El Gobierno de Pedro Sánchez recurre a los tribunales ante la negativa persistente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, de crear el registro de objetores para la práctica del aborto. Ayuso ya dijo en sede parlamentaria que eso suponía crear “listas negras” y que en su región, bajo su mandato, no iba a suceder. Sin embargo, la reforma de la ley del aborto en vigor desde 2023 obliga a crear dicho registro.
Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado. No todas las regiones tienen el registro creado y en funcionamiento, pero todas, excepto Madrid, estarían trabajando en ello.
El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían siquiera iniciado los trámites: Aragón, Baleares y Madrid, dando un plazo de un mes para su respuesta. Según Sanidad, Baleares y Aragón ya han iniciado los trámites para la creación del registro, mientras que Madrid ha vuelto a negarse.
Este requerimiento —un escrito ante el órgano competente alegando que debe cumplir con sus obligaciones— era el primer paso cuando una administración pública incumple una obligación legal. Al responder con una negativa, el siguiente paso era el de recurrir a los tribunales iniciando un procedimiento contencioso-administrativo, como ha hecho el Gobierno, que ahora deberá “explicar por qué ese incumplimiento es contrario a derecho”, como explica el abogado Saúl Castro.
En este caso, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora será este tribunal el que deba admitir o no este recurso a trámite. Y si lo admite, estimarlo o desestimarlo.
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