La madre de Daniel Martínez falleció en marzo por coronavirus en una residencia de Barcelona. De esos momentos previos, recuerda esta conversación:
—No, no, hay que sedarla —le dijeron en la residencia.
—Pues vamos a llevarla al hospital si realmente está tan mal —decía él.
—No, no, no la podemos llevar al hospital porque no nos los cogen en el hospital.
La explicación con las trabajadoras de la residencia continúa con Daniel diciéndoles que no le parece justo dejarla en la residencia hasta que se muera sin hacer nada para evitarlo. “Vi que allí mi madre no estaba bien, pero que tampoco la podíamos llevar a ningún sitio”, cuenta.
El testimonio, facilitado por una investigación de Amnistía Internacional (AI), retrata la situación por la que atravesaron decenas de familias durante la primera ola de la pandemia. En Madrid, hasta el 1 de mayo hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en residencias; el 43,46% del total de las muertes registradas hasta esa fecha, según AI. Un porcentaje similar al de Cataluña, donde han fallecido 7.045 personas mayores en residencias por causa de la COVID-19 hasta el 15 de noviembre; el 46,9% del total de fallecimientos.
Amnistía Internacional ha investigado estos casos y considera que se han vulnerado hasta cinco derechos fundamentales, como recoge en el informe Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19, que incluye violaciones al derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores, entre otros.
La organización considera que la falta de asistencia médica en las residencias y la exclusión generalizada de las personas mayores del acceso a hospitales junto con su aislamiento durante semanas enteras “han derivado en la denegación del derecho a la salud a las personas mayores, están fuertemente vinculadas con un tema de máxima preocupación que Amnistía Internacional viene denunciando: las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad han pasado factura”.
Un criterio general para derivar: la edad
Los protocolos sanitarios establecían instrucciones y criterios para valorar cuándo derivar a un paciente ante casos de saturación hospitalaria, pero requerían un análisis de cada caso. En cambio, Amnistía Internacional denuncia que “la decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas”.
Según la organización, estas decisiones se tomaban según el lugar en el que residían y otros criterios generales como la edad o el grado de discapacidad, “lo que vulneró manifiestamente el derecho a la no discriminación de estas personas mayores”. “Al no poder contar muchas de las personas mayores con la posibilidad de consultar a un médico o médica, lo cierto es que el resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria adecuada”.
La medicalización fallida de las residencias
El 12 de marzo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, anunció un plan con 200 medidas que incluía entre ellas la medicalización de las residencias para evitar el colapso de hospitales. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, se puede leer en el comunicado de prensa.
“Sin embargo, esto no sucedió”, denuncia el informe de Amnistía Internacional. “Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a cabo, y las autoridades han fallado en adoptar medidas alternativas que garanticen la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable”.
Pero ni siquiera la atención al personal de las residencias fue suficiente. El informe estima que entre marzo y abril hubo residencias en las que más del 50% del personal estaba de baja.
La solución que encontraron algunos centros para frenar el contagio dentro de las residencias fue el aislamiento, algo que para la organización “supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores simplemente por su lugar de residencia”.
“Amnistía Internacional ha podido constatar cómo el derecho a la vida privada y familiar de las personas mayores ha sido restringido en las residencias, sin ningún tipo de supervisión por parte de las autoridades, y ha limitado un importante recurso de protección ante las posibles situaciones de vulnerabilidad y fomentado la falta de transparencia”, se añade en el informe.
Sin derecho a una muerte digna
El último derecho fundamental arrebatado a las víctimas de la COVID-19 en las residencias es el derecho a una muerte digna.
“Los protocolos que ordenaban la no derivación de las personas mayores en residencias siguen estando vigentes, el régimen de visitas sigue dependiendo de las residencias y hay muchas personas mayores que siguen sin ver a sus familiares y todavía no está claro cómo se puede llegar a solucionar el problema de las bajas del personal”, explica Ignacio Jovtis, investigador de AI.
De hecho, algunos informes de Sanidad como el del pasado 19 de noviembre siguen advirtiendo que “los brotes de mayor tamaño continúan ocurriendo en residencias de mayores”.
La organización solo exige que todo esto cambie.
