Los países de la UE no cumplieron con la reubicación de 160.000 refugiados de los campos de Grecia e Italia

En septiembre de 2015, el Consejo de la Unión Europea adoptó dos decisiones: en una de ellas, los Estados miembro acordaban reubicar a 40.000 refugiados de los campos de Grecia e Italia; en la segunda, sumaron otros 120.000 a ese plan de reubicación. Así, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017, los Estados miembro debían reubicar a 160.000 solicitantes de asilo, procedentes principalmente de Siria. 

Inicialmente, 98.255 personas de la cifra total de 160.000 se distribuyeron en cuotas a repartir entre los diferentes Estados miembro: es decir, una cifra de reubicación de refugiados con la que los países se comprometieron a cumplir en un plazo de dos años. Cerca de 8.000 estaban pendientes de ser asignadas a una cuota por país; y las 54.000 plazas restantes que aún no se habían asignado a los Estados miembro pasaron a otro procedimiento diferente al de reubicación: se estableció que serían reasentadas desde Turquía entre los diferentes miembros europeos tras la firma de la Declaración UE-Turquía en marzo de 2016. 

Por tanto, de las decisiones iniciales del Consejo, el compromiso de reubicación de refugiados en campos de Grecia y Turquía, que no reasentamiento, quedó en 106.000 personas. ¿Qué cuota le correspondía a cada país? ¿Se cumplió? Te lo explicamos.

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Cambio de criterio: reubicación de refugiados y reasentamiento

Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias en Instrategies e investigadora del grupo interdisciplinar sobre migraciones de la Universidad Pompeu Fabra, explica en conversación con Newtral.es que “se partió de la decisión del Consejo, con 160.000 personas, y a partir de ahí se desvían 54.000 plazas para recibir a personas sirias en el marco del pacto con Turquía”.

La cifra no cambió sobre el papel, pero sí las características de la protección internacional, ya que la reubicación es un mecanismo para trasladar a personas solicitantes de asilo que ya están en un Estado miembro a otro Estado miembro.

“Dicho mecanismo tenía por finalidad transferir desde esos dos países, Grecia e Italia, refugiados llegados a sus costas durante la llamada crisis de refugiados [en 2015], de modo que se aligerara la presión que dicha crisis generaba sobre sus sistemas de asilo”, explica a Newtral.es David Moya, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona especializado en los aspectos jurídicos de la migración. 

“El reparto se hizo de acuerdo a unos criterios objetivos de tamaño de la población (40%), PIB total (40%), la media de las solicitudes de asilo presentadas en los cuatro años anteriores (10%) y la tasa de desempleo (10%)”, explicaba a Newtral.es María Isabel Nieto, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

España solo reubicó a un 13,9% del compromiso inicial

Pasados los dos años que los Estados miembro tenían para cumplir con la cuota de reubicación de refugiados que les correspondían (del total de 106.000), la Comisión Europea elaboró un informe, que es el que dicho organismo ha facilitado a Newtral.es, donde aparecen desglosadas las cifras de reubicaciones efectivas acometidas por los Estados miembro, así como las cifras a las que se habían comprometido. 

Ese documento indica expresamente que hay casi 8.000 personas no contabilizadas “que todavía deben asignarse en virtud de lo previsto en la primera Decisión del Consejo”. Sin embargo, nunca llegaron a asignarse en tanto que el documento señala que sigue pendiente y este se emitió una vez finalizado el plazo máximo en el que se tenía que producir la reubicación. 

Por tanto, de las 106.000, son 98.255 las que están contabilizadas de forma efectiva. De ellas, se reubicaron a 31.503. Es decir, un 32% de lo comprometido (si no se contabilizan a las 8.000 que nunca fueron asignadas).

En el caso español, el Gobierno se comprometió a reubicar a 9.323 solicitantes, pero solo reubicó a 1.301: un 13,9%.

