Roe contra Wade, un año después: “Nos obligan a gastar miles de dólares y a viajar miles de kilómetros para abortar”

Hasta 14 estados han prohibido la interrupción del embarazo tras la derogación de la histórica sentencia de Roe contra Wade (1973). La decisión adoptada por la Corte Suprema estadounidense el pasado 24 de junio de 2022 dio vía libre para que cada estado legislase el acceso al aborto en EEUU como decidiese. Es decir, no derogó el acceso al aborto como tal, pero el fallo implicó que este derecho dejó de estar blindado constitucionalmente.

Un año después, una de cada tres mujeres —así como hombres trans y personas no binarias— no pueden abortar en su propio estado, tal y como expone la organización Planned Parenthood: “Nos obligan a gastar miles de dólares y a viajar miles de kilómetros para abortar”, explica a Newtral.es Alejandra Soto, una de sus portavoces. La otra opción es llevar a término embarazos no deseados o buscar alternativas clandestinas con los riesgos que implica para la salud.

Tarah Demant, directora de Amnistía Internacional en EEUU y activista histórica por el derecho al aborto, apunta en conversación con Newtral.es que “desplazarse para interrumpir un embarazo no es tan fácil como una podría imaginar”: “Por ejemplo, de Texas a Florida lo que tienes es un erial de muchos, muchos kilómetros. Puedes conducir 2.000 kilómetros [como de Madrid a Roma] y no encontrar ninguna solución”.

Qué estados que prohíben el aborto en EEUU tras Roe contra Wade

La realidad es que 10 de los 14 estados que han prohibido el aborto sin prácticamente ninguna excepción, tal y como expone este mapa de Guttmacher Institute, están al sur de EEUU. A ellos se suma Georgia, que sí permite la interrupción pero solo hasta la sexta semana. Para Demant, esto es una prohibición de facto: “Casi nadie sabe que está embarazada antes de la sexta semana. Y a eso se une que tienes que conseguir una primera cita para solicitar abortar, esperar al menos 24 horas, después conseguir la cita para abortar… En la práctica es como no tener acceso”. 

¿Qué estados han legislado en contra del derecho al aborto en EEUU tras la derogación de Roe contra Wade? Se considera prohibido cuando la restricción impide el acceso en prácticamente todas las circunstancias. Las únicas excepciones suelen ser, si acaso, violación, incesto o un riesgo inminente para la salud física de la gestante, tal y como detalla el New York Times. Estos 14 estados son Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin. 

Por su parte, Georgia entraría en el grupo de estados que no prohíben el aborto pero sí tienen leyes restrictivas. Sin embargo, este estado es donde mayor es la restricción al permitirlo solo antes de las seis semanas y no de las 12 como algunos otros estados. En estos, además de existir un límite temporal, hay requisitos como el periodo de reflexión, varias visitas sanitarias antes de llevarlo a cabo o autorización por parte del personal médico.

Por contra, también hay estados que han regulado para favorecer el acceso al aborto en EEUU tras ser derogada la histórica sentencia de Roe contra Wade hace justo un año. Es el caso, por ejemplo, de Oregon, que contempla las mayores garantías al no haber restricciones ni requisitos de ningún tipo a la vez que financia la prestación cuando es necesario. Otros estados con regulaciones garantistas son California, Colorado, Delaware, Maryland, Washington o Nuevo México. 

La relación entre no poder abortar y más mujeres que mueren al parir

Un reciente informe de la Commonwealth Fund revelaba que prohibir el aborto en EEUU tras Roe contra Wade —o hacerlo más restrictivo— correlaciona con tener mayores tasas de mortalidad materna e infantil, especialmente para mujeres racializadas, y con una peor atención durante el embarazo. Esta misma organización alertaba de que EEUU tiene una de las tasas de mortalidad materna más alta del denominado “mundo desarrollado”: en 2018, murieron 17 mujeres de cada 100.000 que se pusieron de parto. Esta cifra es el triple que las que arrojan países como Noruega, Alemania o Nueva Zelanda, y el doble que la de otras regiones como el Reino Unido o Francia. 

Para contextualizar estas cifras, Karine Coen-Sánchez, investigadora en la Universidad de Ottawa y activista por la justicia reproductiva, explica a Newtral.es que “el control de los derechos reproductivos de determinadas comunidades” está vinculado “al racismo sistemático y estructural”. Es decir, que este “control de la natalidad” se ejerce principalmente contra “grupos poblacionales indeseables”, como apunta Coen-Sánchez.

Un control de la natalidad “perverso”, según la directora de Amnistía Internacional, ya que “va desde limitar el aborto en EEUU hasta limitar el acceso sanitario a píldoras anticonceptivas o al cuidado durante el embarazo”: “Afecta, por supuesto, a mujeres negras, latinas o indígenas, también a personas queer, que suelen tener peores condiciones de vida por la discriminación que sufren. A las mujeres ricas blancas no les afecta igual la derogación de Roe contra Wade. Digamos que el objetivo de la supremacía blanca es quitar toda autonomía sobre los cuerpos, sobre unos más que otros”, añade.

