El bloqueo político deja sin efecto el control parlamentario de los secretos oficiales, que también somete a examen al CNI

El espionaje a políticos independentistas y activistas catalanes mediante el programa informático Pegasus y la posibilidad de que este fuera realizado por el CNI ha puesto de relieve la falta de control sobre este organismo. Dicha ausencia no se debe a una laguna normativa, sino al bloqueo político. La comisión de control de fondos reservados del Congreso de los Diputados, que trata los secretos oficiales, hace tres años que no se constituye por la falta de acuerdo entre las formaciones políticas.

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Sin embargo, Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, ha propuesto este martes 26 de abril a la Mesa rebajar a una mayoría absoluta (176 diputados) el requisito para que se pueda constituir la comisión de secretos oficiales. Batet ha justificado la decisión en que “los vetos de diferentes grupos parlamentarios” están impidiendo que se constituya, algo para lo que actualmente hace falta un consenso de las tres quintas partes de la Cámara (210 diputados).

Secretos oficiales y CNI: por qué el Congreso de los Diputados no puede controlarlos actualmente

Los créditos destinados a gastos reservados están sujetos por ley al control de la Cámara Baja. Para ello, contempla que se cree una comisión encabezada por la presidenta del Congreso de los Diputados y compuesta por aquellos diputados que tengan acceso a secretos oficiales, de acuerdo con la normativa parlamentaria.

Además, al tratarse de un tema de alta seguridad, se incluye un requisito extra para que se conforme este órgano: el pleno de la Cámara nombrará a los integrantes de la comisión por mayoría de tres quintos -es decir, 210 parlamentarios-. Este umbral resulta difícil de alcanzar porque, debido a la aritmética parlamentaria, requiere de un acuerdo entre  PSOE y PP.

Ahora, la propuesta de nueva resolución de rebajar la mayoría a una absoluta pretende “superar el bloqueo actual y hacer posible el cumplimiento de las funciones constitucionales”, ha indicado la presidenta de la Cámara Baja.

De igual modo, bajo el punto de vista de Batet, esta modificación resulta “coherente” con los cambios anteriores (como en 2004, que una resolución permitía ampliar el acceso a todas las formaciones con representación parlamentaria), movidos por “la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación”.

“El objetivo es que el Congreso de los Diputados pueda ejercer plenamente y lo antes posible sus funciones de control en una materia como esta”, subrayó Meritxell Batet.

El Gobierno, acusado como responsable del espionaje

Una investigación del laboratorio Citizen Lab ha desvelado que los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas catalanes han sido atacados a través del programa Pegasus, que solo pueden comprar gobiernos y servicios de inteligencia públicos para combatir el terrorismo. El estudio recoge que fueron espiados durante varios años y los miembros de estos partidos independentistas señalan al Estado español como responsable. Sin embargo, el Ejecutivo niega estas acusaciones.

De esta manera, y por parte del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a los diferentes grupos parlamentarios sobre este suceso, aunque esta cita está pensada desde el primer momento para hablar sobre la Brújula Estratégica de la Unión Europea, y así será. La intervención de la ministra será en la comisión de su ramo, pues no es posible que lo haga en la de control de fondos reservados -cuyas reuniones son a puerta cerrada porque se habla de información reservada-, debido a que no está constituida.

Robles ya se pronunció sobre las acusaciones en una entrevista en el canal 24 Horas (RTVE) indicando que el Ejecutivo y el CNI “siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente” en España. Aparte, la ministra manifestó que no se pueden “sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender” en relación a que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, haya vinculado al CNI con el espionaje.

El papel que juegan los partidos políticos para no crear la comisión que trata secretos oficiales

La comisión parlamentaria de control de los créditos destinados a gastos reservados, como se denomina oficialmente, se disolvió el 5 de marzo de 2019, cuando las Cortes hicieron lo mismo por la convocatoria de elecciones generales. Desde entonces, este órgano no se ha vuelto a constituir.

Tras el anuncio de Meritxell Batet, se han sucedido las reacciones entre diferentes grupos parlamentarios.

PP. Cuca Gamarra considera que esto es un movimiento de Pedro Sánchez, que pone el Estado “al servicio del Gobierno” para, así, asegurarse que sus socios de investidura “le sigan apoyando toda la legislatura”. Desde el punto de vista de la portavoz popular, es “muy triste” que EH Bildu pueda formar parte de la comisión.

VOX. Iván Espinosa de los Monteros señala que Batet modifica las mayorías para “obedecer al Gobierno”. Asimismo, el portavoz de este partido en el Congreso cree que la iniciativa viene del Ejecutivo “tras negociar con los separatistas” y que también es “un pago” a estos.

Unidas Podemos. Pablo Echenique, en representación de esta formación, se muestra a favor de la propuesta. Para el portavoz, la comisión es un órgano parlamentario, y “no constitucional”, y por lo tanto no se “justifica” que para su constitución tenga que depender de 210 diputados.

Ciudadanos. Edmundo Bal apoya la creación de esta comisión, pero con las mayorías actuales. La formación naranja indica que “cambiar las reglas de juego” para alterar las mayorías no es “un ejemplo en limpieza democrática”.

Piden una comisión de investigación para aclarar el espionaje a los independentistas

La Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya aprobó el pasado jueves 21 de abril una declaración de ERC, JxCat, la CUP y los comunes para condenar el espionaje a líderes independentistas, según informa EFE. El manifiesto también exige al Gobierno central que investigue el suceso y “asuma las responsabilidades”.

A nivel nacional, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, JxCat, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y BNG han pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para aclarar este supuesto espionaje a más de 60 políticos a través del sistema Pegasus.

En la misma línea se ha pronunciado Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, cuando pidió al PSOE que realice una investigación interna “transparente”. Además, reclama una “supervisión independiente para aclarar a quién se ha espiado, quién dio la orden, quién lo supervisó, quién autorizó y qué se ha hecho con la información”.