El Supremo estadounidense limita el margen de maniobra de Biden contra el cambio climático

El Supremo de Estados Unidos cerró su ciclo anual este jueves con un nuevo varapalo para la administración de Joe Biden: una sentencia que limita el margen de maniobra del gobierno federal para luchar contra el cambio climático. La decisión podría tener implicaciones trascendentales para las agencias regulatorias federales. Y no solo en el ámbito del cambio climático.

En la opinión mayoritaria de la Corte, el juez John Roberts concluyó que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) tiene poderes limitados. Tanto la administración de Barack Obama como la de Biden han pretendido regular las emisiones de carbono de las plantas energéticas, pero el Supremo ha determinado que las Cámaras legislativas federales nunca dieron tanta amplitud a la EPA.

De nuevo, los seis jueces conservadores de la Corte han querido acotar los poderes del llamado estado administrativo. Del otro lado, los tres magistrados progresistas han resaltado los obstáculos que esta decisión del Supremo añade en el camino del gobierno federal de Estados Unidos para lidiar con crisis emergentes como el cambio climático.

La contundencia de la sentencia promete tener reverberaciones en otras agencias federales. Así, siempre que una rama del Ejecutivo quiera implementar medidas regulatorias ambiciosas, los juzgados podrían tumbarlas con este precedente como justificación.

Los orígenes de la lucha climática

En los años 30, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt apostó por la creación de multitud de agencias federales que supervisaran ámbitos como la seguridad social o la construcción de viviendas de bajo coste. En las décadas posteriores, esas agencias pasaron a formar parte del estado administrativo.

• Esto es, un Ejecutivo con agencias especializadas que permitían a la administración federal tener mejor margen de maniobra sin tener que pasar por las Cámaras legislativas.
• La EPA, creada en 1970 por el presidente republicano Richard Nixon, se convirtió en una de esas agencias federales.
• En las décadas posteriores, diferentes proyectos legislativos otorgaron mayores poderes regulatorios a la EPA. Entre ellos, la Ley de Aire Limpio de 1963 que la EPA empezó a administrar en el momento de su creación.
• La Ley de Aire Limpio y otras enmiendas posteriores han permitido a la EPA regular la gestión de materiales radioactivos, el tratamiento de agua potable o las emisiones de carbono.

Una controversia que se remonta a Obama

En 2015, Obama implementó el Plan de Electricidad Limpia (CPP), que intentaba reducir las emisiones de carbono en las plantas energéticas. Pero el Supremo de Estados Unidos echó el freno a esa iniciativa, limitando la lucha contra el cambio climático que había abanderado el expresidente demócrata.

• Numerosos estados conservadores habían denunciado el CPP ante las Cortes porque argumentaban que la administración estaba abusando de su poder regulatorio.
• El CPP habría obligado a multitud de plantas de electricidad a cambiar sus fuentes de energía de combustibles fósiles a otras más limpias.
• Algunos alegaban que ese proceso habría costado numerosos cierres en la industria energética, pero el plan nunca llegó a implementarse.

Y llegó Trump

Con la llegada de Trump, la EPA trató de enmendar el CPP con una nueva regla más amable con la industria del carbón. Pero de nuevo las Cortes se pusieron de por medio.

• En 2021, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el segundo tribunal más importante de Estados Unidos, bloqueó la regulación porque entendía que la administración de Trump tenía una versión demasiado limitada de los poderes de la EPA.
• Al mismo tiempo, evitó reinstaurar el CPP de Obama y abrió camino para que la EPA de Biden pudiera empezar de cero. Eso incluía poder perseguir medidas más ambiciosas.

Sin embargo, en su decisión del jueves, el Supremo volvió a atajar los intentos del gobierno de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático. Aunque la decisión no tiene que ver con nada que haya hecho Biden, sino con la decisión de la Corte de Apelaciones en 2021.

• Según la Corte, las agencias federales carecen del poder para implementar regulaciones “de extensa significación económica y política”.
• Esa clase de medidas, concluyen los jueces conservadores, deben ser autorizadas primero por las cámaras legislativas «de forma clara».

En el caso del plan CPP de Obama, los cambios de regulación sobre emisiones de carbono tenían implicaciones en la industria energética en general. Pero el Supremo ha determinado que la EPA solo puede establecer límites de emisiones de carácter individual.

• Es decir, la EPA puede regular que una planta energética tenga un límite específico de emisiones al año.
• En cambio, no puede establecer un sistema de ’cap-and-trade’ que incentive o penalice a las empresas según sus emisiones si las Cámaras no le han autorizado a ello.

Posibles implicaciones para el futuro climático

Al concluir que las agencias federales tienen menos poder que lo que algunas administraciones les han atribuido en el pasado, futuros Ejecutivos tendrán más dificultades para imponer agendas políticas más ambiciosas si no pasan antes por las cámaras legislativas.

• La cuestión es especialmente relevante en Washington D.C., donde las cámaras legislativas están profundamente divididas y es difícil encontrar consenso para proyectos legislativos.
• En el caso del cambio climático, las dificultades se presentan incluso mayores dada la reticencia de los legisladores republicanos a aprobar leyes contra el cambio climático.

Además, la última decisión del Supremo de Estados Unidos asegura que Biden tendrá las manos bastante atadas a la hora de luchar contra el cambio climático. Sentencias previas auguran un futuro muy pesimista para cualquier otro plan ambicioso que tenga su administración en ese frente.

• En el último año y medio, la Corte ha determinado que la agencia federal de seguridad laboral no podía ordenar un mandato de vacunación o testeo frecuente dentro de las grandes empresas.
• Los jueces conservadores también concluyeron que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades carecen de autorización para imponer una moratoria de desahucios.

El futuro de las agencias regulatorias federales está más en el aire que nunca. Y con un Supremo de abrumadora mayoría conservadora, los activistas que luchan contra el cambio climático en Estados Unidos pueden esperar sentados hasta que su gobierno pueda hacer algo la mitad de ambicioso de lo que llevan años demandando.