Los vínculos entre el Presupuesto y poder optar a los 140.000 millones del fondo europeo

Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 20 de julio de 2020 | Unión Europea

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Durante su intervención en el Senado el pasado 8 de septiembre, Pedro Sánchez insistió en la importancia de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, afirmando que “son el tronco que permite canalizar los recursos procedentes de la Unión Europea”. Además, Sánchez aseguró que “desvincularlos sería una grave irresponsabilidad y comprometería también la absorción y la ejecución de esos 140.000 millones de euros”, según el presidente del Gobierno “es el método natural, eficiente y eficaz para encauzar y absorber” el dinero de Europa.

Al día siguiente, Pablo Casado acusó a Sánchez de mentir por ligar “los fondos europeos a los presupuestos para presionar al PP”. Además, el líder de la oposición aseguró que “en lo que la Unión Europea valora el consenso político” es en el “plan nacional de reformas, el cumplimiento de las recomendaciones semestrales y la agencia independiente de recuperación”.

¿El plan nacional de recuperación debe estar ligado a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Es necesario tener los presupuestos anuales aprobados para recibir el dinero de Europa? Hemos consultado con expertos y esto es lo que sabemos.

¿Qué aparece reflejado en el acuerdo europeo?

El pasado 23 de julio, la Comisión Europea anunció la creación de un fondo de reconstrucción europeo para ayudar a los países de la Unión Europea a recuperarse económicamente del coronavirus. De este fondo de 750.000 millones de euros, a España le corresponden 140.000 millones, pero solo llegarán si se tienen en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea y, al menos, 15 países estiman que estamos cumpliendo lo propuesto.

En respuesta a Newtral.es la Comisión Europea explica que para acceder a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “los Estados miembros deben preparar planes estableciendo su agenda de reformas e inversión para los próximos tres años, hasta 2023”. Además, también advierten que “estos planes deben explicar las reformas e inversiones para alcanzar los objetivos identificados en el Semestre Europeo, en particular aquellos relacionados con las transiciones verde y digital”, y solo llegará el dinero a los países “si se han cumplido las metas y los objetivos establecidos en los planes de recuperación y resiliencia”.

[Las condiciones de las ayudas del fondo de reconstrucción europeo: preguntas y respuestas]

La Comisión Europea revisará estos hitos en 2022, y los resultados deben ser aprobados por mayoría cualificada (65% de los votos) en el Consejo Europeo. En el caso de que uno o más miembros detecten que un Estado se está desviando gravemente “del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes”, se puede solicitar al presidente del Consejo que se trate esa cuestión en la siguiente reunión.

Por lo tanto, lo que se valorará será el “plan nacional de recuperación y resiliencia”, ese documento en el que cada país debe indicar las acciones y los objetivos a alcanzar hasta 2023, y no los presupuestos anuales de cada país. Sin embargo, sí que debe existir una vinculación entre ambos, ya que tanto los Presupuestos Generales del Estado como el plan de recuperación deben seguir las recomendaciones de la Comisión Europea.

Según explicó la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en Herrera en COPE, “la Comisión Europea espera que España presente un plan presupuestario el 15 de octubre para el año 2021”, unos presupuestos en los que según la ministra se deben reflejar “las prioridades de inversión” recomendadas por Europa.

Unidos por las recomendaciones de Bruselas

Antonio Fernández, profesor Titular de Economía Política de la Unión Europea en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), explica que “los Presupuestos Generales del Estado son precisamente el flujo sanguíneo que da vida a los compromisos adquiridos por el Estado”. Además, Josep Lladós, subdirector de investigación de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), añade que si estos fondos se usan para “impulsar inversiones o compras públicas, estas partidas de gasto deberían estar incluidas en el presupuesto y, evidentemente, ser debatidas y aprobadas en el Congreso”.

Lladós insiste en que “la llegada de nuevos fondos que implicase un aumento de gasto” implicaría una modificación del presupuesto aprobado, y que “aunque los gastos se implementaran directamente desde otro nivel de administración territorial, su reflejo en el presupuesto correspondiente es ineludible”. Para no tener que estar vinculados a los presupuestos, el experto de la UOC comenta que “podría realizarse un procedimiento de urgencia”, pero advierte que esto “sería muy poco aconsejable”.

A pesar de no estar formalmente vinculados, ambos expertos coinciden en la importancia de vincular ambos proyectos a las recomendaciones de la Unión Europea “para evitar problemas” en las revisiones de los objetivos nacionales y poder seguir accediendo a estos fondos. Lladós advierte que el resto de países europeos “están aprobando sus planes de actuación junto con el correspondiente escenario presupuestario” y que “el conflicto político constante podría generar dudas” sobre los futuros programas de actuación.

Esta cuestión de imagen externa también es importante para Fernández que apunta que si el déficit sigue creciendo y no se aplican ninguna de las recomendaciones planteadas por la Comisión en los presupuestos “nuestros socios europeos posiblemente se manifestasen un poco incómodos”. En otras palabras, el experto de la UAM concluye que “se podría decir que a nuestros socios europeos, tal vez, no les hace mucha gracia aprobar fondos de recuperación que van a parar a sacos rotos”.

¿Qué están haciendo otros países?

En Portugal se ha aprobado un plan llamado Visión estratégica del Plan de Recuperación Económica 2020-2030 de Portugal. Un documento que, según el propio gobierno, “enmarca las opciones y prioridades que deben orientar la recuperación de los efectos económicos adversos provocados por la pandemia actual”, y a partir del cual se realizará el plan de recuperación que se presentará a la Comisión Europea y el presupuesto para 2021. Pero no prevé el impacto financiero de las medidas a tomar. Además han creado un «grupo de reflexión» para «desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos», que tendrá una duración estimada de dos años.

En Francia, el ministro de Economía, Hacienda y Recuperación presentó en el Consejo de Ministros del 3 de septiembre el plan de recuperación que se implementará entre 2021 y 2022. Este plan se presentará como parte del proyecto de ley de finanzas para 2021 que será presentado al Consejo de Ministros a finales de septiembre. La ley de finanzas francesa es parecida a los Presupuestos Generales del Estado en España, según el documento “El proceso legislativo en Francia” del politólogo Francés Yves Meny, ya que en ella se distinguen tres capítulos diferentes: “la ley de presupuestos; la ley de finanzas rectificativas, que tiene en cuenta los errores de previsión; y la ley de cuentas, que se corresponde con una ratificación del ejercicio financiero.

En Italia, según informa La Repubblica, se ha encargado a la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados italiana la creación de unas directrices que sirvan como guía para elaborar las medidas concretas que presentarán en Bruselas. Además, según indica el medio económico italiano Il Sore 24 Ore, Italia presentará de manera conjunta en la Comisión Europea su plan de recuperación y la Ley de Presupuestos para el año 2021.

Fuentes: