Tic-tac, tic-tac: la renovación de las instituciones del Estado, pendiente del acuerdo de los partidos

Durante este verano, según explicó Pedro Sánchez en ‘La Hora de La 1’,  PSOE y PP realizaron una serie de contactos para afrontar la renovación de las instituciones del Estado que lleva tanto tiempo pendiente. “Esos contactos fructificaron en acuerdos al 99 por ciento”, pero la mínima proporción restante sería la que dio al traste con la negociación. 

En la calle Génova han señalado a Podemos como causa del desencuentro: su actitud ante la salida de España de Juan Carlos I y -lo que consideran- “sus críticas al Poder Judicial” y a “la Monarquía”.  Si el partido morado tiene “cualquier papel” en las instituciones a actualizar, se niegan a acordar el nombramiento de sus nuevos integrantes. 

Según el comunicado emitido por el PP, Pablo Casado se lo transmitió personalmente al presidente del Gobierno en el encuentro que mantuvieron el 2 de septiembre. Sin los populares -y con el veto casi asegurado de los 52 diputados de VOX-, estas renovaciones se ponen muy cuesta arriba, por no decir imposibles.

Consejo General del Poder Judicial 

• Tiempo de retraso: un año y nueve meses. 
• Mayoría exigida: tres quintos del Congreso (210 diputados) y del Senado (159 senadores)

Es el órgano que ejerce “funciones de gobierno” en el poder judicial con el fin de “garantizar la independencia de los jueces” en el ejercicio de sus funciones y “frente a todos”. 

Entre sus funciones, está la de nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional, a los integrantes del Tribunal Supremo y a los presidentes de Tribunales y Salas. También, inspeccionan el funcionamiento de los juzgados y tribunales y pueden exigir responsabilidad disciplinaria a los jueces y magistrados.

20 vocales y un presidente, que ostenta a su vez la presidencia del Tribunal Supremo y es elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El Congreso y el Senado son los encargados de elegir a los vocales, asumiendo cada Cámara la designación de diez miembros: seis entre magistrados y jueces en activo y, cuatro, “entre juristas de reconocida competencia”. Para que la votación salga adelante es necesaria una mayoría de tres quintos, es decir, el sí de 210 diputados y de 159 senadores.

Un año y nueve meses. La última vez que esto ocurrió fue en noviembre de 2013 y, dado que el mandato de los vocales dura cinco años, deberían haber sido renovados en 2018, pero no sucedió. PP y PSOE llegaron a un acuerdo que se fue al traste con la renuncia de Manuel Marchena a presidir el CGPJ tras las filtraciones -publicadas por El Español– de un mensaje en el que el portavoz popular en el Senado se jactaba de su nombramiento. 

En 2020, el resultado ha sido el mismo: unas conversaciones que han terminado en saco roto. Los miembros del CCPJ están cerca de cumplir dos años en funciones, “una seria anomalía” en palabras de su presidente, Carlos Lesmes, que en la apertura del año judicial pidió a las formaciones una renovación “sin mayores dilaciones”. 

Tribunal Constitucional 

• Tiempo de retraso: nueve meses en los elegidos por la Cámara baja
• Mayoría exigida: tres quintos del Congreso (210 diputados) y del Senado (159 senadores)

El Tribunal Constitucional (TC) es el “intérprete supremo” de la Carta Magna. Es decir, es el encargado de, en última instancia, garantizar el cumplimiento y respeto de la Constitución (CE).

Partiendo de ello, el TC resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad, los recursos de amparo y los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades. 

12 magistrados, entre los que se elige un presidente. La CE establece que deben designarse entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional” y que su mandato dura nueve años.

Parte de la elección corre a cargo de las Cortes, pues ocho de sus doce miembros son elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado. Los cuatro restantes los designan por parejas el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la renovación no se produce de una vez, sino que los magistrados se sustituyen “por terceras partes cada tres [años]”. Así, los cambios van por tandas: los del Gobierno y el CGPJ, los del Senado y los del Congreso.

