La justicia británica abre la puerta a reconocer la inmunidad parcial del emérito: los argumentos del recurso

Un recurso parcial. Esta es la puerta que la Justicia de Reino Unido ha dejado abierta al rey emérito para apelar contra la decisión de un juez que, en marzo, consideró que Juan Carlos I no gozaba de la inmunidad propia de un jefe de Estado. La decisión se refiere a los años previos a su abdicación, antes de 2014.

En concreto, el emérito puede pedir al tribunal que revise la decisión sobre los actos previos a esa fecha, entre 2012, cuando se inicia la acusación de su examante Corinna Larsen por acoso y amenazas, y 2014, cuando dejó de ser Jefe de Estado, según avanzó la Agencia Efe citando a una portavoz del equipo legal de la demandante y recoge el texto publicado esta semana por el tribunal de apelación británico. Aunque se trata solo de una parte de la demanda, ya que la acusación de Larsen va de 2012 hasta 2020.

En un primer momento, el juez determinó que el emérito no gozaba de inmunidad en ese periodo porque los hechos por los que se le imputan no fueron “actos de Estado”, sino que se ejercieron supuestamente a título privado y que, por tanto, podría ir a juicio.

Ahora, la nueva decisión de la Justicia de Reino Unido le permite apelar esta decisión a través de un recurso parcial que se solicita al Tribunal de Apelación, para pedir una revisión de lo que el Tribunal Superior de Londres decretó. 

Según el texto, en su apelación, el Emérito utilizaba la figura del Rey Felipe VI para asegurar que pese a que ya no era el monarca después de su abdicación en 2014, sí sigue siendo parte de la familia real. Sin embargo, el tribunal considera que la interpretación del término “familia” es cuestionable. “No hay duda de que sigue siendo un miembro de la Familia Real española, como ascendiente en primer grado del actual Rey”, dice el argumento de la decisión, que sin embargo puntualiza: “La verdadera cuestión es si el demandado es, ahora, un miembro de la familia del Rey” para que le sea aplicable el artículo que permite su inmunidad. “Estoy convencido de que no lo es y no lo es», sentencia el texto. 

¿Qué puede apelar ahora el rey emérito en su defensa? 

La clave del recurso parcial que el emérito puede presentar ahora es si tenía inmunidad o no entre 2012 y 2014, los años previos a su abdicación que comprende la denuncia. 

El equipo legal del emérito sostiene que el monarca estaba amparado en la inmunidad de la corona y, por tanto, aunque no aceptan la acusación, sus actos se habrían tomado bajo una posición «oficial o de autoridad», como recoge Efe.

El nuevo argumento que la defensa ha presentado al Tribunal de Apelaciones es que las consecuencias de este juicio afectan de forma directa al actual rey Felipe VI, al tener un vínculo directo con el emérito, como han defendido ante la justicia británica, apoyándose en la inmunidad diplomática establecida en la Convención de Viena.

Además, según la defensa, en ese momento seguía siendo rey y formaría parte de la Casa Real entendida como institución. Se entendería entonces que sus actos estarían avalados por la inmunidad al haber sido en el periodo en el que seguía en el cargo, y para proteger al actual rey, y que por ello no puede ser procesado.

[Qué es la inmunidad de Estado y por qué la Justicia británica se la ha denegado al rey emérito]

Esther López, doctora en derecho internacional de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), explica a Newtral.es que hay que partir de que el juicio se tramita en base a la ley inglesa y la que ampara la inmunidad es la Statement Immunity Act de 1978, que reconoce el privilegio del rey hasta el momento en el que abdica. Ahora quedará a interpretación del juez si los hechos por los que se le acusa se hicieron en el ámbito privado o “bajo el desarrollo de sus funciones como Jefe de Estado”, como argumenta la defensa.

¿Se puede ampliar el amparo en la inmunidad como una institución?

