El ministro del Interior de Reino Unido, James Cleverly, viajó este martes 5 de diciembre a Kigali, la capital de Ruanda, para volver a negociar con el Gobierno del país africano el acuerdo que firmó el ejecutivo de Boris Johnson en 2022 y que fue anulado por el Tribunal Supremo británico por considerarlo ilegal.
- Contexto. La política de deportaciones que diseñó el Ejecutivo de Boris Johnson para externalizar a un tercer país la gestión de los inmigrantes consistía en un acuerdo migratorio para que Ruanda acogiera a los solicitantes de asilo que llegan a territorio británico a través del Canal de la Mancha. Sin embargo, el plan no se llevó a cabo bien por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien por la de la propia justicia interna, que determinó a mediados de noviembre que la medida infringiría el derecho internacional y la legislación británica.
El nuevo acuerdo alcanzado entre el ministro de Interior británico y de Exterior ruandés, Vincent Biruta, trata de abordar “todas las preocupaciones de los jueces del Tribunal Supremo”, según precisó Cleverly en una rueda de prensa en Kigali para explicar el acuerdo.
- La sentencia del Supremo. Aunque los magistrados no cuestionaron el método elegido, la sentencia de la justicia del Reino Unido alertaba de la incapacidad del Gobierno de Ruanda para garantizar los derechos de los inmigrantes a la hora de tramitar su solicitud de asilo. La sentencia reconoce que, actualmente, no hay garantías de que se pueda evitar que Ruanda acabe devolviendo a los recién llegados a sus países de origen, donde su vida o su libertad se verían seriamente amenazadas. “Existen razones fundadas para creer que el traslado de los demandantes a Ruanda les expondría a un riesgo real de malos tratos por razón de devolución. En consecuencia, declaró acertadamente que la política del Secretario de Estado es ilegal”, escriben los magistrados en la conclusión de la sentencia.
No obstante, la sentencia del Supremo reconoció que se pueden introducir cambios que aborden sus conclusiones; “este nuevo tratado responde directamente a eso”, indicó Cleverly en la rueda de prensa.
El nuevo acuerdo de Sunak: garantizar que las personas reubicadas a Ruanda no sean devueltas a sus países de origen
El nuevo tratado prohíbe estas devoluciones desde Ruanda, como indica el comunicado del Gobierno de Reino Unido emitido este martes 5 de diciembre: el nuevo acuerdo asegura “que las personas reubicadas en Ruanda no corran el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad estarían amenazadas, un acto conocido como devolución”.
Además, impone normas claras de atención y cuidado para los inmigrantes deportados desde Reino Unido cuya comprobación corresponde a una comisión independiente, financiada y supervisada por el Gobierno británico. “Se refuerzan las funciones del comité de seguimiento independiente —formado por ocho miembros independientes— para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del tratado, como las condiciones de acogida, la tramitación de las solicitudes de asilo o el apoyo de los inmigrantes deportados, incluso hasta cinco años después de que se haya determinado definitivamente su estatus”.
Este comité de seguimiento desarrollará un sistema que permita a las personas reubicadas y a sus representantes legales presentar quejas confidenciales directamente ante él. Tendrá poder para establecer sus propias áreas prioritarias de supervisión y acceso ilimitado para completar evaluaciones e informes. Podrá publicar los informes que considere oportunos sobre sus conclusiones.
Para reforzar aún más las garantías de que las personas reubicadas no serán devueltas, “se reforzará el sistema de asilo de Ruanda mediante un nuevo órgano de apelación”. El órgano de apelación estará compuesto por dos presidentes, uno ruandés y otro de la Commonwealth, así como por jueces de diversas nacionalidades con experiencia en asilo y protección humanitaria.
Tras la firma de este tratado, el Parlamento del Reino Unido se compromete a aprobar un texto legal que afirme que Ruanda es un país seguro.
Los datos de la inmigración en Reino Unido
Hasta septiembre de este año, 37.350 personas han cruzado las aguas del canal de la Mancha para llegar a las costas inglesas. Como contamos en Newtral.es, en 2022 las autoridades detectaron la llegada de 45.755 personas a través del canal. Una cifra que ha ido en aumento: En 2021, fueron 28.526; en 2020, se interceptaron a 8.466 inmigrantes; en 2019, a 1.843 y en 2018, a 299 personas.
No obstante, al Gobierno de Rishi Sunak preocupan las cifras totales de inmigrantes, tanto irregulares como legales. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) en 2022 se alcanzó la cifra récord de 745.000 personas. Para este año, la estimación provisional de la agencia estadística es de 672.000 personas. Con el objetivo de reducirla en 300.000, el Ejecutivo británico presentó este martes 5 de diciembre una serie de medidas para dificultar la entrada al Reino Unido a migrantes legales como estudiantes, trabajadores y sus familiares dependientes.
- Twitter del Ministerio de Interior
- Reuters
- Sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido
- Comunicado del Gobierno británico
- Estadísticas sobre migración de Reino Unido
La UE o España en particular podrían acogerse a un sistema similar. Si mantener un inmigrante irregular cuesta unos 4 mil o más euros anuales, más edificar viviendas a esas familias, servicios médicos y educativos; viviendas y servicios de los que carecen con suficiencia los españoles; se podría acordar con los países de donde proceden su repatriación y asignarle al refugiado un subsidio periódico con una cantidad de dinero suficiente al nivel de vida del país de destino para sostenerse por un tiempo prolongado hasta que sea posible su reincorporación a la sociedad de origen. Esto se haría con personas que no fueran perseguidos políticos y por tanto que no corrieran riesgos a su integridad física,