El Tribunal de Cuentas vuelve a la actualidad. No solo por las reclamaciones a los líderes catalanes, sino porque el mandato de sus miembros expira este mes de julio. Este organismo fue elegido por última vez en julio de 2012 tras un acuerdo entre PP y PSOE para la renovación de los órganos constitucionales.
La Presidencia recayó en Ramón Álvarez de Miranda, exdiputado de UCD y miembro de este organismo desde 2001. No obstante, el consejo del Tribunal eligió en 2018 como presidenta a María José de la Fuente, como sustituta del primero.
De esta forma, el nuevo reto que afronta el Gobierno de coalición es esta renovación. “No es de recibo la actitud tremendamente antidemocrática de boicotear la renovación de órganos constitucionales con la única motivación de que tiene una mejor mayoría ahora que la que saldría de la renovación”, aseguró María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de junio.
Qué es y quién compone el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución española. Este se configura como “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público”. Además de tener el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
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En cuanto a su composición, el Congreso de los Diputados y el Senado eligen a los 12 consejeros de cuentas (seis cada Cámara) mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una, por un periodo de nueve años. Se seleccionan entre miembros del Tribunal de Cuentas, profesores de universidad y funcionarios con titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles.
Por lo tanto, el pleno de dicho organismo está integrado por doce consejeros, uno de ellos ocupa la Presidencia del Tribunal de Cuentas, y el fiscal de este. Los consejeros son los que posteriormente eligen a su presidente.
Los motivos del PP para la no renovación del Tribunal de Cuentas
Montero indicó que “el PP no puede sumar un órgano más a la no renovación”, haciendo así alusión al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo.
Por su parte, los populares consideran un “ataque” al Tribunal de Cuentas la concesión de los indultos a los condenados por la sentencia del procés y la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno. La formación liderada por Pablo Casado señala que, aparte del perdón por los delitos de sedición, Pedro Sánchez también quiere “perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron”.
Asimismo, los conservadores insisten en que “no renovaremos ningún órgano judicial sin que venga acompañado de un reforzamiento de su independencia”. Además, el PP dispone actualmente de mayoría absoluta en este organismo porque siete de los 12 consejeros fueron propuestos por este partido en 2012.
Consejeros formulados por el PP
Los siete consejeros a propuesta de los populares son: Ramón Álvarez de Miranda, Ángel Algarra, María José de la Fuente, José María Suárez, Margarita Mariscal, Manuel Aznar y Javier Medina, según recogía RTVE en una información de 2012.
La fianza del Tribunal de Cuentas a los líderes independentistas
En este contexto, el Tribunal de Cuentas acordó este miércoles mantener la fianza de 5,4 millones de euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas por la promoción exterior del procés por parte del Govern entre los años 2011 y 2017. Este pago se extiende, además, a otros ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya.
La demanda de esta liquidación se debe por el presunto uso irregular de fondos para las llamadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Asimismo, los responsables tienen un plazo de 15 días para abonar el correspondiente dinero una vez notificado el expediente de liquidación.
De esta manera, estas cuantías se suman a la fianza de 4,1 millones de euros que ya tuvieron que abonar los condenados del procés por el dinero malversado para la celebración del referéndum unilateral del 1-O.
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