La letra pequeña de la rendición de cuentas de Sánchez

En mitad de una pandemia y después de una situación que ha desbordado a varios gobiernos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que ha cumplido con una cuarta parte de los compromisos asumidos.

En su último informe de rendición de cuentas, el pasado 29 de diciembre, Sánchez estimó que su equipo había alcanzado el 23,4% de los 1.238 compromisos asumidos en la investidura, el programa de coalición y en diferentes declaraciones. La estimación de las promesas cumplidas y de las que están en desarrollo es aún mayor, y alcanza el 90,9%. Solo un 0,6% habrían decaído, según Sánchez.  

En Newtral.es nos hemos preguntado de dónde salen esos cálculos y hemos detectado que algunas de las medidas que aparecen como ‘cumplidas’ todavía tienen que pasar por el Congreso. El Gobierno también deja por fuera de su reseña sobre los “compromisos no iniciados más relevantes” algunos otros que fueron presentados como promesas estrella durante la campaña. 

Los compromisos decaídos también dejan en evidencia que el Gobierno se comprometió a cosas que no podía cumplir. Además, el Ejecutivo se atribuye algunos méritos que no son suyos, como que “se ha creado el Instituto de Transición Justa, que actualmente se encuentra en funcionamiento”, cuando en realidad el Instituto se creó hace más de 20 años y solo ha habido un cambio de nombre y de rango.

Te contamos lo que hemos encontrado.  

La justificación de los compromisos que decaen

Entre las justificaciones que se aportan en el informe para dejar inactivos algunos de los compromisos, el Gobierno alega que no son posibles porque van en contra de la ley o porque ya hay mecanismos funcionando para responder a ellos. En resumen, el informe muestra cómo el PSOE se comprometió a acuerdos que no podía cumplir o que ya estaban en marcha.

Dos de los compromisos con Teruel Existe sobre las telecomunicaciones ya se han desestimado. En el primero se buscaba exigir a las compañías que la ampliación de cobertura móvil en zonas rurales se realice con tecnología 4G y no 3G para evitar aislar a estos territorios. Pero ahora, en su informe, el Gobierno señala que “la prestación de los servicios de telecomunicaciones en España se encuentra liberalizada” y que el despliegue de redes “se lleva a cabo por los operadores de acuerdo con sus propias estrategias técnicas y comerciales”. 

Sin embargo, la Ley general de telecomunicaciones lleva vigente desde 2014, y no se ha modificado desde 2019, por lo que no ha cambiado nada desde que se firmó el compromiso hasta que se rechazó, salvo la opinión del Gobierno.

José Manuel Riera, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, explica a Newtral.es que la legislación “no ha cambiado” y que el principio de neutralidad tecnológica hace que el operador tenga libertad para usar la tecnología que quiera o incluso para cambiarla. “Me sorprendería que estén poniendo 3G, porque al final acaba costando mucho más poner un equipo de una tecnología en proceso de obsolescencia”. 

En el otro acuerdo decaído con este partido, Teruel Existe solicitaba “que en los planes de cobertura de banda ancha se especifique y valore con qué tecnología se van a desarrollar”. La formación aragonesa argumentaba que la falta de esta información está provocando que haya compañías que implantan la banda ancha con tecnología de radioenlace o wimax frente a fibra óptica, reduciendo la calidad.

En este caso, el Gobierno se ampara en que “solo se puede conceder ayudas bajo el principio de neutralidad tecnológica” y que no puede interferir en el tipo de tecnología que despliega cada operador. Pero ese principio está recogido en la ley general de telecomunicaciones desde 2014, seis años antes de este compromiso.

Riera apunta que lo que el Gobierno puede exigir son unas condiciones de cobertura mínimas, no el tipo de tecnología concreto que se use. Pero, en cualquier caso, señala que la neutralidad tecnológica está vigente por lo menos desde hace una década. “Lo que importa es el servicio, que tiene que ser a una velocidad de datos, pero eso se puede hacer de diferentes maneras. Lógicamente todo el mundo quiere la fibra, pero no estaría permitido obligar a usar una tecnología, siempre que las otras den una calidad que es la mínima”.

El Ejecutivo también se ha dado cuenta a posteriori de que el compromiso sobre estudiar posibles compensaciones a las comunidades excedentarias de energía eléctrica para abaratar la factura de la luz que había adquirido con el BNG no se puede aplicar. “La Ley del Sector Eléctrico establece como uno de sus principios fundamentales que la tarifa eléctrica será única en todo el territorio”, explica el Gobierno.

Esta ley está vigente desde 2013 y no se ha modificado desde entonces. En ella, se puede leer que “los peajes y cargos así calculados serán únicos en todo el territorio nacional”. Jorge Onrubia, profesor de Economía Pública de la Universidad Complutense e investigador de Fedea, considera imposible de articular el compromiso del PSOE por no ser viable legalmente ni justificable. “Ese tipo de compensaciones interregionales carecen de lógica económica, pues el mercado eléctrico debe estar sometido a la unidad de funcionamiento. Y, seguramente, si se articulasen como transferencias públicas, chocarían con las normativa europea de competencia”. 

En el caso del acuerdo Compromís, en el informe se justifica desestimar el compromiso de “crear un grupo de trabajo independiente de la Comisión delegada de AAEE que hará un seguimiento conjunto” porque “ya existen los mecanismos de coordinación interministeriales necesarios para realizar esta tarea”. 

Pero en el compromiso original no se señala “crear” un grupo, sino dar “seguimiento del conjunto de los intereses y repercusiones que tendrá el acuerdo de Mercosur” antes de proceder a su ratificación. De hecho, en el acuerdo no dice “independiente”, sino “dependiente” (punto 5.1). 

