El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ha citado a declarar el próximo 29 de enero en calidad de investigado por presunta revelación de secretos sobre los delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al entender que tuvo una “relevante participación en esa filtración”.
- El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, también ha citado a declarar el 30 de enero a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –también investigada–, y ha decidido imputar al teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, a quien cita a declarar como investigado el 5 de febrero.
- En el mismo auto, el juez señala que la Fiscalía General le envió a Moncloa el correo en el que la defensa de González Amador admitía sus delitos, y que de ahí pasó a la prensa.
Las razones del Supremo. Basándose en las investigaciones de la Policía judicial sobre el intercambio de correos entre el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid el pasado 13 de marzo, el magistrado determina que García Ortiz “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella [a la filtración], aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición”.
La imputación de Villafañe. El Supremo ha abierto diligencias contra el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General al entender que se pudo coordinar con los otros dos investigados para “revelar secretos o informaciones reservadas” sobre los delitos de la pareja de Ayuso de los que “habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”.
El papel de Moncloa. Hurtado señala que la Fiscalía General del Estado envió a Presidencia del Gobierno el correo en el que la defensa de González Amador admitía sus delitos y solicitaba un acuerdo, y de ahí le llegó al El Plural.
- Según el juez, este medio lo publicó a solicitud de Moncloa para que Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid, pudiese enseñar el documento ante la Asamblea de Madrid en el pleno celebrado el 14 de marzo.
La investigación. El juez cita a declarar al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid después de que la UCO señalara en su primer informe sobre el caso (21 de noviembre) “la participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos”.
- Informes posteriores determinaron que García Ortiz no tiene mensajes en su móvil relacionados con el caso, que cambió de terminal una semana después de que el Supremo asumiera la investigación y que tenía dos números de teléfono.
Un informe previo registró mensajes con Rodríguez que después no aparecieron en su móvil. Por ello, el Supremo ha solicitado a la UCO recuperar los mensajes perdidos.
