Lo que los partidos quieren cambiar de la Constitución

Los partidos quieren cambiar la Constitución (CE). Salvo el PP, las principales formaciones están de acuerdo en ello e, incluso, hay coincidencias en algunos de los puntos a cambiar, como es el caso de los aforamientos, el Senado o la referencia que se hace a las personas con discapacidad. 

Llevar a la prácticas este cambio es, sin embargo, muy complicado debido a las mayorías cualificadas que se necesitan y los debates que podría suponer sobre las posturas discordantes. Si se abriera ese melón, lo más probable es que algunas formaciones introdujeran la discusión Monarquía-República, de la que PSOE y PP no quieren ni oír hablar. Ese consenso de mínimos ha supuesto hasta ahora el mejor candado para mantener cerrada cualquier puerta a una reforma constitucional de calado. 

Lo demuestran las pocas solicitudes de los partidos que han llegado al Congreso en los últimos 42 años para modificar la Constitución. En total, nueve, de las que solo se han votado tres y se han aprobado dos. Sucedió en 1992, cuando se permitió a los ciudadanos de la UE presentarse a las elecciones municipales en el país en el que residieran y, en 2011, año en que quedó limitada la capacidad de gasto de las Administraciones al introducirse el principio de “estabilidad presupuestaria”.

Los cuatro partidos que sí reformarían la Constitución

Que sea muy difícil cambiarla, no significa que los partidos no quieran modificar la Constitución. De hecho, excepto el PP, el resto de las principales formaciones nacionales incluyeron en su programa de las últimas elecciones generales promesas para hacerlo.

Como se aprecia, las mayores coincidencias se producen entre los socios del Gobierno de coalición, pero también son resaltables los puntos en común de Ciudadanos con la formación que dirige Pablo Iglesias. Vox, por su parte, no comparte ninguna propuesta con el resto de partidos. 

• “Blindaje” de las pensiones públicas. Los socialistas son partidarios de recoger en la Carta Magna que estas prestaciones se revaloricen conforme al IPC real. 
  • Se trata de una medida que ya han impulsado desde el Gobierno y que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
• “Blindaje” del Sistema Público de Servicios Sociales. Quieren garantizar el acceso a ellos como un “derecho fundamental”.
• Suprimir parcialmente los aforamientos. En estos momentos, la Constitución recoge que de las causas contra diputados, senadores y miembros del Gobierno será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin hacer mayor especificación. Proponen que solo sea una prerrogativa para los asuntos relacionados con la actividad propia del cargo público.
  • Fue una propuesta que en su primera legislatura en el Gobierno ya impulsó Pedro Sánchez, pero que caducó por la convocatoria de las elecciones del 28-A. 
• Reformar el artículo referido a las personas con discapacidad. El artículo 49 se refiere a quienes las tienen como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. 
• Importancia del medio ambiente. El PSOE propone incluir los “límites planetarios” como requisito indispensable para el progreso económico y social y declarar el acceso al agua y la energía como servicios de interés general.
• Reconocer el municipio como “unidad territorial básica” y especificar sus competencias propias.