De sus 12 miembros, los únicos que ejercen ahora su mandato “en prórroga” son los de la Cámara baja: el presidente (Juan José González Rivas), la vicepresidenta (Encarna Roca) y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, elegidos en 2012. Fuentes del TC consultadas por Newtral.es explican que, aunque todavía no ha expirado su “mandato constitucional”, sí lo ha hecho el “mandato legal”. 

Esta duplicidad se debe a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del 2010, por la que se incorporó un supuesto: “Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”. Así, aunque estos cuatro integrantes fueron designados casi un año y medio después de que terminara el mandato de los anteriores, su tiempo comenzó ‘a correr’ en noviembre de 2010 y, terminó nueve años después, en 2019.

Los cuatro integrantes dependientes del Senado fueron elegidos en 2017 y, los del Gobierno y el CGPJ, en 2013.

Defensor del Pueblo 

• Tiempo de retraso: tres años y un mes
• Mayoría exigida: tres quintos del Congreso (210 diputados) y del Senado (159 senadores)

El Defensor del Pueblo es el cargo al que la Constitución señala como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. En este sentido, le otorga el título de “Alto Comisionado de las Cortes Generales”.

[Tú lo pagas | Defensor del Pueblo: al servicio de los ciudadanos y las libertades públicas]

Se designa una Comisión Mixta del Congreso y el Senado que propone a los plenos el candidato o los candidatos. Las Cámaras someten a votación su elección y será designado quien consiga el sí de las tres quintas partes de cada plenario. 

El mandato del Defensor del Pueblo dura cinco años, pero no se ha producido ninguna designación desde 2012. O lo que es lo mismo, hace más de tres años que debería haber sido renovado. Soledad Becerril fue la última persona que logró el consenso, pero dejó el puesto en julio de 2017 cuando terminó el tiempo para el que fue elegida. Tras su renuncia, ocupa el cargo de forma interina Francisco Fernández Marugán, hasta entonces adjunto de Becerril.

Consejo de Administración de RTVE

• Tiempo de retraso: dos años y dos meses
• Mayoría exigida: mayoría de dos tercios (234 diputados y 177 senadores)  y, en última instancia, mayoría absoluta (176 diputados y 133 senadores)

Es el órgano que dirige Radio Televisión Española, el responsable de que se cumplan “los objetivos generales” y “los principios de programación”, así como de la “buena administración y gobierno de la Corporación”. 

Rige el real decreto ley aprobado por Sánchez a las pocas semanas de llegar a La Moncloa en  2018, en línea con la ley de 2017 que enmendaba -en parte- la reforma hecha por el Gobierno de Rajoy en el año 2012. 

Según la norma, el Consejo de RTVE lo deberían formar diez personas: seis elegidas por el Congreso y cuatro por el Senado. Hubieran sido designados los que hubieran conseguido el apoyo de dos tercios del pleno y, en su defecto, de la mayoría absoluta y la mitad de los grupos de la Cámara. Esto, como paso previo a una elección realizada por concurso público, en la que también sería necesaria una votación parlamentaria con estas mayorías.

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, reactivó el mecanismo, pero las Cortes no fueron capaces de alcanzar el consenso necesario. Por ello, en julio de 2018 nombró a Rosa María Mateo como“administradora provisional única”, con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y la idea de que ocupara el cargo hasta que se nombrara a los nuevos integrantes del Consejo por concurso público.

El mandato del anterior órgano de gobierno de RTVE terminó en junio de 2018 y, desde entonces, no se ha logrado designar a los nuevos integrantes. Año y medio después de su nombramiento, Rosa María Mateo puso su cargo a disposición del Gobierno el pasado mes de enero -como recogía Europa Press– y el concurso público se encuentra paralizado. 

Fuentes: 

• BOE: Constitución Española 
• BOE: Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• BOE: Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
• BOE: Real Decreto 930/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados.
• BOE: Real Decreto 931/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado.
• BOE: Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
• BOE: Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
• BOE: Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.
• BOE: Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente.