Este miércoles 25 de febrero, el Gobierno ha vuelto a someterse a una sesión de control en el Congreso. En el pleno se han abordado diversos temas: desde la desclasificación de los documentos del 23-F a los datos del mercado laboral, abordando también la regularización de inmigrantes.
Repasamos con datos y contexto las afirmaciones de los distintos diputados durante el pleno de este 25 de febrero.
El 23-F, un tema protagonista de la sesión de control
Varios diputados, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han hecho referencia al intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. “El 23-F habia un presidente que luchaba contra el terrorismo, usted pacta con ellos”, ha reprochado el popular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (min. 9:29).
- Contexto. El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de un total de “153 unidades documentales” del 23-F, un acuerdo que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
- Qué pasó. El 23 de febrero de 1981, unos 200 guardias civiles irrumpieron en el Congreso durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno (Adolfo Suárez había dimitido el 29 de enero de ese mismo año). El intento de golpe de Estado finalmente fracasó.
La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también habló sobre la decisión del Gobierno y se refirió, en concreto, a la ley de secretos oficiales.
- “Es necesario acabar con la ley franquista de secretos oficiales, pero no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad hasta 60 años más”, consideró (min. 23:15).
La norma en vigor de secretos oficiales data de 1968 y está firmada por el dictador Francisco Franco. Según el BOE, solo se ha actualizado una vez, en 1978.
La propuesta del Gobierno. En julio de 2025, el Consejo de Ministros remitió al Congreso el proyecto de Ley de Información Clasificada para su aprobación (todavía no se ha sometido a votación), con la que buscan sustituir la norma franquista.
- Según esta, para los documentos dentro de la categoría de “alto secreto”, la desclasificación automática se estipula una vez transcurridos 45 años, que se podrán prorrogar “una vez y de forma motivada” por 15 años más. Esto sumaría 60 años, el periodo que critica Aizpurua.
El empleo en España comparado con Estados Unidos
En su intervención, Feijóo preguntó a Sánchez qué era para él “asumir su responsabilidad”, a lo que el presidente respondió: “La responsabilidad de este Gobierno es que en 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos” (min. 7:50).
Entre enero y diciembre de 2025, el número de afiliados medios a la Seguridad Social en España aumentó en 759.509 personas (pasó de 20.010.280 afiliados a 20.769.789), un incremento del 3,8%.
- En ese mismo periodo, en Estados Unidos hubo un incremento de 161.000 trabajadores más (un 0,1%), pasando de 163.831.000 empleados a 163.992.000, según el Bureau of Labor Statistics.
- Es decir, el número de trabajadores creció casi cinco veces más en España en cifras absolutas.
Si cogemos periodos comparables (de diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025), el número de afiliados en España aumentó en 536.717 personas, un 2,7%.
- Mientras, en Estados Unidos, el incremento fue de 2.406.000 trabajadores, que se traduce en un aumento del 1,5%.
La regularización de migrantes en la sesión de control
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, criticó la medida anunciada por el Gobierno para regularizar de forma extraordinaria a cerca de 500.000 personas extranjeras que ya están en España.
- “Ustedes van a conseguir (…) que ya no hagan falta ni los antecedentes penales del país de origen ni los antecedentes policiales en España”, denunció la popular (min. 34:47).
La propuesta. El Ejecutivo presentó un documento en el que se presenta como requisito “indispensable” el hecho de “carecer de antecedentes penales” tanto en España como “en los países anteriores en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada” en el país (páginas 2 y 3).
- Para acogerse a la regularización, deben presentar un certificado de antecedentes penales en el país de origen, según esta norma.
“Con carácter excepcional”, el Gobierno podría pedir esta información directamente al país de origen si la persona no ha recibido al mes el certificado. Si siguen sin conseguirlo, la norma plantea la posibilidad de presentar una “declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales”, un documento en el que uno mismo da fe de que no los tiene.
Como matizaban los expertos a Newtral.es, la norma es todavía un borrador que puede cambiar e incluso añadir como requisito que se aporte el certificado después.
La pobreza en España
El diputado del PP Jaime de Olano criticó en la última sesión de control de febrero que en España hay “más pobres cada año” y “2,7 millones de menores pobres” (min. 1:03:38), pero es una afirmación engañosa.
Pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 un 19,5% de la población estaba en riesgo de pobreza, el dato más bajo de la serie histórica del INE (que arranca en 2014).
- Si se atiende al indicador AROPE (que mide la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social), sucede lo mismo. En 2025 se registró el porcentaje más bajo con un 25,7%.
- Como apunta el portal estadístico europeo Eurostat, este porcentaje se traduce en 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza: 85.000 menos que en 2018 y casi un millón menos que en 2016.
Es decir, pese al pico de 2021 (año marcado por la pandemia del covid), el porcentaje de pobreza en España ha ido disminuyendo desde 2018.
Pobreza infantil. En 2025, la tasa AROPE entre menores de 18 años se situó en el 33,8%, casi un punto menos que el año anterior. Como recoge Eurostat, esto se traduce en 2,6 millones de menores en riesgo de pobreza.
- Esta cifra supera la de 2018, cuando se contabilizaron 2,5 millones de menores (pese a que la tasa AROPE fue inferior, un 30,5%).
El salario y los impuestos en la sesión de control
El diputado de Vox José María Figaredo criticó la política fiscal del Gobierno y les acusó de “exprimir” a los españoles.
- “Un trabajador que cobre el salario más frecuente pagará entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, IRPF e IVA un 50% de su sueldo en impuestos”, aseguró (43:16).
El origen del dato. El porcentaje que cita Figaredo coincide con las conclusiones de un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana –un think tank que se define como liberal y que premió a Javier Milei–.
Qué dicen los expertos a Newtral.es:
- Para Rubén Gimeno, secretario técnico de REAF, no tiene sentido tener en cuenta las cotizaciones a cargo de la empresa.
- El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, José Ignacio Conde-Ruiz, indica que “las cotizaciones no son impuestos” y que “independientemente de quien las pague, son salario en diferido, ya que dan derechos al trabajador”.
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