El bloqueo (casi) constante de las reformas constitucionales

La Constitución, la Monarquía y la Transición. Han pasado los años, se han sucedido los líderes y han cambiado las circunstancias sociopolíticas del país, pero PSOE y PP siguen defendiendo los pilares que ratificaron los españoles hace 43 años. 

Lo demuestran los datos. Mientras el bipartidismo estuvo vigente, la reforma constitucional supuso un debate sin apenas trascendencia, como reflejan las pocas iniciativas que se registraron en el Congreso con este fin: ocho entre 1979 y 2015, de las que solo tres llegaron al pleno. En los últimos seis años el balance de propuestas es casi el doble (15), pero con una sola votación. 

Solo 4 votaciones sobre reformas constitucionales

En 1992, se accedió a que los extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales, como consecuencia de una nueva redacción del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. También Bruselas tuvo que ver en la segunda y última reforma aprobada hasta la fecha; la que acordaron socialistas y populares en 2011 para supeditar la capacidad de gasto de las administraciones al visto bueno de la UE. 

A esta condicionalidad se le puso el nombre de “principio de estabilidad presupuestaria” en el contexto de la crisis económica. Para Izquierda Unida era, sin embargo, una reforma constitucional que había “dejado a los pies de los caballos los derechos fundamentales” y, como tal, propuso revertirla en 2014.

La votación no salió adelante, a pesar de contar con el apoyo del PSOE que Pedro Sánchez acababa de empezar a liderar y que, dando por hecho el rechazo del PP, sabía que el fracaso estaba asegurado. Por ahora, es el único no oficial del pleno a una reforma de la Constitución.

La reforma que negocian ahora los partidos. En estos momentos, el Congreso está tramitando un cambio para eliminar en el artículo 49 la referencia que se hace a las personas con discapacidad como «disminuidos». La propuesta del Gobierno pasó en septiembre el primer examen parlamentario con el voto en contra del PP, VOX y Foro. Sin embargo, de mantenerse esta oposición, la reforma no saldría adelante porque necesita el respaldo de una mayoría cualificada, motivo por el que lleva meses ‘congelada’ en la comisión Constitucional. 

Las propuestas pendientes… desde hace tiempo

Además del proyecto de ley del Gobierno, actualmente hay tres propuestas para reformar la Constitución en el registro del Congreso. Todas ellas impulsadas desde los parlamentos autonómicos. 

Asturias y los referéndums. La Junta General de Asturias lleva siete años esperando a que se tramite un texto que plantea que se pueda celebrar un referéndum si lo piden 500.000 electores. Entre las consultas, se incluye la posibilidad de derogar de leyes en vigor si participan en la votación la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto y el sí obtiene más papeletas que el no. 

• Entre líneas. Desde 2014, la propuesta se ha ido trasladando de un Congreso a otro a medida que, con la convocatoria de elecciones, la cámara quedaba disuelta. Pero si no se ha abordado la reforma es porque los grupos parlamentarios no han querido, dado que es en la Junta de Portavoces donde se decide el orden del día de las sesiones. 

Baleares y el senador de Formentera. Esta es la tercera legislatura en la que el Parlamento de Islas Baleares pretende cambiar la Constitución para que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia del de Ibiza. Actualmente, es el mismo representante para las dos islas. 

Comunidad Valenciana y su derecho civil. Les Corts Valencianes buscan introducir un párrafo en la Constitución que le permita recuperar el derecho civil propio anulado en 2016 por el Tribunal Constitucional. 

• Con prisas. En julio de 2021, el presidente de la cámara autonómica se reunió con su homóloga en el Congreso, Meritxell Batet, para pedirle que tratara de acelerar esta reforma, que entró en el registro de la cámara a principios de 2020.

Las reformas constitucionales que cayeron en saco roto 

Por su parte, en anteriores legislaturas se registraron otras propuestas que, con más o menos saltos, han terminado olvidadas en un cajón. La mayoría de ellas impulsadas por partidos minoritarios que nunca tuvieron posibilidades reales de que su propuesta saliera adelante.

Sistema electoral y Senado. Izquierda Unida es la formación con más propuestas para reformar la Constitución desde que esta fue aprobada. Era 2013 cuando propusieron que la circunscripción electoral pasara a ser la comunidad autónoma y se suprimieran los umbrales de voto para lograr representación. Plantearon, a su vez, transformar el Senado y que solo pudieran elegir a sus integrantes los parlamentos autonómicos. La iniciativa caducó, como también lo hizo la que presentó Unidas Podemos en 2018 para reformar -otra vez- el artículo 135. 

Aforamientos. A principios de 2019 el Gobierno de Sánchez apostó por restringir el aforamiento de diputados, senadores e integrantes del Ejecutivo y reservarlos únicamente a los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”. Al convocar las elecciones del 28-A, la medida caducó y, desde entonces, no se ha vuelto a presentar. 

Pensiones y Educación. Corrió una suerte similar la propuesta del parlamento de Navarra para dejar fijado en la Constitución que las pensiones se actualizaran conforme al coste de vida. Y también, la que suprimía el papel de los poderes públicos como garante del derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estimen.