En España los pilares sociales son universales y gratuitos: educación, sanidad, protección social… pero también existen servicios de gestión privada bajo tutela pública. Todos los Gobiernos han externalizado varios tipos de asistencia pública. Una de las últimas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido el encargo por un año a la Cruz Roja del teléfono de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida, el 024, por algo más de dos millones de euros.
Este es un ejemplo de cómo empresas u organizaciones intervienen, por un tiempo concreto, un servicio público a través de una subvención del Estado. En estos casos, la Administración proveé del servicio, lo crea y lo paga, pero no lo gestiona. También existen otras fórmulas como la contratación de una empresa a través de una licitación, como ocurre a partir de ahora con la conservación de las vacunas contra la COVID-19.
De hecho, la Ley de Contratos del Sector Público permite la contratación de urgencia para este tipo de casos, pero siempre se debe tener en cuenta la capacidad de los adjudicatarios para llevar a cabo el servicio. Estos son algunos de los servicios públicos externalizados por el Gobierno en los últimos años.
El teléfono contra el suicidio lo gestionará Cruz Roja
Con retraso. El 9 de octubre de 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se pondría en marcha un teléfono gratuito para la atención a personas con conducta suicida “en las próximas semanas”. No fue así.
Lo último. La creación de esta línea se aprobó en diciembre de 2021. Después se eligió el número, el 024. Por último, en febrero de 2022, el operador. El último paso fue externalizar la gestión de este servicio a Cruz Roja durante un año con una ayuda directa de 2.049.750 euros.
En qué consiste. Será una línea confidencial para acceder a la atención de profesionales para el apoyo ante la conducta suicida, según anunció el Gobierno. Estará disponible para afectados y también para sus familiares.
[Sin fecha aún para la puesta en marcha del 024, el teléfono de atención para la conducta suicida]
La recepción, almacenaje y reparto de vacunas COVID
A través de una licitación. Otro de los servicios públicos externalizados en los últimos meses es la gestión de las vacunas de Pfizer, Moderna y Novavax por 3,4 millones anuales, como ya contamos en Newtral.es. Sanidad admitió que la Administración no dispone de medios suficientes, ni materiales ni personales, para llevar a cabo este volumen de trabajo.
Procedimiento de urgencia. Por eso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) contrató en marzo de 2022 a tres empresas multinacionales ─ID Logistics Iberia, Oiarso S.Coop y Logista Pharma─ para que se encarguen de la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas contra la COVID de Pfizer/BioNTech y Moderna durante los próximos doce meses. El presupuesto máximo para ese periodo es de 3.387.449 euros.
El Consejo de Ministros también aprobó ese mes la contratación de un servicio similar para la conservación y envío de la vacuna de Novavax por un importe máximo de 50.000 euros. La gestión, en este caso, la hará UPS SCS Spain.
Tramitación de visados: renovación del contrato de 2016
Un servicio ya externalizado. El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha abierto una licitación para que una empresa se encargue del sistema de gestión de visados de quienes quieran viajar a España durante tres años.
Coste. El Gobierno tiene un presupuesto de 112.350.000 euros sin impuestos. Continúa así la apuesta por externalizar este procedimiento, antes firmado con la empresa BLS International Limited Services y que caduca en mayo de 2022.
En qué consiste. La empresa contratada proporciona información sobre los requisitos de visado, los documentos justificativos, el cobro de tasas de visado o la gestión de las citas para hacérselo.
Sensibilización para tercer grado o libertad condicional
A través de una subvención. Entre los trámites de audiencia e información pública del Ministerio del Interior se informa de una subvención, aún sin otorgar, para otro servicio público externalizado: los programas de atención social, sensibilización o incluso acogida a personas que están en libertad condicional o tercer grado.
Mejora de la gestión del paro
Licitación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contrató en octubre de 2012 a BABEL Sistemas de Información S.L. para trabajar en un servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo.
Coste. Este servicio le cuesta al Gobierno 826.446 euros sin IVA durante un año y se podrá prorrogar.
En qué consiste. La empresa gestiona consultas e incidencias, se encarga de la definición de requisitos, despliega mejoras y hace seguimiento del sistema de protección por desempleo. También realiza labores de asesoramiento.
Detección de fraude de la Tesorería General
Un servicio ya externalizado. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adjudicó un contrato a Accenture para un servicio de consultoría estratégica por 2.166.408 por dos años. Este servicio ya lo había externalizado antes la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social del PP, Fátima Báñez.
En qué consiste. El objetivo de esta contratación es identificar, definir y describir nuevos focos y patrones de fraude. Entre ellos, a falsos autónomos, morosos o la identificación temprana de empresas ficticias.
Apoyo a la tramitación de subvenciones a la cultura
Agilizar la atención. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) publicó el 1 de diciembre de 2020 una convocatoria extraordinaria para que una empresa privada se encargase de gestionar ayudas culturales. En concreto, las que aprobó para apoyar a este sector en mayo de 2020.
Coste. Este encargo lo tuvo Tragsatec y costó al Gobierno algo más de 71.000 euros.
Destrucción de narcolanchas en Cadiz
Por un año. En 2019 otro de los servicios públicos externalizados fue el servicio de recogida, traslado y destrucción de narcolanchas en la provincia de Cádiz. La mayoría de lotes quedaron desiertos y el único acuerdo formalizado finalmente fue para la empresa Desguace de Embarcaciones Malaga SL por 35.000 euros sin impuestos.
Fuentes:
- Real Decreto 211/2022, de 22 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- El Gobierno presenta el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 para atender al impacto provocado por la pandemia
- Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se da a conocer el operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio de atención telefónica «Línea de Ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida»
- Real Decreto 211/2022, de 22 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española para la prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida
- Servicio de recepción, almacenaje, acondicionamiento y distribución de la vacuna covid19 para la agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS)
- Cooperación con un proveedor de servicios externo para la recogida y tramitación de solicitudes de visado, incluyendo servicios de información, recogida de datos y solicitudes
- Externalización para recepción y tramitación de solicitudes de visados Schengen
- Servicio de mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo
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