• Hacer una Constitución “feminista”. Incluirían los “cuidados” como un derecho fundamental que se proveería de manera universal. 
• Suprimir los aforamientos y la inviolabilidad del Rey. En estos momentos, la Constitución recoge que de las causas contra diputados, senadores y miembros del Gobierno será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin hacer mayor especificación. De igual manera, declara la figura del Monarca como “inviolable”, es decir, “no sujeta a responsabilidad”. 
• Crear una circunscripción electoral exterior, que tenga una representación política proporcional. La Constitución concreta que la circunscripción electoral es la provincia. 
• Implementar las iniciativas ciudadanas. Proponen “constitucionalizar” la soberanía popular mediante una legislación que facilite la presentación de iniciativas populares (la CE establece que deben estar refrendadas por “no menos de 500.000 firmas” y solo pueden tratar determinadas materias) y normalice la consultas sobre cuestiones relevantes. Entre otros, Podemos plantea que cuando el 15% del censo electoral considere que “el Gobierno le ha dado la espalda” se inicie un proceso revocatorio que termine en un referéndum vinculante.
• Reformar el artículo referido a las personas con discapacidad. El artículo 49 se refiere a quienes las tienen como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. 
• Cambiar la manera en que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se designen mediante un “sistema de elección directa por la ciudadanía”.
• Revalorizar las pensiones conforme al IPC. Podemos pretende “blindar” esta garantía de “forma expresa” en el texto constitucional. 
  • Se trata de una medida que ya han impulsado desde el Gobierno y que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
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• Garantizar el derecho a la vivienda como un “derecho fundamental”, situando el acceso a un hogar como una cuestión de Estado. 
• Reconocer las lenguas de signos españolas en la Carta Magna. 
• Modificar el artículo 135 de la Constitución. PSOE y PP aprobaron en 2011 su modificación,en la que Podemos considera que se priorizaron “los intereses de los bancos a los de la ciudadanía”. 
• Prohibir las amnistías fiscales. Abogan por incluir su supresión en la Constitución.

El partido morado también incluyó en su programa electoral la transformación del Senado, sin especificar en detalle en qué consistiría este cambio. La Constitución recoge las líneas básicas de esta institución, así que en función de la profundidad de la reforma se tendría que modificar o no la Carta Magna. 

• Transformar el Estado autonómico en uno de “Derecho unitario”. Vox propone que haya “un solo gobierno y un solo parlamento en toda España”, mientras que la Constitución establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades y que cada uno de ellos tiene “autonomía” para gestionar sus intereses. 
• Suprimir el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro, basados en la disposición adicional primera de la CE, que establece lo siguiente: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.
• Eliminar el Tribunal Constitucional. Vox plantea que sus funciones -recogidas en la Carta Magna- las asuma la sala sexta del Tribunal Supremo. 
• Acabar con la figura del jurado, que la Constitución plantea como la manera de los ciudadanos de participar en la Administración de Justicia y de ejercer la acción popular.

• Acabar con los aforamientos de los que disfrutan diputados, senadores y miembros del Gobierno. 
• Reformar el Senado. Aunque no concreta cómo, Ciudadanos asegura que quiere convertirlo en “una verdadera Cámara de representación territorial” e, incluso, introduce la posibilidad de suprimirla. 
• Eliminar la posibilidad de anexión de Navarra al País Vasco, recogida en la disposición adicional cuarta. El partido naranja apuesta por enumerar las comunidades autónomas constituidas hasta ahora y dar “por cerrado” su proceso de conformación. 
• Fijar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades. La CE ya recoge un listado, pero da la posibilidad de que las CCAA amplíen las materias a su cargo, algo que Ciudadanos no apoya. Es más, lo que quiere es “reforzar” las de la Administración central. 
• Ampliar los derechos fundamentales e incluir el derecho a la atención a la dependencia, a la conciliación o al acceso a la información pública. 
• Actualizar el proceso de sucesión de la Corona y eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en el acceso al trono. 
• “Blindar el matrimonio entre personas LGTBI«. Actualmente, lo que recoge la CE es que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.
• Reformar el artículo referido a las personas con discapacidad. El artículo 49 se refiere a quienes las tienen como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.

El partido que prefiere no modificarla 

El Partido Popular no incluyó ningún cambio en la Constitución en sus promesas electorales del 10-N. Pocos días después de esos comicios, durante el aniversario de la aprobación de la CE, Pablo Casado aseguró que haría todo lo posible para vetar cualquier intento de reforma: “El PP lo que dice es que estará en esta Cámara (el Congreso) y en el Senado haciendo valer nuestra minoría de bloqueo para que no se permita una reforma constitucional” (vía RTVE).