A falta de una norma estatal, los municipios tienen la capacidad de imponer sus propias sanciones a la prostitución. De hecho, algunas ciudades como Albacete se encuentran en proceso de modificar sus ordenanzas para acercarlas a la propuesta del PSOE que pretende cambiar la ley de seguridad ciudadana (llamada ley mordaza) para excluir a las prostitutas de las sanciones, hasta ahora castigadas de igual manera que los hombres que pagan por sexo.
Actualmente, las ordenanzas municipales varían según la intención del consistorio: algunos ayuntamientos multan al cliente, otros al hombre que paga por sexo y a la prostituta, unos imponen multas de hasta 3.000 euros y otros no superan las sanciones de más de 1.500 euros. Repasamos las más importantes.
El municipio de Albacete pretende cambiar las sanciones a la prostitución
El municipio de Albacete sanciona la prostitución callejera con una ordenanza municipal en vigor desde 2015. Según el capítulo 14 sobre la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales (página 50), se multa a las mujeres y a los clientes con sanciones que van desde los 121 euros hasta los 1.500. Si estas prácticas ocurren a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios, la infracción asciende a los 3.000 euros.
Sin embargo, el equipo que Gobierna en la localidad (PSOE) ha presentado este 5 de julio una propuesta para “erradicar la explotación sexual que supone la prostitución en Albacete”, según explican fuentes del consistorio a Newtral.es.
La Comunidad Valenciana pone a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista de la prostitución
Según las estimaciones del Gobierno de la Comunidad Valenciana, hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostitutas, 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en internet que publicitan estos servicios sexuales. “Estas personas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad”, indica el documento de la Generalitat.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico presentó en mayo un modelo de ordenanza abolicionista de la prostitución para que los municipios puedan sancionar con hasta 3.000 euros a los clientes y proxenetas, y proteger a las mujeres, cuando estas actividades se desarrollen en espacios públicos.
En concreto, prohíbe la demanda de prostitución, que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros. Si el encuentro se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo, la ordenanza lo considera como infracción muy grave y sanciona al cliente con hasta 3.000 euros.
La norma “reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género”, por tanto “no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas”. El plan prevé también la aprobación de medidas municipales para proteger a las mujeres y darles alternativas laborales.
Pero, hasta ahora, solo los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet (ambos en Valencia) se han acogido al modelo abolicionista que propone la Generalitat, aprobando ordenanzas municipales duras que persiguen al cliente de la prostitución y protegen a las mujeres.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Alicante aprobó en marzo una ordenanza municipal que sí multa a las prostitutas (con hasta 750 euros) y a los clientes (con entre los 750 y 1.500 euros).
El Ayuntamiento de Barcelona afirma que no aplica la ordenanza municipal porque multa y persigue a las prostitutas
El primer municipio que aprobó una normativa para sancionar a las prostitutas y al cliente fue Barcelona en el año 2005, con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. Así lo recogen varios grupos de investigación como el Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que analiza cómo las ordenanzas de los ayuntamientos afectan a las trabajadoras sexuales.
En 2012, el consistorio catalán modificó esta norma para ampliarla. En concreto, el artículo 39.1 prohíbe “ofrecer o aceptar, prestar servicios sexuales retribuidos en el espacio público” y sanciona con multas desde los 300 hasta los 750 euros. El 39.2 impide “la solicitud, demanda y negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público por parte de los clientes potenciales”. Para los clientes la norma prevé multas más elevadas, desde los 1.200 a los 3.000 euros.
Sin embargo, según explican desde el Ayuntamiento a Newtral.es, estas sanciones a la prostitución no se aplican en el municipio catalán. “Nuestra propuesta política no incluye sancionar y perseguir a las mujeres que ejercen la prostitución”, explica Laura Pérez, concejala del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI de Barcelona. “Nos parece que vulnera sus derechos, y no creemos que esa estrategia reduzca el número de mujeres prostituídas en la calle ni que se solucione el problema de la trata”.
Bilbao prohíbe la prostitución en la calle y la regula en los locales
El municipio de Bilbao sanciona la prostitución en el espacio público y persigue tanto a la mujer como al cliente. Así se recoge en una norma en vigor desde 2010.
Las sanciones se imponen, como ocurre en Málaga o Sevilla, en función de la cercanía de las prácticas sexuales a un colegio o una zona residencial. Así, se mueven entre los 750 euros de multa hasta los 3.000.
Como novedad, Bilbao tiene su propia regulación para los locales dedicados a la prostitución que establece unos requisitos mínimos higiénico-sanitarios y impone una distancia mínima entre estos establecimientos.
Andalucía: Sevilla sanciona solo al cliente, Málaga y Granada multan al hombre que paga por sexo y a la prostituta
La ordenanza de Sevilla, reformada en 2017, considera la prostitución como “una de las manifestaciones más extremas de violencia de género”. Por ello, el municipio sanciona con multas desde los 500 euros hasta los 3.000 solo a los clientes, no a las mujeres que ejercen la prostitución.
Los municipios de Málaga y Granada, sin embargo, multan tanto al hombre que paga por sexo como a la prostituta, aunque entraron en vigor en fechas diferentes y, en el caso de Granada, impone sanciones más cuantiosas.
El Ayuntamiento de Málaga recoge en su Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano del 2019 las medidas para perseguir la prostitución. Las sanciones que se imponen para los casos más graves (por su cercanía a colegios o zonas residenciales ) llegan a los 1.500 euros. La ordenanza municipal de Granada data de 2009 y la cuantía de la multa asciende hasta los 3.000 euros si se produce cerca de lugares donde haya menores de edad.
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Málaga
- Ayuntamiento de Granada
- Ayuntamiento de Barcelona
- Generalitat Valenciana
- Ayuntamiento de Albacete
- Ayuntamiento de Sevilla
- Grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
