a los seis meses, todas cuentan con un porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos de acceso. Flores considera que “las listas de espera dañan a las personas, ya que la calidad de vida mientras esperas a una intervención se ve alterada. Estamos pagando incapacidades que se pueden resolver con una operación, pero que siguen en listas de espera”. 

En Canarias, a 31 de junio de 2021, el tiempo medio de espera para someterse a una cirugía cardíaca valvular fue de 109 días, pero un 19,6% de los pacientes llevaban en espera más de seis meses. En Extremadura, donde el tiempo medio sí supera los 180 días, más de la mitad de los pacientes (54,5%) llevaban esperando más de seis meses para la intervención. Hace dos años, este porcentaje era de un 2,9%. 

En Asturias, este porcentaje también se ha incrementado en 2021 en cuanto a operaciones de prótesis de rodilla. En 2019, un 3,8% de los pacientes en espera superaban los seis meses, mientras que, dos años después, han pasado a representar el 19,1%.

Sin embargo, en otras comunidades este porcentaje se ha reducido. Es el caso de Castilla-La Mancha. En 2019, cerca de la mitad de las personas que esperaban una intervención de prótesis de cadera en esta región llevaban más de seis meses en espera. Este porcentaje se ha reducido hasta representar el 35,4% en 2021, una cifra que sigue siendo elevada. Esto se debe, en parte, a que el número de pacientes en esta lista de espera ha disminuido: de 772 personas en espera en 2019 a 703 en 2021.

En la intervención en la que menos porcentaje de personas hay con una espera por encima de los 180 días es en la de cataratas. En algunas autonomías, como La Rioja, el porcentaje es de 7,2%, mientras que en otras como Navarra, es de 0,4%.

El tiempo máximo de las listas de espera en algunas regiones es inferior a los seis meses 

En el real decreto de 2011 –suspendido desde 2020– se estableció un máximo de 180 días con el fin de establecer unos criterios marco a nivel nacional. Sin embargo, algunas comunidades han marcado un límite inferior. Es el caso de Canarias, Galicia, Murcia y el País Vasco.  

En 2006, el Gobierno canario estableció un límite temporal para 61 intervenciones quirúrgicas. En las islas, las operaciones de cataratas, prótesis de cadera y de rodilla tienen un tiempo máximo de lista de espera de 90 días. Las operaciones cardíacas se rigen por el real decreto de 2011, es decir, siguen teniendo un periodo límite de seis meses.

En el País Vasco, los plazos de garantía para las intervenciones cardíacas son también de 90 días, pero para el resto se mantienen los 180 días.

Desde la Consejería de Salud de Murcia explican a Newtral.es que los límites de esta región son más exigentes que el máximo nacional. Para las intervenciones quirúrgicas de carácter no urgente, el máximo de espera es de 150 días, como recoge un decreto de la región de 2006.En el caso de Galicia, el límite establecido se mantiene en 180 días. Pero, como recoge la ley de la región, a los 140 días deben ofrecer una alternativa al paciente, quien podrá decidir si desea seguir esperando o buscar otro centro privado o concertado. Será la comunidad quien asuma los gastos de la intervención. 

Si el tiempo máximo de la lista de espera se supera, el paciente podrá ser tratado en un centro privado o concertado 

Desde abril de 2020, el real decreto que recoge las garantías de tiempo máximo para ciertas intervenciones quirúrgicas está suspendido. Como recoge la norma, las situaciones por las que se interrumpe esta garantía son “acontecimientos catastróficos, epidemias, huelgas o disfunciones graves que afecten a uno o más centros o servicios sanitarios”.

No obstante, cuando la situación sanitaria no está marcada por ninguno de los escenarios contemplados, el paciente puede reclamar si su tiempo de espera para este tipo de operaciones supera los seis meses (o tres, según la comunidad autónoma).

En tal caso, las comunidades autónomas no indemnizan al paciente, sino que ofrecen la oportunidad de reclamar y solicitar ser tratado en un centro concertado o privado. El sistema de salud de la autonomía está obligado a hacerse responsable de los gastos derivados de la derivación. Así lo recoge la ley de Cantabria, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, entre otras. Desde la Consejería de Sanidad de Baleares, confirman a Newtral.es que en esta autonomía se procede de la misma manera. 

Flores denuncia que mucha gente no quiere acudir a centros privados, sino ser atendidos en la sanidad pública. “El tiempo máximo ha servido para derivar a la sanidad privada. Cuando no quieres ir, debes seguir esperando o salir de la lista”, añade la presidenta de la asociación. 

A pesar de establecer esta garantía para determinadas intervenciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigió que se “garanticen unos tiempos máximos de espera para los pacientes”. La OCU pone énfasis en recortar las listas de espera, lo que consideran que “debería ser una prioridad”. 

Desde el Defensor del Paciente explican que muchas personas salen de las listas de espera “por desesperación, llegando a pedir préstamos para cubrir los gastos”. Tras la operación, en caso de necesitar rehabilitación o algún tratamiento, “la sanidad pública les dice que no se puede cubrir”, cuenta la asociación. Para Carmen Flores, la solución está en “contratar más personal y derogar la ley 15/1997 por la que se deriva a pacientes a centros privados”.