El Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo, aún provisional, con el Consejo de la UE para simplificar las obligaciones de presentación de información sobre sostenibilidad y diligencia debida que deben hacer pública las grandes empresas de los Estados miembros y algunas de países extracomunitarios.
- La Eurocámara ha dado el visto bueno al texto con 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones.
Contexto. Las normas actualizadas se enmarcan en el paquete Ómnibus I que presentó la Comisión Europea en febrero de este año. Este es conjunto de propuestas legislativas que prevén reducir la carga burocrática y, en el caso de las empresas, flexibilizar las normas de sostenibilidad que estas están obligadas a cumplir.
- La directiva 2025/794 propuso en abril de este año posponer un año la adopción de la directiva sobre diligencia debida de las empresas y sostenibilidad, una norma de 2024, y ahora el paquete de la Comisión lo modifica y retrasa más.
Sostenibilidad y diligencia debida. Presentar informes sobre sostenibilidad y llevar a cabo acciones de diligencia debida solo será obligatorio para algunas empresas. Presentarán informes de sostenibilidad:
- Las grandes empresas europeas que tengan más de 1.000 empleados y una facturación anual neta superior a 450 millones de euros.
- Las empresas de fuera de la UE que tengan una facturación en la Unión superior a 450 millones de euros y sus filiales y sucursales que generen más de 200 millones de euros en la UE.
Informarán de su trabajo en diligencia debida, es decir, labores llevan a cabo para evitar causar daños:
- Las empresas con más de 5.000 trabajadores y con un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros.
- Las empresas de países de fuera de la Unión que superen los 1.500 millones de euros en la UE.
Con las obligaciones anteriores las empresas estaban obligadas a presentar planes que garantizasen que su modelo de negocio era compatible con la transición hacia una economía sostenible. Con el cambio actual esto deja de ser obligatorio.
Empresas pequeñas. Antes de esta propuesta de cambio las grandes empresas podían solicitar a sus proveedores (empresas más pequeñas) que aportasen información sobre sostenibilidad para completar sus propios informes. El nuevo texto plantea que las compañías con menos de 1.000 trabajadores queden protegidas y no tengan la responsabilidad de proporcionar información de este tipo.
- Sanciones. En lugar de ello, las empresas responderán ante la autoridad nacional de cada Estado miembro en caso de incumplir alguna de estas obligaciones y se podrían enfrentar a sanciones de hasta el 3% de su volumen de negocios mundial neto.
Próximos pasos. Con el visto bueno del Parlamento, el texto debe recibir también la aprobación formal por parte del Consejo. La directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
¿Quieres comentar?