Desde Compromís señalan que, aunque el acuerdo “se está cumpliendo casi en su práctica totalidad”, en lo concerniente a Mercosur “no estamos de acuerdo con la idea que el Gobierno tiene, de que el ‘el compromiso queda inoperativo’. Vamos a seguir insistiendo en este tema. Efectivamente no es lo mismo crear ‘un mecanismo de coordinación interministerial, que crear un grupo de seguimiento entre los partidos para hacer un seguimiento conjunto de los intereses y repercusiones que tendrá el acuerdo de Mercosur’”. 

El Gobierno también ha suspendido su compromiso con Nueva Canarias sobre “estudiar la modificación de la regla de gasto”, porque considera que “no es necesario puesto que ya se ha suspendido la regla de gasto para 2020 y 2021”. Pero no menciona qué alternativa se plantea para 2022 en adelante.

Una perspectiva parlamentaria

No son pocas las referencias que el informe remitido por el Gobierno hace de procesos parlamentarios en el apartado de compromisos “cumplidos y en proceso”. Todos aparecen con una flecha verde hacia arriba, a pesar de que hay enormes diferencias entre las fases en las que se encuentran unos proyectos de ley y otros. 

El Ejecutivo asegura que se han aprobado siete proyectos de ley (PL), de los que solo cuatro han terminado toda la tramitación parlamentaria y están ya publicados en el Boletín Oficial del Estado: los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la Ley Celaá y las conocidas como ‘Tasa Tobin’ y ‘Tasa Google’. 

El Ejecutivo sostiene que se ha dado el visto bueno al PL de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y al PL de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pero estas normas están todavía tramitándose en el Congreso de los Diputados: la primera en la Comisión de Hacienda, que está elaborando el informe, y la segunda se encuentra en la fase de enmiendas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

También argumenta que se ha aprobado el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética y que este se encuentra “en la última fase de tramitación parlamentaria”. Lo cierto es que todavía se está redactando el informe por parte de la comisión competente del Congreso y faltaría que, después, el texto se tramitara en la Cámara alta. 

La Moncloa es más precisa respecto a a Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que asegura se “va a aprobar de forma inminente”. En su caso, la norma se encuentra en el Senado, la última fase del proceso parlamentario. 

El anteproyecto de Ley Orgánica de garantía de la Libertad Sexual y el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática son las normas que el Ejecutivo sitúa en esta segunda fase, sin que ninguno de ellos haya llegado todavía al Congreso de los Diputados. 

El relativo a la memoria histórica fue aprobado el 15 de septiembre por el Consejo de Ministros. Tras el anuncio de Carmen Calvo, se solicitaron los informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, según explicó la propia vicepresidenta en rueda de prensa. 

Lo mismo le ocurre a la Ley de Libertad Sexual. El texto inicial fue aprobado hace casi un año por el Gobierno y, tras presentarse el segundo borrador  en el mes de diciembre, se remitió a los distintos órganos consultivos. 

Esta categoría cuenta con once proyectos y anteproyectos de ley y, de ellos, solo dos han pasado ya por el Consejo de Ministros: el relativo a la ley orgánica de enjuiciamiento criminal y el que aborda los residuos y suelos contaminados.

Los demás tienen en estos momentos cerrado el plazo de consulta pública, pero todavía no han recibido el visto bueno en la reunión de los miembros del Gobierno. Se trata de los textos relativos a la movilidad, la vivienda, la Formación Profesional, la comunicación audiovisual, las telecomunicaciones, la cohesión del Sistema Nacional de Salud y la igualdad del colectivo LGTBI y de las personas trans, cuyo borrador se está redactando según confirman desde el Ministerio dirigido por Irene Montero.

También se incluye en este apartado la Ley de diversidad familiar, anunciada hace casi un año por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. 

Grandes compromisos que se quedan fuera

Como parte de la rendición de cuentas, el Ejecutivo incluye un apartado de “compromisos no iniciados más relevantes” en los que, en total, hacen referencia a diez medidas: la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria, el impulso de la protección de los menores para evitar el acceso a la pornografía o elaborar una ley de asilo, entre otras. Se trata, con todo, de un número mucho más bajo que el de las promesas contenidas en el acuerdo de coalición. 

En lo relativo al empleo y las pensiones, no se hace mención alguna al compromiso de redactar un “nuevo Estatuto de los Trabajadores del S.XXI” o la modificación del sistema de la Seguridad Social de acuerdo con las líneas aprobadas por el Pacto de Toledo. 

En relación con la Educación, no aparece la “universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años” del mismo modo que se omite el “Plan de reforma del sistema eléctrico” en el área de transición ecológica y la Ley del Deporte prometida por el ministerio de José Manuel Rodríguez Uribes. 

La reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la elaboración de una nueva ley de seguridad ciudadana y la redacción de una norma sobre usos de tiempo y racionalización de los horarios son otras de las promesas que se han quedado fuera del informe remitido por Moncloa. 

Crear instituciones ya existentes

El informe sitúa en la misma categoría a proyectos que están cumplidos con otros que apenas están iniciando, colocando ambos tipos en verde. Entre ellos, el Gobierno también se cuelga algunas medallas que no son suyas, como que “se ha creado el Instituto de Transición Justa, que actualmente se encuentra en funcionamiento”. 

El Instituto de Transición Justa existe desde 1998 con el nombre de Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido cambiarle el nombre (disposición adicional décima) y subirlo a rango de dirección general (disposición final primera y segunda).