La defensa alegó que en ese periodo era Jefe de Estado, y que después seguía perteneciendo a la Casa Real entendida como institución, y teniendo un fuerte vínculo con el actual rey. Por tanto, el caso debe ser recurrido por la “complejidad” de la situación, ya que no hay precedentes en la jurisdicción inglesa donde se deba valorar la inmunidad de un ex jefe de Estado por supuestos actos acaecidos durante y después de estar bajo el cargo.

En resumen, como se explica en el texto de la decisión, sugirió que debía considerarse que el término «hogar» que recoge la ley británica, abarcaba no sólo el hogar de un jefe de Estado en el sentido doméstico, sino también a los miembros de su familia inmediata que «comparten y asisten en» sus funciones. Este Tribunal se negó a respaldar ese enfoque y por eso solo permitirá su recurso parcial.

Desde Chabaneix Abogados, especialistas en derecho penal internacional y extradiciones, aclaran a Newtral.es que “el derecho británico es mucho más interpretativo que el derecho continental. Es decir, se basa más en otras resoluciones judiciales anteriores sobre hechos análogos”. Al ser un caso “extraordinario” y tener unas particularidades muy poco habituales, todo apunta a que sería una cuestión de interpretación del juez en cuanto a determinar si seguía siendo miembro de la Casa Real o no”, relatan.

Por otra parte, López precisa que la ley nacional suele otorgar el aforamiento como norma general para todos aquellos ex altos cargos, pero no la inviolabilidad como tal. En el ámbito internacional, la inmunidad sólo está estipulada para Jefes de Estado en activo, y para las acciones que hagan “en el ejercicio de sus funciones”. 

Al afectar “directamente” al monarca actual, dado la complejidad de estar entre el periodo de transición entre dos monarcas, se alega que debería interpretarse de otra manera. En este sentido, la defensa del Emérito está presentando una apelación basada en una ley internacional, que debe ser interpretada bajo una legislación territorial de un país concreto.

¿Cómo es la demanda de Corinna Larsen contra el rey emérito?

Corinna Larsen denunció a Juan Carlos I a finales de 2020 por presunto “acoso” continuado desde 2012, antes de su abdicación, hasta el final de su relación. Le responsabiliza de haber sido “perseguida y amenazada” por agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) en Londres, su lugar de residencia, y en Montecarlo, donde también habita. Estas acciones “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, según la acusación de la demanda publicada en julio de 2021, por el medio británico Financial Times.

Por otra parte, Larsen también le denuncia por difamación en referencia a las palabras de Juan Carlos I, que la acusó de robarle 64,8 millones de euros. Según la demandante, ese dinero fue donado por el rey emérito en 2012 y posteriormente le exigió su devolución, ante su negativa y el consiguiente supuesto acoso.

¿Qué implica que el juicio se desarrolle bajo la ley inglesa?

El delito por el que se juzgaría al emérito en el caso de que se rechace su inmunidad sería por delitos penales ingleses, ya que la demanda ha sido interpuesta en el Alto Tribunal de Justicia Británico y por actos cometidos en el territorio inglés. López aclara que los delitos por los que se le acusa no son delitos penales internacionales, sino que “están en el código penal del país pertinente, que suele ser territorial”.

Si bajo la interpretación de la ley inglesa decayese la inmunidad, se procedería a la siguiente investigación del caso y a la comprobación de que los hechos que declara la acusación son ciertos y fueron cometidos dentro del territorio inglés, y en el caso de que así fuera, el juicio se llevaría a cabo en base a la normativa británica. 

La experta explica que en el ámbito internacional hay algunos indicios que permitirían apoyar la apelación, pero hay que tener en cuenta que “no es una práctica consolidada que ha generado una norma consuetudinaria”, y eso queda pendiente de la valoración del tribunal británico, que lo haría en base a la alegación, en base a la práctica internacional y en base a la Immunity Act de 1978.

(*) Este artículo ha sido actualizado para incluir el texto de la decisión del tribunal de apelaciones británico, publicado días después de conocerse el sentido del fallo.