El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha desestimado la reclamación que presentó Newtral.es tras la negativa del Gobierno, en concreto Presidencia, a dar una respuesta sobre los gastos de viaje y estancia del rey emérito a los Emiratos Árabes Unidos y quién se estaba haciendo cargo de los mismos.
En una resolución, dos meses después de reclamarlo, el CTBG recuerda a Newtral.es que el objeto de la solicitud de información no se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, dado que no se refiere a las actividades de la Casa Real sujetas a Derecho Administrativo, que son a las que se aplican en la ley.
Explican que desde el CTBG han venido considerando como actividades sujetas a Derecho Administrativo las materias relativas a personal, administración y gestión patrimonial, términos utilizados en el artículo 1.3 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por ello, aplicando la doctrina precedente, el Consejo de Transparencia detalla que la información solicitada –gastos de viaje y estancia del Rey emérito- queda fuera de las actividades anteriormente mencionada y se trataría, en su caso, de actividades privadas que corresponden a un miembro de la Familia Real, pero no a la Casa Real.
La Familia Real al margen de la transparencia
La Familia Real no tiene la obligación administrativa relativa a cualquiera de sus miembros. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incluye en su ámbito de aplicación a la Casa Real pero no a los integrantes de la realeza española.
[Tú lo pagas: ¿Qué hace la Casa Real?]
La Familia Real y la Casa Real son instituciones diferentes. La Familia Real está formada por seis personas: el rey Felipe VI, la reina consorte Leticia Ortiz, las hijas de ambos y los padres del monarca: El rey Juan Carlos y la reina Sofía, mientras que la Casa Real es el organismo público bajo la dependencia del Jefe del Estado es la Casa del Rey o Casa Real.
Como ya explicaba a Newtral.es Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, “esto no significa que esté prohibido solicitar información sobre alguno de sus miembros, simplemente no tienen la obligación de contestar”. «Están en un limbo jurídico de rendición de cuentas», comenta.
Por otro lado, no se les considera altos cargos de la Administración General del Estado según la ley que regula este tipo de cargo. Así, tampoco tienen la obligación de presentar la declaración de bienes y actividades que sí publican los miembros del Gobierno y del Congreso y Senado, entre otros altos cargos.
Fuentes
Esto recuerda a tiempos pretéritos, la absoluta opacidad.
"Atado y bien atado", el precio de una democracia fallida, en la que hasta los partidos de izquierda se dejaron comprar.
Somos herederos de la dictadura
Interminable.
Salud.