El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, convocó para la mañana del pasado jueves 15 de diciembre un pleno extraordinario para decidir si se admitía el recurso del PP en el que se pide frenar de forma cautelarísima la reforma del TC y los cambios en el CGPJ que se pretendían aprobar aquel día en el Congreso. Tras varios retrasos, finalmente el pleno del Tribunal Constitucional decidió aplazar hasta este lunes 19 la reunión. Así, dejó vía libre para la votación que se va a producir en la Cámara Baja.
En principio, el pleno iba a reunir a primera hora del pasado jueves a los magistrados para decidir sobre la reforma del TC y los cambios en el CGPJ, según informó el propio Constitucional. Sin embargo, se retrasó varias horas porque Unidas Podemos pidió la recusación del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, al considerar que tienen un conflicto de interés.
Además, Vox también se sumó al PP presentando otro recurso de amparo donde solicitó igualmente al Tribunal Constitucional que suspendiera la tramitación parlamentaria de dichas enmiendas. Este se sumó al que el PP había presentado el miércoles, y por el que solicitaba medidas cautelarísimas para suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que permitieron tramitar los cambios en el Código Penal sobre la reforma del TC y cambios en el CGPJ.
A esta situación se ha sumado el escrito que Unidas Podemos ha presentado a primera hora de este lunes 19 de diciembre ante el TC. En él solicita la presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida sobre una serie de cuestiones «prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes», según informa la Agencia EFE.
¿Cómo es el modelo actual de la Ley del Poder Judicial y en qué cambiaría la reforma del TC y el CGPJ?
El propósito del Gobierno para la reforma del TC y los cambios en el CGPJ es cambiar el modelo actual contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, por un sistema de votación individual en el que resulten elegidos los candidatos con más apoyos.
También se introducen plazos concretos para evitar el bloqueo: el presidente del CGPJ deberá convocar el proceso en cinco días desde la entrada en vigor de la ley, cada vocal propondrá como máximo un candidato, se convocará un pleno en tres días para la votación y serán elegidos los dos más votados. En caso de empate, tendrá voto de calidad el presidente.
Se suprime además la potestad del CGPJ de verificar previamente la idoneidad de los magistrados que nombra el Gobierno, porque «no tiene ningún sentido» permitirles bloquear los nombramientos que competen al Ejecutivo.
La Constitución Española establece que los 12 miembros de este órgano son elegidos por un periodo de nueve años y su renovación se realiza “por terceras partes”. Es decir, en un primer bloque se eligen a los cuatro magistrados que dependen del Congreso; en una segunda instancia, a los otros cuatro del Senado; y, en un nuevo turno conjuntamente, los dos del Ejecutivo y los otros dos del CGPJ.
El Gobierno aprobó a finales de noviembre a sus dos candidatos, siendo uno de ellos el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el otro la jurista Laura Díez Bueso. Pero estos no han pasado aún por el CGPJ, que es justo lo que se pretende cambiar con la enmienda a la Ley del Poder Judicial.
Según EFE, Patxi López planteó esta medida que implica una reforma del TC y los cambios en el CGPJ como respuesta a la actitud «antisistema», «antidemocrática» e «inaceptable» del PP en su negativa a renovar un Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años en funciones.
¿Por qué está paralizada la renovación del Constitucional?
Todo deriva del bloque en el Consejo General del Poder Judicial que se encuentra en funciones desde finales de 2018. En julio, el Gobierno ya hizo un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que el órgano de gobierno de los jueces pudiese nombrar pese a su situación de interinidad.
El 12 de junio finalizó el mandato de cuatro de los integrantes del TC, aquellos que deben elegir el Gobierno y el CGPJ, dos cada uno. Sin embargo, una norma que impulsaron los socialistas y Unidas Podemos en 2020 vetaba estos nombramientos por estar en interinidad el CGPJ. El cambio del PSOE revirtió esta coyuntura, manteniendo el resto de limitaciones cuando este entre en funciones, recogidas en el artículo 570 bis de la ley orgánica del Poder Judicial.
¿Cómo es la composición actual del TC?
Marzo de 2017. En 2017 se dio una reforma interna de nombres. Los cuatro magistrados por parte del Senado fueron nombrados el 10 de marzo de 2017 bajo el Gobierno del popular Mariano Rajoy. Se eligieron a María Luisa Balaguer Callejón, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Ricardo Enríquez Sancho y Alfredo Montoya Melgar (que renunció en julio de 2022). Para esta elección, se necesita una mayoría de tres quintos -el sí de 159 senadores-.
Octubre de 2021. PSOE y PP llegaron a un acuerdo para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Congreso de los Diputados tras casi dos años ‘en prórroga’, pues sus respectivos mandatos terminaron en 2019. De esta forma, se volvió a producir una reforma interna del TC con nuevos nombres y Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel fueron nombrados como nuevos integrantes del Constitucional el 17 de noviembre de 2021. Para esta elección, se necesita una mayoría de tres quintos -el visto bueno de 210 diputados-.
A la espera. Los cuatro miembros del TC dependientes del Gobierno y del CGPJ fueron elegidos en junio de 2013, por lo que esta renovación debería haberse producido en junio de este año.
Los magistrados que deben salir. En esta tesitura se encuentran Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez (propuestos por el Ejecutivo de Rajoy); Santiago Martínez-Vares García y Juan Antonio Xiol Ríos (elegidos por el CGPJ).
(*) Actualización 19/12/2022: Este artículo ha sido actualizado para ajustar los tiempos verbales a la actualidad, así como para incluir la solicitud de Unidas Podemos para que intervenga la justicia europea.
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