La propuesta del PSOE para renovar los miembros del Tribunal Constitucional pasa por una nueva reforma legislativa. El partido ha presentado una proposición de ley ante el Congreso para ampliar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está bloqueado desde hace tres años. Si sale adelante, la reforma modificará una ley que el Ejecutivo ya cambió en 2021, y que impide que el CGPJ estando en funciones pueda elegir a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le competen.
Esta propuesta surge después de que el 12 de junio de 2022 terminara el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional –el nombramiento de dos de los cuales corresponde al Gobierno y el de otros dos, al CGPJ– tras nueve años en el cargo. Hasta el momento, como el Consejo no podía actualizar los suyos, el Gobierno había llegado a plantearse sustituir a los dos miembros que debe proponer sin contar con el CGPJ.
Sin embargo, en caso de ser aprobada, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista desbloqueará el Tribunal Constitucional y permitiría la renovación de los cuatro magistrados que deben ser reemplazados de acuerdo con la Constitución.
El PSOE quiere reformar la modificación de la ley del poder judicial que el Gobierno realizó en 2021
“Vamos a registrar una proposición de ley para desbloquear de una vez por todas los nombramientos en el Tribunal Constitucional, toda vez que el Partido Popular, Núñez Feijóo, no muestra ninguna señal ni voluntad de renovar el Consejo General”, ha anunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, como se recoge una nota de prensa de la formación.
En concreto, estos nombramientos quedaron bloqueados con la reforma de la ley del poder judicial aprobada por el Ejecutivo en 2021, en la que se impidió que el CGPJ en funciones tomara ciertas decisiones, como la de designar a miembros del Tribunal Supremo o del Constitucional.
Sin embargo, ahora que llega el momento de renovar el Tribunal Constitucional, desde el Ejecutivo indicaron que se estaban estudiando “todos los escenarios”. Entre ellos, en el programa La Cafetera, la ministra de Justicia, Pilar Llop, calificó de “bastante viable” la posibilidad de nombrar a sus dos miembros sin contar con el CGPJ.
Este escenario generó dudas entre los expertos en Derecho, ya que el artículo 159 de la Constitución recoge que los miembros del Tribunal Constitucional se renueven “por terceras partes”, algo que implicaría que las dos propuestas del Gobierno y las dos del CGPJ se lleven a cabo en bloque.
No obstante, el conflicto quedaría resuelto con la proposición de ley registrada este 24 de junio en el Congreso, que da “marcha atrás” a la reforma de 2021, como indica Daniel Camoni, investigador en Derecho Público Comparado de la Universidad de Milán. Esta propuesta de reforma incluiría, entre las excepciones de actuación del CGPJ en funciones, el nombramiento y renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
La reforma facilitaría la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional
En este momento, son cuatro los miembros del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación. Desde el CGPJ indican que “en el momento en el que el Consejo vuelva a tener atribuida la competencia, lo lógico es que proceda con el trámite habitual para la renovación que le corresponde, ya no por ley, sino porque lo dice la Constitución”.
Así, si esta reforma es aprobada, no solo el CGPJ propondrá a sus dos miembros, sino que el Gobierno también podría plantear sus dos nombres para la renovación del Tribunal Constitucional. De esta forma, la exigencia de la Constitución de designar a los cargos del Constitucional “por un período de nueve años” y renovarlos “por terceras partes cada tres”, es decir, en bloques de cuatro, se podría cumplir.
“Desde el punto de vista constitucional, jurídico, esta contrarreforma no plantea problemas porque vuelve al modelo anterior”, comenta Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Desde su punto de vista, esta decisión está motivada por “intenciones políticas”, postura con la que se muestra de acuerdo el investigador de la Universidad de Milán.
“El Gobierno lo que viene a decir es: ‘Te doy esta posibilidad porque me interesa a mí, es decir, te permito realizar un cierto tipo de nombramientos porque yo quiero realizar los míos y si tú no haces los tuyos, yo no puedo hacer los míos’”, opina Camoni.
Mediante el nombramiento de los miembros que le corresponden, cambiarían las mayorías en el Tribunal Constitucional. “Salen los dos magistrados que nombró el Partido Popular en 2013 y entran los magistrados nombrados por el actual Gobierno”, explica el investigador, que cree que, de esta manera, se pasaría a un “Tribunal Constitucional progresista”.
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