“Además, hubo países que entraron más tarde, es decir, que no estaban en la decisión inicial del Consejo. Por ejemplo, Suiza o Noruega no son Estados miembro pero finalmente reubicaron a algunos solicitantes de asilo”, explica Gemma Pinyol-Jiménez. Es por esto que en el caso de estos países no hay una cifra de compromiso como tal. Y en el caso de Malta e Irlanda, ambos países sobrepasaron el 100% de su compromiso: Malta tenía que reubicar a 131 solicitantes y reubicó a 168, e Irlanda tenía que reubicar a 600 y lo hizo con 646 solicitantes.

Y hubo otros, como el caso de Polonia, República Checa y Hungría que se negaron a cumplir lo acordado, por lo que estos tres países apenas reubicaron a solicitantes de asilo: República Checa reubicó a 12 personas de su cuota de 2.691 (al inicio, comenzó a cumplir su compromiso, que abandonó alegando un riesgo para la seguridad del país); por su parte, Polonia y Hungría no reubicaron ni a una sola de las 6.182 y 1.294 que les correspondían respectivamente. 

Por este hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en abril de 2020 en la que daba la razón a la Comisión Europea, que había interpuesto un recurso contra estos tres países de sus obligaciones. “La comisión ahora tiene que tomar las medidas pertinentes, algún tipo de sanción, por ejemplo. Lo relevante es que la sentencia demostraba que estos tres Estados miembro se saltaron la normativa comunitaria. Imagínate que hacen eso pero con el pacto fiscal. Habría sido un escándalo y, sin embargo, con esto no lo fue”.

Dificultades para cumplir con las cuotas de reubicación

Fuentes de la Comisión Europea informan a Newtral.es de que aquellas personas que tenían derecho a reubicación eran “aquellos solicitantes de protección internacional debidamente identificados, registrados y a los que se les han tomado las impresiones dactilares que pertenecen a una nacionalidad con una tasa de reconocimiento del 75% en toda la Unión Europea” y que “han llegado a Italia y Grecia en el período previsto en las Decisiones del Consejo” (entre marzo de 2015 y septiembre de 2017). 

Aquellas personas que cumplían estos requisitos de elegibilidad pasaban a ser candidatos, es decir, posibles reubicados. El mecanismo presentaba varios problemas, como explica el jurista David Moya: “En primer lugar, aunque se tuvieran en cuenta tanto el perfil como las preferencias del solicitante de asilo para determinar en qué país reubicarlo, este criterio no siempre se aplicaba ni coincidía forzosamente con  las plazas que cada país ofrecía cada mes. En segundo lugar, la propuesta de refugiados a reubicar formulada por  Grecia o Italia debía ser analizada y validada por el Estado miembro receptor”. 

Pero este era el segundo paso; el primero era cumplir con los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, el 75% de reconocimiento en toda la UE hace referencia a que tienen que ser personas que la mayoría de Estados miembro consideren que su situación cumple con los requisitos como para pedir protección internacional. 

Por otro lado, la reubicación exigía que las personas fuesen solicitantes de asilo, algo que en plena crisis humanitaria supuso un problema, como explica David Moya: “Cuando eres registrado como solicitante de asilo, Grecia, sobre todo en las islas, habitualmente activaba lo que se conoce como una restricción geográfica. Es decir, que mientras se analiza la solicitud se puede impedir la salida de la localidad o territorio geográficamente delimitado donde el solicitante se encuentra. Esa restricción de la movilidad constituye un claro instrumento de control ”.

Moya añade que el procedimiento puede alargarse hasta varios años, por lo que puede desincentivar la solicitud de asilo: “Muchas familias no quieren quedarse bloqueadas en los campos de refugiados situados en las zonas fronterizas, que adolecen a veces de unas mínimas condiciones de vida digna, algo que permite entender que, en muchas ocasiones, intentarán atravesar los países fronterizos para alcanzar otros países del interior de Europa, como Alemania”.