El debate sobre el aumento de hectáreas de regadío junto a Doñana que impulsan PP, Cs y Vox

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Parque Nacional de Doñana | Foto: Josema Gómez (Shutterstock)
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Las dos proposiciones de ley registradas por los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox para aumentar la zona de regadío y el uso del agua de los cultivos ilegales de la zona norte de Doñana han sido aprobadas por el Parlamento andaluz para su toma en consideración con los votos a favor de estos grupos parlamentarios y la abstención del PSOE. Argumentan que es necesario crear normas nuevas –la última es del 2014– que permitan el desarrollo de los agricultores, lo que aumentaría en más de 1.400 hectáreas de suelo regable permitido hasta ahora.

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Sin embargo, ha habido voces en contra de estas dos proposiciones. La Comisión Europea mandó una carta al Gobierno asegurando estar preocupados por las consecuencias que estas normas tendrían en la biodiversidad de Doñana de salir adelante.

En el ámbito nacional, tanto el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, consideran que esto es una amenaza para la conservación del Parque Natural de Doñana y un “engaño a los regantes” que rompe el consenso alcanzado en 2014 sobre el plan de regadíos en el entorno del parque nacional. 

Además, la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró en una entrevista en Efe que la doble proposición de ley “le parecía una enorme irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social”.

Ante las críticas y presiones presentadas contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este aseguró que la propuesta “nace de los grupos parlamentarios, y que no es una iniciativa del Gobierno”, como recoge Europa Press.

¿Por qué hay debate sobre aumentar o no las zonas de regadío cercanas a Doñana?

En la zona del Condado de Huelva, cercana al Parque Natural de Doñana, hay una regulación específica para las explotaciones agrarias de regadío, ya que en este lugar se concentran gran cantidad de cultivos de frutos rojos, y, en concreto, de fresas. Esta normativa específica se registra en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD) que fue aprobado en 2014 con la intención de equilibrar la explotación del agua del territorio para el uso de los agricultores, y la protección de la biodiversidad de Doñana.

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Desde entonces, asociaciones de agricultores, como Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado llevan defendiendo la legalización de las fincas nuevas que surgen en la zona y que no tienen permisos de riego. Una reivindicación que, según esta asociación, sería respondida a través de la ley planteada por PP, Ciudadanos y Vox, ya que “el POTAD se aprobó en 2014 con carácter retroactivo y tenía en cuenta las tierras que eran agrícolas en 2004, lo que hace que del texto inicial desaparezcan cientos de hectáreas de frutos rojos en cinco municipios del Condado”.

¿Qué dicen las plataformas ecologistas sobre estas normas?

Otras plataformas desvinculadas del sector agrícola de la zona, como Ecologistas en Acción, denuncian que las nuevas hectáreas que pretenden legalizar los partidos con sus leyes ya existen y llevan funcionando años gracias a la sustracción de agua de acuíferos de Doñana sin autorización. 

Desde la asociación explican que con la ley del PP, Ciudadanos y Vox, “será necesario solicitar los permisos de extracción de agua para toda esa superficie de regadío a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que declaró el acuífero sobreexplotado en 2020 y es imposible que pueda conceder toda ese agua para regar”. Y añaden en su comunicado, que “es evidente que, de aprobarse esta proposición de ley, el Gobierno andaluz habrá trasladado el problema de la expansión incontrolada al Gobierno central en un momento tan delicado como los meses previos a unas elecciones autonómicas”.

También WWF se ha pronunciado en contra de estas dos normas, como recogen en este comunicado, y han creado una petición de firmas para conseguir pararlas. Desde esta organización resaltan que se trata de conceder “amnistía a los regadíos y agricultores ilegales lo que supondría una presión insoportable para Doñana”. Además, insisten en que no existe agua para responder a esa demanda ya que “el acuífero se seca y los arroyos ya casi no llevan agua a las marismas”. Según WWF, esto se debe “al crecimiento sin control de la agricultura intensiva en los últimos años y, sobre todo, las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales y los más de 1.000 pozos ilegales que están llevando al acuífero a una situación crítica”.

El uso del agua choca con la conservación y la falta de lluvias de Doñana

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán considera que la proposición de ley de estos grupos parlamentarios no cumple con el objetivo de garantizar el equilibrio de las actividades de la zona y el uso del agua. “Y eso no puede quebrarse generando expectativas de puesta a disposición de más agua, porque ni la hay, ni la va a haber”, aseguró en una rueda de prensa posterior a su reunión con Joaquín Páez.

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Morán añadió que “se está alentando una propuesta engañosa, sustentada en derechos históricos que no existen”. «Un derecho al agua sin agua no es nada. Solo humo. No hay posibilidad de poner ni un solo metro cúbico más de agua a disposición de nuevas actividades ni usos económicos en la cuenca del Guadalquivir», dijo.

Desde el PP andaluz explicaron en una reunión con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva que gracias a su norma se aprobarían y legalizarían 800 hectáreas de regadío, que “no afectarían a Doñana”. Además, desde esta plataforma insisten en que el POTAD no permite registrar nuevas explotaciones agrarias de regadío lo que mantiene a las nuevas explotaciones en una situación ilegal.

¿Qué dice la Unión Europea sobre las extensiones de regadío cerca de Doñana?

La Comisión Europea mandó una carta al Gobierno, según recoge Efe, en la que aseguraban estar “preocupados por las posibles repercusiones que, de prosperar su tramitación, dicha propuesta tendría”. Y añade que regularizar más extensiones de regadío en la zona podría provocar que más agricultores se instalaran ahí, lo que podría perjudicar la conservación de la zona.

Además, la Comisión recuerda que ya denunció a España en 2021 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan los Humedales de Doñana, tal y como exige la legislación de aguas de la UE”, como recogían en esta nota de prensa. Este órgano judicial se pronunció en junio de 2021.

En la sentencia, el Tribunal asegura que España “no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana”, algo que el Gobierno debería haber contemplado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.

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¿Qué puede pasar ahora con las proposiciones de ley para aumentar el regadío?

Ambas proposiciones de ley seguirán el curso de tramitación del Parlamento de Andalucía por vía de urgencia para acelerarlo, como recogen en su web. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la aprobación podría quedarle todavía más de un año, ya que también se abrirá un proceso de enmiendas para ambas leyes. No obstante, de votarse su aprobación podrían salir adelante gracias a que el PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría parlamentaria con 58 diputados entre los tres grupos.

Fuentes