La Sareb busca despachos de abogados para recuperar las deudas acumuladas en casi 3.000 activos financieros

El Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como la Sareb, ha sacado a concurso una licitación con la que pretende contratar abogados para recuperar deudas en casi 3.000 de sus activos financieros que tienen deudas.

El contrato para dos años tiene un presupuesto de 2.362.775 euros sin impuestos y un valor estimado total de 4.725.550. El documento de justificación de la licitación señala que para estimar el coste del contrato, la Sareb lo ha calculado teniendo en cuenta el 50% de la deuda que pretende recuperar.

Estas deudas que pretende recuperar la Sareb proceden mayoritariamente de préstamos que los bancos y cajas de ahorro concedieron en su momento a promotores inmobiliarios y que no pudieron terminar pagando.

Las garantías que avalaban la deuda de estos préstamos eran los propios inmuebles que se construían. Al no ser la deuda pagada, pasaron a ser activos tóxicos y absorbidos posteriormente por la Sareb. Concretamente, la Sareb busca contratar abogados para que estos, a través de subastas judiciales o negociaciones de los propios inmuebles, puedan recuperar las deudas que arrastran estos activos tóxicos.

Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las zonas que más activos con deudas tiene la Sareb

El contrato se divide en siete lotes territoriales, que se reparten por toda la geografía española. Los lotes con más activos financieros con deudas son los de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León (se estima que hay 707 activos financieros con deudas).

Solo hay dos lotes que están centrados en una única zona territorial, que son: la provincia de Valencia, donde la Sareb cuenta con cerca de 324 activos financieros, en los que los abogados deberán recuperar su deuda, y la provincia de Barcelona, donde se estima que hay 356 activos con deudas.

En los pliegos del contrato, el Consejo de Administración de la Sareb define sobre qué procedimientos judiciales o administrativos deberán trabajar los abogados contratados. Según esta tipología, los procedimientos pueden ser ejecuciones hipotecarias, de préstamo promotor, así como la ejecución de títulos judiciales y no judiciales y procedimientos declarativos, ordinarios, monitorios o verbales.

Cada despacho solo podrá recuperar deuda en 250 activos como máximo

La Sareb recalca que los abogados contratados deben tener un título en la carrera de Derecho y deben de disponer de un mínimo de cinco años de experiencia laboral. La licitación establece que los bufetes que resulten adjudicatarios solo podrán participar en un total de 250 procedimientos de los 2.940 que hay.

Los despachos de abogados contratados deberán tener una oficina propia en el territorio que corresponde a cada lote donde resulten adjudicatarios. Además, tanto si se dispone de una oficina o no, el despacho deberá contar con una red de colaboradores por el territorio.

Así serán los honorarios de los abogados que recuperen deuda para la Sareb

Los letrados recibirán un 35% de sus honorarios tras recibir el decreto de adjudicación (que es una resolución judicial dictada por un juzgado, que certifica que ya se ha realizado el pago sobre un bien subastado).

Otro 25% de los honorarios proceden del importe que recibe la Sareb una vez el activo ya está adjudicado, inscrito y liberado de cargas (deudas). Mientras que el 40% restante se cobra una vez ya se ha terminado el proceso y los activos ya están en posesión de su comprador.

En el caso de que el procedimiento judicial sea desestimado o archivado, los letrados cobrarán según en la fase procesal en la que se halle el procedimiento. Si la demanda ha sido presentada, el despacho cobrará el 5% del contrato, si la demanda ya está admitida a trámite, recibirán otro 5%, otro 10% si el inmueble sale a subasta y un 15% si llega a celebrarse la subasta. Estas mismas cantidades también podrán cobrarlas los abogados en los supuestos donde la Sareb haya decidido paralizar los procedimientos durante más de doce meses.