Todas las reformas que se han propuesto para el Senado… y nunca se han llevado a cabo

El Senado es esa cámara de la que se han oído muchas promesas de reforma, sin que haya prosperado ningún cambio de calado debido a que la mayoría de las veces necesitan una reforma de la Constitución para poder materializarse. Y es que la Carta Magna es la que fija los puntos básicos sobre las funciones del Senado y, por tanto, cualquier cambio notable que quiera hacerse pasa necesariamente por modificarla.

A día de hoy la Constitución lo define como “la Cámara de representación territorial” y le otorga el papel de segunda lectura en la elaboración de las leyes. Por su carácter “territorial”, fija que el hemiciclo también se debe componer de senadores que adquieren tal condición por designación de los parlamentos autonómicos y que ha de haber una Comisión General de las Comunidades Autónomas que vele por sus intereses. 

Sin embargo, estos preceptos han resultado insuficientes para los principales partidos, que desde hace un tiempo han venido proponiendo sucesivas reformas del Senado. El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo, quien ha planteado un Pacto Territorial a Pedro Sánchez basado en convertir esta institución en una “verdadera cámara de representación territorial”. 

Ese mismo planteamiento genérico se ha repetido en programas electorales de los principales partidos de la última década; ambigüedades que se han alternado con propuestas concretas o con medidas que, sin necesidad de tocar la Constitución, implicaban un cambio en el funcionamiento de la Cámara. Todas ellas, sin embargo, comparten un rasgo fundamental: nunca han llegado a aprobarse. 

Reformas para el Senado: de crear una circunscripción exterior a limitarlo a los 100 miembros 

En las elecciones de 2011, el programa electoral del PSOE incluyó dos propuestas inéditas para mejorar la representatividad del Senado e impulsar la participación ciudadana. Para el primer caso, planteaba que los españoles que residen en el exterior pudieran elegir un representante propio a través de una circunscripción única. Y para el segundo, querían estudiar la posibilidad de que un ciudadano interviniera en todo el proceso de tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP), pudiendo participar con voz pero sin voto. Este representante de la ILP contaría con el “apoyo técnico” de los servicios de la Cámara con el que cuentan los políticos y cobraría dietas para poder desarrollar su labor “sin ningún tipo de perjuicio económico”. 

Cuatro años más tarde, los socialistas plantearon trasladar la sede de la Cámara Alta a Barcelona como paso para “avanzar en un modelo federal” del Estado. En esas mismas elecciones de 2015, Podemos prometía que iba a acabar con “los privilegios de los cargos electos”, senadores incluidos. A todos ellos les rebajaría el sueldo hasta igualarlo con lo que cobran los funcionarios. Además, revisarían los complementos económicos que perciben y establecerían un mecanismo de control de las dietas y los desplazamientos imprescindibles. 

En esta misma línea, Ciudadanos insistió tanto en 2016 como en 2019 en la necesidad de suprimir los aforamientos de los que disfrutan tanto los diputados como los senadores. También llegaron a plantear que estos cargos electos tuvieran “dedicación exclusiva”, pudiendo cobrar únicamente las retribuciones por su representación parlamentaria. 

Cambios de calado para la Cámara: de su supresión a un cambio de senadores 

El partido naranja irrumpió en las elecciones de 2016 con una propuesta que llamó mucho la atención: suprimir el Senado y crear en su lugar un Consejo de Presidentes de las Comunidades. Era su solución para una institución que -consideraban- había dejado de ser “útil” porque los “viejos partidos” la habían convertido en un “cementerio de elefantes”. 

Meses antes, en el acuerdo de legislatura que habían cerrado con el PSOE incluían reducir a menos de la mitad el número de senadores. En concreto, querían que tuviera un máximo de 100 miembros (de los más de 260 actuales) y que sus funciones se vincularan a “la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado”. Concretamente, al sistema de financiación autonómica, los planes estatales de transportes o los niveles comunes de los servicios públicos. Si esta reforma no era posible, socialistas y naranjas planteaban un plan B: suprimir su papel como “cámara de segunda lectura”. 

• Una aclaración. Esta reforma se refiere al papel que tiene ahora mismo el Senado en el proceso legislativo. Según este, la Cámara Alta recibe y tramita las iniciativas aprobadas por el Congreso, pero sabiendo que este tiene la última palabra sobre la futura ley.  

Por aquel entonces, Unidos Podemos también quería dar un giro de 180 grados al Senado y replanteó quiénes debían componerlo. Proponían que fueran “representantes de los gobiernos regionales” con un papel intercambiable y un “voto en bloque”. 

Muchas reformas del Senado pasan por la Constitución 

Estas iniciativas partían de la base de que, para ser efectivas, debía reformarse antes las Carta Magna, con la dificultad que esto supone por las mayorías necesarias para ello. Mayorías que, a día de hoy, exigen del acuerdo y beneplácito de PSOE y PP. 

Ambos partidos incluyeron en el programa de las últimas elecciones generales promesas al respecto, pero sin grandes especificaciones. “El Senado debe ser una cámara que represente la diversidad y singularidades de los territorios de España, ofreciendo respuestas adecuadas desde un enfoque integrador, constructivo y eficiente. En tanto no se produzca la reforma constitucional necesaria, las y los socialistas impulsaremos el papel del Senado como espacio de diálogo y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno e intensificaremos sus relaciones con los parlamentos autonómicos”, aseguraba el PSOE. 

Por su parte, el PP optaba por promover que las “decisiones de carácter claramente territorial sean objeto de deliberación y aprobación por parte del Senado”.