Rusia contra las personas LGTBI: de la “ley de antipropaganda gay” a calificar al movimiento como “extremista”

Rusia ha dado un paso más en la criminalización de las personas LGTBI, una cruzada que se materializó en 2013 al aprobar la denominada “ley de antipropaganda gay” y que en el último año se ha intensificado con la llegada de más medidas en contra de los derechos del colectivo. La última ha sido añadir “el movimiento internacional LGTB” a una lista de más de 100 grupos considerados extremistas en Rusia, tal y como apunta la organización ILGA Europe.

La decisión ha sido adoptada por el Tribunal Supremo ruso después de que el Ministerio de Justicia requiriese su inclusión en la mencionada lista de grupos extremistas. La resolución, según ILGA Europe, “convierte el encarcelamiento en un escenario muy real por participar en el activismo, compartir información sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en Rusia o simplemente alzar la voz”.

“Es un paso más en la línea de Rusia de atacar a las personas LGTBI”, explica a Newtral.es Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional. El experto en política internacional lo dice en relación al contexto en el que el Supremo ruso adopta esta decisión. Y es que durante la última década, la Rusia de Putin ha diseñado “legislaciones contrarias a los derechos humanos del colectivo LGTBI”, señala De las Heras. 

En conversación con Newtral.es, Curro Peña Díaz, jurista especializado en derechos LGTBI y derecho de la UE, señala que “esto marca un antes y un después porque consagra y amplía lo que ya estaba ocurriendo, la persecución en Rusia de personas LGTBI, no solo de activistas y personas públicas”.

La “ley de antipropaganda gay” de 2013, la semilla de la última década

Rusia aprobó en 2013 la denominada “ley de antipropaganda gay” —Ley Nº 135-FZ—, que “impide promover entre menores las relaciones sexuales no tradicionales”, apunta el jurista Curro Peña Díaz. El experto señala que, aunque se la ha calificado de ley homófoba, sería LGTBfóbica en tanto que “la usan para todo lo que sea diversidad sexual y de género”: “Cualquier mensaje a favor de las personas LGTBI corre el riesgo de ser considerado propaganda”, añade el jurista. 

Tal y como detallaba The Guardian en 2013, “la prohibición de la ‘propaganda de relaciones sexuales no tradicionales’ forma parte de un esfuerzo por promover los valores tradicionales rusos frente al liberalismo occidental, que el Kremlin y la Iglesia ortodoxa rusa consideran que corrompe a la juventud rusa”. 

Este detallado informe, elaborado por el equipo de investigación de ILGA World, del que el jurista Curro Peña Díaz forma parte, explica en detalle la ley de 2013.  La norma actualizó el Código de Infracciones Administrativas para incluir el párrafo 21 en el artículo 6, que prohíbe la difusión de información “encaminada a la formación de actitudes sexuales no tradicionales entre los menores, al atractivo de las relaciones sexuales no tradicionales, a una idea distorsionada de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales o a la imposición de información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte el interés en esas relaciones”. 

Peña Díaz señala que “el artículo se interpretaba ampliamente, de ahí que incida en que, antes de la inclusión del ‘movimiento internacional LGTBI’ como grupo ‘extremista’, Rusia era hostil para las personas LGTBI”: “Aunque la ley de 2013 hablase de menores, en la práctica no era necesario que hubiese menores presentes. Por ejemplo, en el informe de ILGA World documentamos cómo varias trabajadoras sexuales trans habían sido detenidas al amparo de esta ley, y una de ellas fue deportada”.

Otro de los casos más relevantes fue el de la artista Yulia Tsvetkova, quien tras difundir una serie de imágenes sobre la diversidad corporal y familiar, fue acusada de ser “lesbiana, entrenadora sexual y líder propagandista”, como explica el informe de ILGA World, que documenta así el caso: “Fue multada una vez por ser administradora de una página de redes sociales LGBTQI+ y multada una segunda vez por publicar un dibujo de una pareja del mismo sexo con hijos. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 16 de marzo de 2020, aunque su juicio no comenzó hasta un año después. La fiscalía pedía inicialmente una condena de tres años y dos meses en una colonia penal por su difusión de ‘pornografía’, pero fue absuelta en 2022”.

Sin embargo, como apunta Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, Tsvetkova finalmente huyó de Rusia tras el “acoso y las amenazas”, a pesar de la absolución. Y, de hecho, en marzo de 2023 el Noveno Tribunal de Casación de Vladivostok anuló la absolución.

La ampliación de la ley de 2013 y otra ley contraria a las personas trans

La ley de 2013 fue ampliada en diciembre de 2022, “consagrando y ampliando la persecución a activistas y a personas LGTBI en Rusia”, apunta Curro Peña Díaz. Así, el artículo 6.21 fue modificado por la Ley Nº. 479 para sancionar cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales y/o preferencias o cambio de sexo”, como apunta ILGA World. Esto supuso, como apunta la organización Human Rights Watch, que se extendían las prohibiciones a contenidos distribuidos entre adultos, ya no solo entre menores. Además, se añadía de forma explícita las referencia al “cambio de sexo”, lo que supone “una criminalización específica de las personas trans”, explica De las Heras.

Con esta ampliación se han documentado casos, según el informe elaborado por el equipo de investigación de ILGA World, como el de “dos jóvenes homosexuales, de nacionalidad china y georgiana, que fueron detenidos y acusados de ‘propaganda de relaciones sexuales no tradicionales’ por publicar información sobre su relación en Internet”. El ciudadano chino no solo fue detenido, sino condenado a siete días de prisión y deportado a su país de origen.

En julio de 2023 se aprobó otra ley más, una que recorta derechos a las personas trans en Rusia. Como detalla Human Rights Watch, la norma “prohíbe las intervenciones médicas que forman parte de las normas de atención reconocidas internacionalmente para las personas trans, como la medicación y la cirugía de reafirmación de género”. La ley también prohíbe el cambio del marcador de género en los documentos de identidad, así como que las personas trans puedan adoptar menores o convertirse en padres de acogida. Además, establece la disolución automática de los matrimonios existentes entre personas trans.

Rusia y las personas LGTBI: qué implica que el movimiento sea calificado de “extremista”

Ahora, en noviembre de 2023, la sentencia del Supremo ruso establece que el “movimiento internacional LGBT” (sic) sea considerado “extremista”. Como expone Amnistía Internacional, esta calificación “tiene graves consecuencias legales” para las personas LGTBI implicadas en actividades relacionadas con  su colectivo, ya que “pueden enfrentarse hasta a cinco años de prisión”. Los organizadores de dichas actividades pueden llegar a enfrentarse a penas de prisión de hasta 10 años “en aplicación de los artículos 282.2.2, 282.2.1 y 282.3 del Código Penal”, añade AI. 

Además, señala Carlos de las Heras, “la calificación de ‘extremista’ conlleva la prohibición de los símbolos de la organización, algo que puede dar lugar a una ‘detención administrativa’ de hasta 15 días en aplicación del artículo 20.3 del Código de Infracciones Administrativas, y la reiteración de la ‘falta’ es delito en aplicación del artículo 282.4 del Código Penal, con una pena máxima de cuatro años de prisión”. 

Por último, el portavoz de Amnistía Internacional recuerda que “quienes se enfrentan a una investigación o procesamiento por participar en actividades ‘extremistas’ normalmente sufren el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como restricciones de empleo y de otros derechos”.