El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes en Barcelona los indultos a los presos del ‘procés’ que propondrá este martes al Consejo de Ministros. “El Gobierno ha optado por la reconciliación”, ha dicho el presidente, que ha asegurado que esta medida de gracia “ni cuestiona ni revoca la sentencia condenatoria” contra los nueve condenados.
El acto se ha celebrado en el Gran Teatro del Liceu, en Barcelona, ante unos 300 integrantes de la sociedad civil catalana y con la ausencia de miembros del Govern. La conferencia, titulada «Reencuentro: un proyecto de futuro para España», ha acogido a representantes institucionales de Cataluña y de sectores como el político, empresarial, sindical, cultural, universitario, deportivo, de los medios de comunicación y de asociaciones civiles.
[¿Qué significan indulto y amnistía y en qué se diferencian?]
Sánchez ha visto interrumpido su discurso entre gritos de “amnistía” y “la independencia es la única solución” por parte de uno de los asistentes. El presidente ha respondido admitiendo que “es evidente que hay parte de la sociedad catalana y española que no comprende esta medida, personas que se vieron afectadas en su vida cotidiana por los hechos que se enjuiciaron” en el juicio del procés, sin embargo, ha asegurado que “aún comprendiendo los motivos del rechazo, el Gobierno de España ha optado por abrir paso a al reencuentro”.
“Ha concluído la vía judicial”
En su alegato, el presidente ha enumerado los motivos por los que considera necesaria esta medida de gracia. Porque ha concluido la vía judicial, porque el Gobierno está obligado a tramitar y dar respuesta a las peticiones de gracia y porque “el paisaje que nos ha dejado la pandemia nos ha transformado y nos ha hecho tomar conciencia de lo verdad importante: la vida”.
Pedro Sánchez ha asegurado también que la intención del Ejecutivo es mirar al futuro y que “para llegar a un acuerdo alguien tiene que dar el primer paso”. “Quienes se oponen afirman que los indultados no van a cambiar sus ideales y es verdad. ¿Cambiarían ellos los suyos?”, ha preguntado, para concluir que “la democracia está abierta a una multitud de proyectos” y que ser demócrata implica defender estos ideales dentro del marco constitucional, no renunciando a los ideales.
“No esperamos que quienes defienden la independencia renuncien a sus ideales porque tampoco vamos a renunciar nosotros a lo que defendemos: la unidad”, ha asegurado.
Consejo de Ministros el martes y comparecencia el 30 de junio
La convocatoria de este evento confirmó la inmediatez de la decisión sobre los nueve indultos a dirigentes independentistas, que se aprobará este martes y que Sánchez defenderá en una comparecencia ante el pleno del Congreso el próximo 30 de junio.
El jefe del Ejecutivo ha pedido esa comparecencia para informar de las últimas cumbres europeas «y de la situación política y económica» del país, que incluirá, según fuentes socialistas, sus explicaciones sobre los indultos.
Los indultos en España
Un indulto es “una figura de clemencia dentro de las distintas opciones que hay para revisar las condenas en España”, explica la doctora en Derecho Constitucional, María Garrote, quien señala que esta medida “está muy ligada a la finalidad de la pena en el sistema democrático español, la cual se basa en la reinserción y la socialización”. “Por razones de humanidad, de interés general o de oportunidad, se decide que esa persona no cumpla total o parcialmente la pena impuesta”, acota la experta.
Las condiciones para otorgarlo es que exista una condena previa firme y que el tribunal sentenciador y la Fiscalía emitan un informe no vinculante sobre si, por las circunstancias del condenado, consideran acertada o no la medida. El indulto puede pedirlo el propio condenado, la corte que lo ha sentenciado o terceras personas. Lo confiere el Gobierno por real decreto, aunque el rey debe sancionarlos, jugando un papel esencialmente formal.
¿Se puede recurrir el indulto?
Sí. Al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros, el órgano al que corresponde el control jurisdiccional es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. En concreto, la Sección Quinta que es la que resuelve los asuntos derivados del Ministerio de Justicia.
No obstante, y dada la trascendencia del asunto, es probable que los recursos acaben elevándose al Pleno de la Sala compuesto por una treintena de magistrados.
PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán pero la doctrina del Supremo exige que el recurrente justifique un interés legítimo y directo, que sea perjudicado personal y directamente por el delito cometido, no bastando que pretenda recurrir actuando como mero defensor de la legalidad.
En cuanto a la tramitación del recurso, una vez publicado el real decreto en el BOE se dispone de dos meses de plazo para presentarlo. Ya interpuesto, la Sala iniciará un proceso similar al de cualquier recurso contencioso administrativo, esto es, ver si cumple con los aspectos formales y, si no es así, dar un plazo para subsanarlo.
Tras ello, deberá dar traslado a la parte demandada para que haga un escrito de contestación en el que, en este caso (la Abogacía del Estado) podría alegar falta de legitimación del recurrente.
Eso sí, no existe un plazo fijado por la ley para resolver la cuestión ya que la duración del proceso depende de muchos factores, cautelares, alegaciones, prueba, etc, aunque fuentes consultadas por Efe estiman que podría alargarse varios meses.
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