La decisión de Ryanair de dejar de operar o reducir su actividad en varios aeropuertos de España por el aumento de las tarifas de Aena ha generado un debate político en los últimos días.
Contexto. La aerolínea anunció el 3 de septiembre que reducirá su capacidad para el próximo invierno “en un 41% de las regiones españolas y en un 10% en Canarias”, perdiendo, así, “más de un millón de plazas” para esta temporada.
- Ryanair justificó su decisión diciendo que lo hace por “las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el monopolio de Aena”.
Estas tarifas son una serie de importes que los gestores aeroportuarios como Aena cobran a las aerolíneas por usar sus servicios (terminales, pistas, pasarelas, seguridad, etc.), como explican desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
- Estos importes acaban teniendo “un impacto en el precio de los billetes de avión” que compran los pasajeros, explican.
- Aena, que es semipública, decidió subir un 6,5% estas tarifas para el año 2026, lo que se traduciría en un aumento de 68 céntimos por pasajero, según explicaba la compañía en julio.
La posición del operador español. Aena respondió esta semana a Ryanair en un comunicado diciendo que había propuesto “una subida de 68 céntimos en 2026” y que la actualización de sus tarifas no es “una decisión caprichosa”, sino que se hace aplicando “fórmulas matemáticas objetivas”.
- “La ley 18/2014 y sus desarrollos normativos, que aprobó el PP en 2014, determinan exhaustivamente cómo deben aprobarse las tarifas aeroportuarias […] Ni el Gobierno ni Aena pueden modificarlas a su antojo”, aseguran.
El debate. Esta pugna también se trasladó al plano político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de “castigar a los españoles con la mayor subida de tasas (por parte de Aena) en más de una década”.
- El ministro de Transportes, Óscar Puente, contestó diciendo que “no es aceptable que un Estado programe su política aeroportuaria en función de una compañía privada”.
- “Si fuera por el PP, habríamos incumplido el marco regulatorio español congelando las tasas”, añadía, recordando la aprobación de la norma de 2014, en la comisión de Transportes en el Congreso del 4 de septiembre.
Qué dice la normativa. La fijación de tarifas por parte de Aena se regula en la ley 18/2014, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy hace 11 años, como especifica la propia CNMC (página 5).
- En un inicio, la norma se entendió como una fórmula para congelar las tarifas, que no podrían subir, “al menos, hasta 2025”, según el Ejecutivo popular.
- Por el contrario, en 2024 subieron un 4,09% porque, a la hora de actualizarlas ese año, Aena tuvo en cuenta criterios como la subida del IPC, afectado por el precio de la energía.
¿Por qué? Como explica la CNMC (página 5), estas tarifas se calculan en función de una fórmula matemática que tiene en cuenta, también, los gastos derivados de la propia “actividad de Aena” y el resultado debe “permitir cubrir sus costes previstos”.
- Es decir, que Aena puede trasladar al precio de sus tarifas el encarecimiento de los servicios que presta, si varían de un año para otro; son, por ejemplo, la atención a pasajeros, los costes de personal, seguridad, etc., como explica el portal especializado Aviación Digital.
- Para establecer las tarifas de 2026, Aena tuvo en cuenta, por ejemplo, aspectos como las “subidas salariales a sus empleados” o el “incremento de las cotizaciones” (página 9 del documento de la CNMC).
¿Qué consecuenciastiene la decisión de Ryanair? Puede tenerlas para los “aeropuertos regionales y las comunidades afectadas” por las plazas canceladas, pero también para los pasajeros, al dejarlos con menos opciones para viajar, como explican en el Sindicato de Operadores Aéreos SPICA.
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