Un año después de la reforma de la ley del aborto, al menos seis comunidades aún no tienen el registro de objetores exigido

Hace un año, el 2 de marzo de 2023, entró en vigor la reforma de la ley del aborto que, entre otras cuestiones, establecía la creación de un registro de objetores en cada comunidad autónoma con el fin de que los centros sanitarios públicos se organicen para que sea posible realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Al menos seis comunidades autónomas aún no han puesto en funcionamiento este registro, según ha podido saber Newtral.es a través de la ley de transparencia. Se tratan de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco. Mientras, otras siete CCAA no han respondido a la petición de información de este medio o han denegado la solicitud, por lo que no es posible saber en qué estado se encuentra este registro. Solo cuatro autonomías, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cantabria, han desarrollado por el momento este registro. 

La reforma de la ley procura que con este registro de objetores no se derive a las mujeres a otros territorios y a clínicas privadas a abortar. Como contamos en Newtral, el Tribunal Constitucional (TC) consideró que se vulneró el derecho a la interrupción del embarazo de una mujer de Murcia que, en 2014, fue expulsada de su hospital público al ser derivada a un centro privado de Madrid para poder interrumpir su embarazo por malformación fetal. En la sanidad pública murciana alegaron que todos los médicos eran objetores de conciencia.

Tal y como detallamos en Newtral, en La Rioja, en plena pandemia de la covid (2020), 248 mujeres tuvieron que desplazarse a abortar a otra comunidad autónoma por la objeción generalizada ejercida por los médicos y por la falta de clínicas acreditadas que imposibilita que las pacientes sean derivadas a un centro privado dentro del mismo territorio. 

Qué dice la ley.  El artículo 19 ter. de la reforma de la ley del aborto recoge que “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación”, las comunidades crearán un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Además, quienes se declaren objetores del aborto lo serán “tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada”.

Las comunidades que aún no tienen registro de objetores de conciencia del aborto

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco son las comunidades autónomas que, un año después de que entrase en vigor la reforma del aborto, han reconocido a Newtral no haber implementado el registro de objetores exigido por ley. Aunque podrían ser más, ya que otras cuatro comunidades (Aragón, Asturias, Canarias y Galicia) no han respondido, de momento, a la petición registrada por este medio vía transparencia. Tampoco lo han hecho por correo electrónico a las consultas enviadas a las consejerías competentes. Por su parte, Baleares y Madrid han denegado el acceso a Newtral.es a esos datos por protección de datos personales. 

Las regiones que aún no cuentan con el registro de objetores para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) lo justifican así. Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura alegan que están trabajando en los correspondientes decretos para crear el registro y que esperan tenerlo en funcionamiento en los próximos meses.

País Vasco asegura que aunque no existe registro de objetores de conciencia en la región, si algún sanitario declara su condición de objetor, lo gestiona el servicio a nivel interno. Añaden que “esta dinámica de trabajo no ha generado controversias, ni es la objeción de conciencia una dificultad para ofrecer este tipo de atención”. 

• En 2022, el 95% de IVEs que se hicieron en el País Vasco fueron en un centro privado. Algo que la reforma de la ley de aborto de 2023 pretende evitar. 

Andalucía señala que todavía no disponen de un registro de profesionales sanitarios que manifiesten ser objetores de conciencia en relación con el aborto. No indican, en cambio, si están en proceso o si pretenden desarrollarlo próximamente.

Desde Castilla y León indican que la creación de este registro, del que no disponen, se realizará teniendo en cuenta el protocolo que se acuerde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para garantizar la “salvaguarda de la protección de datos de carácter personal”. Hacen referencia al apartado 3 del artículo 19 ter de la reforma de la ley del aborto, en el que se establece la creación de este protocolo de manera que aúne las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos que persigue este registro.

Por qué es importante contar con un registro con unos mínimos consensuados

Para Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, la finalidad del registro de objetores del aborto “no es la de señalar al profesional”, si no de “la planificar para que ningún servicio sanitario público pueda tener una objeción en bloque”. Además, insiste en que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias sanitarias, por lo que “se entiende que crear estos registros es su obligación”.

La coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius considera “que es imprescindible que el Ministerio de Sanidad plantee una normativa básica”: “Es cierto que aunque la ley es específica, lo referente a la objeción de conciencia es un poco abstracto”. Por ejemplo, Aldavert considera relevante que se defina qué personal sanitario es el que estaría directamente relacionado en la práctica la IVE .

En este sentido, el Gobierno y las comunidades autónomas no han desarrollado aún el protocolo. Desde el Ministerio de Sanidad señalan a Newtral  que está en “las fases iniciales” de su elaboración.

La ley de 2010 ya exigía regular la objeción de conciencia 

Sílvia Aldavert recuerda que las comunidades autónomas no solo están incumpliendo la ley del aborto vigente en lo relativo al registro de objetores del aborto, sino que “llevan incumpliéndola más de una década, ya que la ley de 2010 ya exigía la necesidad de regular la objeción de conciencia”. En la norma de 2010, el artículo 19 recogía que los sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tenían el derecho a la objeción sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pudieran “resultar menoscabadas”.

En este sentido, Aldavert apunta que los gobiernos autonómicos a través de las consejerías y de sus equipos de planificación ya “tenían la obligación de organizar los servicios publicos para poder prestar la prestación del aborto, como ocurre con cualquier otra”. Entonces, “¿por qué no lo hacen con este tema si saben que es obligatorio?”, añade la coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

Las comunidades que sí lo han regulado

La ausencia de un protocolo acordado en el seno del Consejo Interterritorial no ha impedido que otras comunidades como La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia cuenten con un registro de objetores del aborto y faciliten datos al respecto, como contamos en detalle en este artículo.

La última en regularlo ha sido Cantabria. Desde la Consejería de Salud aseguraron a Newtral el 15 de febrero que estaban trabajando en la regulación del registro y apuntaron que “no existe un problema de objeción de conciencia en el sistema sanitario público, ya que la práctica de la IVE está normalizada como una prestación más de cartera de servicios”. 

• El 73% de los abortos practicados en Cantabria se realizaron en la sanidad pública, según el último informe de Sanidad de 2022. En concreto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Finalmente, el pasado 20 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la orden por la que se crea el registro de profesionales objetores del aborto y, como ha confirmado la consejería, los sanitarios ya pueden declarar su objeción de conciencia sí así lo desean. 

Nuevos datos sobre objetores

Navarra ha respondido a Newtral.es después de la publicación de este artículo y fuera del plazo de un mes establecido por la ley de transparencia. En su resolución recogen que “el registro de objeción está en fase de reestructuración” y por ello nos deniegan el acceso a los datos.

Asimismo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)también ha informado a posteriori a Newtral.es sobre el registro de objetores en Ceuta y Melilla. Según el INGESA, el Hospital Universitario de Ceuta consta de un total de 32 profesionales involucrados en la práctica del aborto, de los cuales nueve son objetores, y en el Hospital Comarcal de Melilla, diez de 35 médicos son objetores de conciencia.

(*)ACTUALIZACIÓN 4/03/24. Este artículo ha sido actualizado para añadir nueva información de Navarra, Ceuta y Melilla