El juez de la Corte Suprema Stephen Breyer ha comunicado al presidente de EEUU, Joe Biden, su jubilación oficial, lo que permite que el presidente nombre a un sucesor.
- El proceso de nominación recibirá un escrutinio destacado dada la relevancia de la corte en el día a día político de Estados Unidos y al hecho de que el cargo es vitalicio.
Un nuevo nombramiento por parte de un presidente demócrata mantendrá la actual mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas . Uno de los magistrados que habitualmente se posiciona del lado progresista en las decisiones de la corte es Stephen Breyer, con lo que Biden tiene previsto anunciar un relevo acorde a esa perspectiva judicial.
¿Pero por qué llega la jubilación justo en este momento? ¿Quién podría suceder a Stephen Breyer? Y sobre todo, ¿por qué la elección de Biden puede ser histórica?
Asegurando una corte conservadora
En febrero de 2016, en los últimos meses de Barack Obama en la Casa Blanca, el juez Antonin Scalia falleció a los 79 años cuando todavía ostentaba el cargo. Su muerte inició el proceso de nominación de un nuevo juez por parte del presidente, encargado de elegir sucesores bajo aprobación del Senado, según estipula el Artículo II de la Constitución estadounidense.
- Pero Obama fracasó en su intento de relevar a Scalia, un juez que a lo largo de sus tres décadas en el Supremo firmó algunas de las decisiones más aclamadas por el movimiento judicial conservador de EE. UU., específicamente el que aboga por:
- Una perspectiva originalista de la Constitución, y que por tanto su texto debe interpretarse tal y como fue percibido en el momento de su promulgación.
- Una perspectiva textualista de las leyes, y que por tanto los estatutos deben ser interpretados de forma literal, sin tener en cuenta fuentes externas al mismo texto.
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Obama nominó al ahora Fiscal General de la administración de Biden, el otrora juez federal Merrick Garland, pero el Senado de mayoría republicana bloqueó la nominación porque querían darle la oportunidad al electorado de decidir qué presidente querían que eligiera al sucesor de Scalia.
- Donald Trump acabó ganando las elecciones presidenciales contra Hillary Clinton en noviembre de ese mismo año, posibilitando que fuera él, y no Obama, quien nominara a un nuevo juez.
- El elegido fue Neil Gorsuch, considerado por muchos como un heredero de la filosofía judicial de Scalia.
En los años posteriores, Trump pudo nominar a otros dos jueces conservadores gracias a la jubilación del que durante años fue voto bisagra de la corte, Anthony Kennedy, y el fallecimiento de la jueza e icono del movimiento judicial progresista Ruth Bader Ginsburg.
- Esas dos vacantes se tradujeron en las confirmaciones de los jueces conservadores Brett Kavanaugh, que enfrentó un duro proceso de nominación con motivo de una fuerte oposición demócrata, y Amy Coney Barrett.
Con las confirmaciones de Gorsuch, 54 años; Kavanugh, 56; y Coney Barrett, 49, Trump certificó una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo que completan los otros tres jueces ya en el cargo: Clarence Thomas y Samuel Alito, profundamente conservadores, y John Roberts, el presidente de la corte que tras la salida de Kennedy ha intentado adoptar un perfil más moderado.
- La pretensión de Roberts, dicen los expertos, es luchar contra la percepción de que el Supremo se ha convertido en un tribunal partidista atado a los intereses políticos que dividen a EE. UU.
En los últimos meses, Coney Barrett se ha sumado a un tribunal que completan Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ambas juezas de corte progresista nominadas por Barack Obama y solo las tercera y cuarta mujeres en llegar a ostentar un cargo en el Supremo.
Stephen Breyer: adiós a un buscador de consenso
La salida de Stephen Breyer llega en un momento complicado para el movimiento judicial progresista, pues el Supremo no solo tiene una mayoría conservadora evidente, sino que además sus nuevos jueces son comparativamente más jóvenes. Sotomayor y Kagan tienen 67 y 61 años, respectivamente.
