El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció el miércoles 31 de enero que el Gobierno pondrá fin a la tasa de reposición de funcionarios a partir de 2025 para “modernizar y transformar” la Administración.
- Contexto. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, exige desde hace años la eliminación de esta tasa de reposición para solucionar el déficit que presentan las plantillas en la Administración, como explican a Newtral.es. Así, ha habido avances al respecto por parte del Gobierno cuando aprobó el año pasado mediante real decreto reformas en la Ley de Función Pública que incluían mejoras de la planificación estratégica de los recursos humanos.
¿Qué es la tasa de reposición? Como explican a Newtral.es Josefa Cantero, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y José Vida, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, la tasa de reposición es el porcentaje de vacantes en el empleo público que pueden ser legalmente cubiertas con personal de nuevo ingreso en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior, debidas a jubilaciones, excedencias sin reserva de puesto, decesos, renuncias voluntarias o cualquier otra razón.
“Limita el crecimiento del número de empleados públicos para que se mantenga el tamaño de la Administración reponiendo sólo las bajas, de ahí la reposición”, añade Vida.
¿Cómo funciona la tasa de reposición? La tasa de reposición se fija en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2023, por ejemplo, fue del 110% como norma general —es decir, por cada 10 funcionarios que se jubilaran ese año, el Estado podía convocar 11 plazas en nuevas oposiciones—. El 120% para los considerados como “sectores prioritarios”, y un 125 % para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales. Sin embargo, estos aumentos de plantilla llegan después de años de haber sufrido fuertes ajustes.
¿Cuál es el problema de la tasa de reposición? Desde que se inició la crisis del año 2008, se han dejado sin cubrir muchas vacantes públicas ya que, desde aquel año y hasta el 2016 —cuando se devolvió al 100% y solo para los servicios considerados estrictamente esenciales—, la tasa de reposición siempre estuvo por debajo de las plazas que quedaban vacantes “con el fin de controlar el gasto en personal”, como indican los expertos consultados.
Según Vida, la tasa de reposición “tiene sentido en épocas de crisis, pero utilizada fuera de contexto es un corsé que impide a la Administración adaptarse a las necesidades que se van presentando”. Para Cantero, “es un instrumento con una importante carga política e ideológica, prueba de ello fueron las tasas de reposición que se fijaron durante la crisis con el objetivo de reducir el empleo público y, con ello, el papel de lo público, el tamaño de la Administración”.
- Deterioro de los servicios públicos. Como explica Cantero, la tasa de reposición está relacionada con la calidad de los servicios públicos. “En el peor de los casos, el poco personal que queda tiene que aumentar su carga de trabajo para seguir prestando las funciones públicas”, indica. “El servicio se sigue prestando, pero se deteriora mucho”, añade. “En el mejor de los casos, las funciones se siguen prestando a través del personal temporal, lo que ha causado un problema importantísimo de excesiva temporalidad en la Administración, o se presta a través de empresas privadas, externalizando los servicios públicos mediante contratos públicos”, asegura la catedrática.
Como indicó Escrivá, el problema con este método de renovación de plantilla fijado de antemano es que desajusta las necesidades de oferta y demanda que se necesitan en cada momento. “Las plantillas de la Administración pública están muy tensionadas”, aseguró durante su intervención.
- Las cifras. Según los datos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el número de trabajadores al servicio del Estado actualmente está un 10% por debajo del que había antes de la crisis financiera de 2008. Esto, como explicó Escrivá, es debido a la tasa de reposición, “un procedimiento muy cuestionado que lleva a una caída del empleo muy grande; esto unido a una creciente tasa de jubilaciones ha dejado muy tocada la plantilla”. Como indican las cifras del ministerio, el 60% de los empleados estatales se jubilará en los próximos 10 años, siendo una de las plantillas públicas más envejecidas en el ámbito de la OCDE.
¿Por qué otro método se sustituirá la tasa de reposición? Como dijo Escrivá, la Administración General del Estado y, después, el resto de administraciones, “tendrán que planificar sus plantillas de funcionarios con un modelo totalmente distinto a la tasa de reposición, nos damos este año para construir un nuevo modelo para negociarlo, discutirlo ampliamente con los agentes sociales y recogerlo en los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente, 2025″.
Sin dar más detalles, Escrivá precisó que la nueva fórmula “dará más autonomía a los gestores de recursos humanos para poder optimizar el capital humano de sus organizaciones”, cambiará el modelo de selección de personal y promoción profesional por uno “basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados, que a la vez plantee un modelo de carrera motivador y que aproveche el potencial de los recursos humanos”.
- Los cálculos de CSIF. El sindicato de funcionarios apunta a que las administraciones públicas en su conjunto requieren al menos 100.000 puestos de trabajo para sanidad, educación, justicia o Administración del Estado, entre otros.
- Comparecencia del ministro Escrivá
- Portavoz del Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF
- Josefa Cantero, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha
- José Vida, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
- Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023.
- Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.