El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado una reclamación en la que se solicitaba al Ministerio del Interior, el coste del dispositivo de seguridad que se puso en marcha con la visita y estancia del rey emérito Juan Carlos I en Sanxenxo, en mayo de 2022.
Este organismo, encargado de promover la transparencia de la actividad pública, ha dado la razón a quién lo ha solicitado al no considerar suficientes los argumentos de Interior para negar el acceso a esa información.
El consejo da al gobierno un plazo de 10 días hábiles para que envíen la información solicitada al reclamante.
Por qué negaron la información sobre la seguridad del Emérito en Sanxenxo
En la petición de información por el Portal de Transparencia, un particular pidió los datos relativos al coste de la seguridad del Emérito en Sanxenxo y que se desglosen también los gastos de alojamiento, de desplazamiento y manutención, entre otros detalles como el número de efectivos que formaron parte del dispositivo.
La respuesta del Ministerio del Interior para denegar el acceso a la información fue acogerse a la Ley de Secretos Oficiales. Ya que dar los datos solicitados “puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma”.
También, hacen referencia al apartado 1.d) del artículo 14 de la Ley de Transparencia. En él se limita el derecho de acceso a la información cuando suponga un perjuicio para la seguridad pública. A este respecto, explica que los motivos por los que se deniega se basan en que “la gestión de los recursos humanos constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales».
Y finalmente evocaron el artículo 105.b) de la Constitución Española que recoge que “la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
Esta respuesta negativa también la recibió Newtral.es el pasado mes de mayo cuando se registró una solicitud de acceso a la información similar.
Lo que dice el Consejo de Transparencia
Por un lado, el CTBG no aprecia que dar a conocer el gasto de seguridad vaya a poner en riesgo la seguridad de la persona que se protege o de los agentes encargados de ello.
Mientras que la información que hace referencia a “un concreto dispositivo de seguridad”, si entiende que la divulgación puede causar “un daño real y efectivo, debiendo prevalecer la protección del bien jurídico de la seguridad pública sobre el derecho de acceso a la información pública”.
Además, añade que el dato relevante desde la preceptiva de la transparencia y la fiscalización de los poderes públicos es el coste del dispositivo.
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