Los problemas para sancionar a los directores generales del Gobierno de Aragón con la ley de memoria democrática

El Gobierno en funciones sancionará a los directores generales del Ejecutivo aragonés que compartieron en Facebook publicaciones ensalzando el franquismo para cumplir con la ley de memoria democrática de 2022, como recoge la agencia EFE y adelantó la Cadena SER. 

En Newtral.es hemos preguntado a varios expertos en derecho constitucional por el encaje legal de esta decisión y en qué medida sería aplicable la ley de memoria en este caso. Todos coinciden en que plantea varios problemas.

Contexto. El diputado de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo denunció en X (antes Twitter) que la actual directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Esmeralda Pastor, hacía “apología del franquismo posando con banderas franquistas y compartiendo posts fascistas”. 

Pueyo también publicó varios posts del director general de Caza y Pesca aragonés, Jorge Valera, con mensajes de apoyo al golpista y fundador de la Legión, José Millán-Astray. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dijo en una entrevista en la SER que no va a cesar a ninguno de los dos.

El problema de sancionar con la ley de memoria democrática: no puede ser retroactiva

Una de las trabas que detectan los expertos a la hora de sancionar tiene que ver con la fecha de publicación de estos contenidos: los que menciona el diputado son anteriores a la ley de memoria democrática, que se aprobó en octubre de 2022. En el caso de la foto con la bandera, además, la imagen fue sustituida en 2021. Y esto genera dudas entre los constitucionalistas:

• “No se puede aplicar una ley sancionadora que sea posterior a un hecho determinado, como principio jurídico básico”, explica a Newtral.es Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.

• “Como tal, no tiene trascendencia jurídica. Una ley no puede ser retroactiva, la clave está en el momento en el que se publica”, comenta también a Newtral.es Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV).

¿Qué podría pasar si la foto fuese actual? “En el caso de que la foto se considerara apología al franquismo y fuera de hoy, tendría más recorrido porque la ley ya está vigente, otra cosa es que fuera a prosperar. Aunque ahí la norma tiene ciertas dificultades de aplicación”, añade Tajadura.

La ley de memoria democrática establece sanciones de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves 

En este caso, el Gobierno tiene capacidad para imponer sanciones administrativas, lo que no podría hacer es establecer penas, como matiza Tajadura. Por ahora, la apología del franquismo no es un delito que esté recogido como tal en el Código Penal. De hecho, eso podría generar complicaciones porque su alcance tendría que estar muy bien precisado.

La ley de memoria prevé multas de entre 10.000 y 150.000 euros para las infracciones muy graves, entre las que considera “las convocatorias de actos, campañas o publicidad que (…) inciten a la exaltación de la sublevación militar, la guerra o la Dictadura y de sus dirigentes” (artículo 62 y 63).

De ahí, otro de los problemas que se derivan de la ley: “Este tipo de sanciones no deberían ser competencia del Gobierno, sino del juez [es lo que se conoce como reserva de jurisdicción], porque son materias muy sensibles. Además, es difícil presumir que por el hecho de sacar una bandera fascista hay una vejación [la ley considera como actos contrarios a la memoria democrática el menosprecio y la humillación de las víctimas]”, explica Teruel. 

Contexto: el amparo de la libertad de expresión en el caso de la apología del franquismo

Sancionar la publicación de la foto con la bandera franquista al amparo de la ley de memoria democrática también podría entrar en colisión con la libertad de expresión, considera Teruel. Aunque eso no debe implicar una sobreprotección de este derecho: “Entender que [un comportamiento] está protegido por la libertad de expresión no quiere decir que haya que santificarlo, ni siquiera a nivel jurídico. No quiere decir que haya que ser equidistante, ni siquiera que los poderes públicos deban ser neutrales”, matiza.