- Thomas, Alito y Roberts tienen 73, 71 y 66 años, respectivamente.
La edad de Stephen Breyer es precisamente lo que preocupaba a los progresistas en EE. UU. Con 83 años, una muerte en el cargo en un momento inadecuado para ellos habría desequilibrado todavía más la balanza ideológica de la corte. El ejemplo de Bader Ginsburg es perfecto para este contexto:
- En los años finales de la administración de Obama, muchos progresistas le pidieron a Bader Ginsburg que abandonara su puesto en el Supremo para permitir que fuera el demócrata quien nominara a un relevo. Solo así podrían evitar que fuera un presidente republicano quien nombrara a un sucesor conservador.
- Eso es precisamente lo que terminó ocurriendo. Bader Ginsburg falleció en septiembre de 2020 y su vacante la completó Trump con Coney Barrett, provocando el desequilibrio ideológico que a día de hoy pone en riesgo el derecho al aborto o la discriminación positiva en las universidades públicas.
El momento político actual podría haber jugado un papel trascendental en la decisión de Breyer dado que 2022 podría ser el último año en al menos un lustro en el que EE. UU. tiene un presidente demócrata y una mayoría demócrata en el Senado.
- Los demócratas podrían perder el control de la cámara alta en las elecciones de medio mandato de noviembre y Biden podría salir de la Casa Blanca en las presidenciales de 2024, con lo que recuperar el Senado en 2024 o en 2026 serviría de poco.
Stephen Breyer ya dejó caer en una entrevista con The New York Times el pasado agosto que esa circunstancia política jugaría cierto papel en su decisión de jubilarse. De hecho, mencionó una reflexión de Scalia que formó parte de sus deliberaciones: “No quiero que elijan a alguien que vaya a revertir todo lo que he hecho en los últimos 25 años”.
En los últimos ciclos judiciales del Supremo, Stephen Breyer ha votado de forma habitual con sus compañeras progresistas, pero también ha luchado por encontrar consenso con los conservadores, generalmente con decisiones en contra de demandados en casos criminales.
- También ha formado parte de decisiones trascendentales en mayoría, como la aprobación del matrimonio homosexual o la protección del derecho al aborto, y ha sido un destacado opositor de la pena capital.
La vacante de Stephen Breyer abre la posibilidad de que Biden cumpla una promesa de campaña y nomine al Supremo a una jueza afroamericana, una decisión histórica porque carece de precedentes y una decisión política porque las mujeres afroamericanas son un pilar indispensable del electorado demócrata. En ese marco, hay dos grandes favoritas:
- La jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años, sirve en el segundo tribunal más influyente de EE. UU., la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Estudió en Harvard y en la prestigiosa Facultad de Derecho de esa misma universidad. Trabajó en el Supremo junto al mismo Breyer durante un año.
- La jueza Leondra Kruger, de 45 años, sirve en el Tribunal Superior de California. También estudió en Harvard y después en la igualmente prestigiosa Facultad de Derecho de Yale. Trabajó junto al juez del Supremo John Paul Stevens a lo largo de un ciclo.
¿Entonces? Kruger tiene a favor su edad y una mayor reputación intelectual, pero Brown Jackson ya pasó por otro proceso de confirmación en el Senado recientemente y es difícil que el escrutinio de la cámara encuentre alguna sorpresa que frene su llegada al Supremo —y ponga nerviosos a los demócratas sabiendo que en enero de 2023 podrían dejar de tener mayoría.
Pero hay una tercera opción reclamada por aliados políticos de Biden como el congresista afroamericano Jim Clyburn: nominar a una jueza que carezca de ese historial universitario de las élites.
- Ocho de los nueve jueces actuales del Tribunal Supremo tienen credenciales en universidades de la llamada Ivy League. Amy Coney Barrett es la única que no.
- Ahí la opción más mencionada era la de la jueza federal Michelle Childs, pero el Senado está considerando ahora mismo su nominación a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, con lo que parece poco probable que su nombre esté en consideración.
Resumiendo, el futuro judicial es poco prometedor para derechos sociales.