Para Beth Schlachter, portavoz de la Federación Internacional de Planificación Familiar, “es una estrategia para dejar morir a quienes valen menos”. “Que se limite el acceso sanitario a menores y adultos trans, que se prohíba el aborto o que sigan aumentando las tasas de muerte maternal no son sucesos espontáneos ni aislados, sino políticas encaminadas a restar derechos a las poblaciones más marginadas, que son usadas como diana para establecer un control absoluto de nuestros cuerpos y vidas”, añade. 

Por ello, Karine Coen-Sánchez habla de justicia reproductiva, un concepto que trasciende el debate que se limita a dos posturas, la proaborto o la antiaborto: “Tal y como establecieron Ross y Salinger, se sustenta en tres principios fundamentales: el derecho a no tener hijos, el derecho a tener hijos, y el derecho a criar hijos en entornos seguros y saludables”.

En este sentido, la investigadora recuerda que la justicia reproductiva es un movimiento para luchar precisamente contra el racismo reproductivo: “El sistema sanitario ya era inaccesible para las comunidades no blancas debido, en parte, al rechazo de las prácticas tradicionales y al aislamiento de las personas que temen utilizar las instalaciones modernas. Es importante recordar que más allá de que se derogue Roe contra Wade, algo que afecta a mujeres blancas también, hay una inequidad respecto a lo reproductivo que afecta principalmente a la población no blanca”.

Cuando no puedes viajar a otro estado o tienes miedo de que tu vecino te denuncie

Alejandra Soto, de Planned Parenthood, trata de aterrizar las complicaciones que ha supuesto la derogación de Roe contra Wade y las consiguientes legislaciones restrictivas en torno al aborto en EEUU. ¿La primera de ellas? El sistema que implementó Texas para incentivar la denuncia: “Lo llamamos el sistema de cazarrecompensas porque premia económicamente por denunciar a una persona que ha ayudado a otra a abortar. Otros estados están intentando imitar este sistema”. 

El sistema de Texas, según Soto, implica que “cualquier persona, de Texas o de otro estado, puede denunciar, por ejemplo, a la amiga que te ayudó a abortar o al conductor de Uber que te llevó hasta la clínica”. La denuncia no es a quien aborta, sino a la persona que facilita que eso ocurra, tal y como explica Soto. “Quieren desincentivar que te ayuden a la vez que siembran el miedo y la inseguridad tanto a terceros como a la propia gestante, que se siente sola y desprotegida”.

Además, la portavoz de Planned Parenthood recuerda que ya están habiendo casos de “parejas o exparejas que instrumentalizan esta posibilidad para castigar a su novia o esposa”. Algo que ya hemos visto suceder también en la Unión Europea: en Polonia, una activista fue condenada a trabajos comunitarios tras facilitar la combinación farmacológica abortiva a una mujer que le pidió ayuda y que fue denunciada por su pareja; y en Malta, otra mujer ha sido condenada por intentar abortar también mediante el método farmacológico tras ser denunciada también por su marido. 

Por ello, cuando se derogó Roe contra Wade, diferentes organizaciones comenzaron a recomendar tener más cuidado con la huella digital, ya que esta puede dejar constancia (y pruebas de cara a un futuro juicio) de que una mujer ha abortado fuera de plazo o ha sido ayudada por un tercero. 

Alejandra Soto enumera algunas otras consecuencias de la prohibición del aborto en varios estados: “Ya estamos viendo situaciones desgarradoras de mujeres a las que les obligan a esperar a que el bebé se muera dentro del útero aunque sepan que el feto no es viable. También se está complicando la situación con los abortos espontáneos. Aunque no sean provocados, suele ocurrir que se necesite la intervención médica para sacar los restos si no han sido expulsados del todo. Hay legislaciones que también consideran que eso es un aborto provocado y conocemos casos de mujeres a los que el médico les ha dicho: ‘La ley no me permite ayudarte’. Les aconsejan regresar a casa y acudir a urgencias hospitalarias cuando estén muy mal porque si hay un peligro inminente para su vida ya sí pueden intervenir”. 

Tarah Demant señala que, un año después de tumbar la sentencia que blindó el aborto en EEUU como derecho constitucional hace 50 años, “estamos asistiendo a escenarios que sabíamos que podían suceder pero que son terroríficos cuando se hacen realidad”. Asegura que algunos aspectos todavía “pueden empeorar”. Por ejemplo, “hay estados intentando criminalizar incluso que alguien viaje de un estado a otro para abortar”, pero también “hay estados que han apostado por garantizar este derecho y que están haciendo grandes progresos”, añade.