El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que Pedro Sánchez “renovó el Consejo del Estado sin acuerdo por primera vez en la historia” (min. 0:52 de su primera intervención). Fue en una pregunta al jefe del Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno de este 16 de febrero cuando Casado hizo referencia a la renovación del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, a lo que añadió que Sánchez “intentó lo mismo a dedo con el Consejo General del Poder Judicial”.
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Después de llegar al Gobierno tras la moción de censura, en junio de 2018, Sánchez propuso a María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado, pero no se produjo una renovación del órgano en su conjunto y, además, ese nombramiento no se hizo sin acuerdo.
La aceptación de María Teresa Fernández de la Vega, actual presidenta del organismo, fue unánime por parte de los grupos parlamentarios, que dan su visto bueno a la candidatura presentada por el Ejecutivo en una comisión en el Congreso sobre la adecuación al cargo.
La ley no exige que haya un acuerdo para la renovación del Consejo de Estado
El Consejo de Estado se ocupa de “dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno”, como se indica en su página web. Sin embargo, la renovación de sus miembros no se produce por una norma que exija un acuerdo o consenso, como aseguran a Newtral.es desde el gabinete de prensa del Consejo de Estado, sino que es el Gobierno el que emite su decisión mediante real decreto, de acuerdo con la ley del Consejo de Estado, que establece un límite de miembros y de tiempo para su sustitución.
En concreto, los miembros de la Comisión Permanente –uno por cada una de las nueve secciones que existen– son nombrados por el Ejecutivo mediante real decreto “sin límite de tiempo”. Es decir, son cargos vitalicios, matiza el equipo de comunicación. Por lo tanto, para su renovación “tiene que haber una vacante”, dicen.
Esto se produjo, por ejemplo, en 2020 tras el fallecimiento de Landelino Lavilla o con la formación de una nueva sección porque el Consejo “pedía” ampliar su capacidad, algo que contempla el artículo 13 de la ley reguladora del órgano y que también apuntan desde prensa.
El Consejo de Estado también incluye entre sus miembros a los consejeros natos –que lo son al ocupar un determinado cargo, como la Fiscal General del Estado o el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad)– y a los electivos. Estos últimos también se eligen por real decreto hasta un máximo de diez. Para ello, deben haber desempeñado algún puesto de relevancia determinado en la ley. Asimismo, la duración de su cargo es de cuatro años desde su nombramiento.
El Congreso valora la idoneidad del candidato en caso de renovación de la Presidencia del Consejo de Estado
A diferencia de lo que sucede con los consejeros permanentes, el Ejecutivo puede proponer un cambio en la Presidencia, como hizo Pedro Sánchez tras la moción de censura en 2018.
En ese caso, la ley del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado de 2015 contempla que el Gobierno ponga su propuesta “en conocimiento del Congreso de los Diputados” para que el candidato comparezca ante la comisión correspondiente, que “emitirá un dictamen” sobre su adecuación al puesto y sobre si existe algún conflicto de intereses.
“La comparecencia es preceptiva”, afirman desde el gabinete de prensa del Congreso a Newtral.es. Esto implica que la persona propuesta para la Presidencia del Consejo de Estado tiene que acudir a la Cámara Baja a presentar su candidatura. Sin embargo, “los diputados no valoran nada más que si se ajusta a los criterios que pone en la ley (…), no es una valoración política”, subrayan desde comunicación del Congreso.
En el caso de la actual presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ese informe se aprobó por asentimiento, de manera unánime y sin necesidad de votación, como confirman desde el Congreso y se recoge en la comisión constitucional correspondiente.
En su afirmación, Casado no especifica si se refiere a este tipo de acuerdo o a un acuerdo político entre los líderes de los partidos. Desde Newtral.es hemos consultado al gabinete de comunicación del PP sobre estas declaraciones, pero no hemos obtenido respuesta. Tampoco hay referencias a este posible acuerdo o desacuerdo en las crónicas periodísticas del momento de la renovación de la Presidencia del Consejo de Estado.
La Presidencia del Consejo de Estado suele cambiar con cada nuevo Gobierno
Como registra el Consejo de Estado en su página web y confirman desde su gabinete de prensa, la Presidencia ha variado en varias ocasiones con los cambios de Gobierno.
En el mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Rubio Llorente fue nombrado presidente del Consejo de Estado. Después, con la entrada de Mariano Rajoy al Gobierno, su Ejecutivo designó a José Manuel Romay Beccaría.
Este último fue el primer presidente del Consejo en comparecer ante el Congreso. Recibió dos votos en contra en su dictamen de idoneidad, en el que el PSOE no participó por producirse en medio de las acusaciones de los socialistas por una supuesta ilegalidad de su nombramiento, que tuvo lugar antes de haber comparecido en el Congreso y no después, como recogieron medios de comunicación como El País o Europa Press en ese momento.
Tras ser nombrado, Romay Beccaría permaneció en el cargo hasta el nuevo cambio de Gobierno, cuando fue sustituido por Fernández de la Vega. Por lo tanto, en el caso de Romay Beccaría se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Estado sin consenso en el dictamen de idoneidad y conflicto de intereses del candidato por los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso. En el caso de la actual presidenta, su aprobación se produjo por unanimidad.
Resumen
El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que Pedro Sánchez realizó una renovación del Consejo de Estado “sin acuerdo por primera vez en la historia”. Sin embargo, no existe ningún requisito legal ni precedente conocido en ese sentido y, como hemos visto, el nombramiento de Teresa de la Vega en 2018 contó con el visto bueno de los partidos en el Congreso. No es posible comprobar si Casado se refiere a un consenso previo, de carácter no público, entre fuerzas políticas al margen del procedimiento descrito anteriormente. Por lo tanto, consideramos que la declaración de Pablo Casado es engañosa.
