La Asamblea Ciudadana para el Clima pide en el Congreso fomentar el autoconsumo y disminuir la dependencia de las eléctricas

Cada vez son más las propuestas de diferentes organismos sociales para mitigar los efectos del cambio climático ante la emergencia que vive el planeta. La Asamblea Ciudadana para el Clima, una plataforma ciudadana que nació en 2021, ha presentado este lunes  en el Congreso, por el día mundial contra el cambio climático, su último informe con recomendaciones para “una España más segura y justa” ante este fenómeno. 

Estas son algunas de las prescripciones que recoge la organización.

Las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el clima pasan por el autoconsumo y el tope a los precios de la energía

En su decálogo de propuestas, la Asamblea incluye un total de 172 recomendaciones y 58 objetivos encapsulados en cinco áreas de trabajo en las que han participado 100 personas a lo largo de siete meses, como explican en un tuit.

Una de las primeras medidas en las que hace hincapié el informe es la de “promover el autoconsumo energético” con el objetivo de “facilitar el ahorro de energía y el consumo de renovables”. Para eso, la Asamblea propone regular el precio de venta de la energía de autoconsumo para que “no sea susceptible de hacer negocio” y ofrecer “bonificaciones fiscales” para la gente que opta por este tipo de consumo.

Además, apuesta por controlar los precios de la energía a través de una “regulación de precios justos”, como explica en su octava recomendación. Esto implicaría “garantizar el acceso mínimo a toda la ciudadanía en función de su renta, el coste de la vida y el consumo energético” o “desacoplar los precios de la luz de los del gas” como incentivo para “fomentar las renovables y la eficiencia energética”.

El informe también defiende la necesidad de “obligar a las generadoras de electricidad“ a producir un mínimo de energía renovable, fijando por ley “un porcentaje mínimo y progresivo” de producción.

Establecer sanciones y tipificar el ecocidio ante la crisis agroalimentaria: “Quien contamina, paga”

Otro de los problemas vinculados a la lucha contra el cambio climático que identifica la Asamblea es el impacto medioambiental de la producción de alimentos, como desarrollan en su octavo objetivo. Así lo denunció este lunes en el Congreso Teresa Arnal, portavoz del área de alimentación y usos del suelo: “Nos estamos comiendo el mundo y estamos consumiendo más de lo que la Tierra es capaz de regenerar”.

La organización propone “sancionar y penalizar las malas prácticas en la producción de alimentos”, que incluyen la “contaminación con fertilizantes e insecticidas, el uso y producción de determinados piensos o los usos inadecuados o excesivos del agua como los pozos ilegales”. 

Esta medida también implicaría “promover sanciones administrativas en función de la infracción” e “incluir en el Código Penal figuras como el ecocidio”, entendido como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, explican desde la asociación de justicia ambiental Cicra.

Jornada laboral de cuatro días y más teletrabajo para reducir las emisiones de CO2

La organización también propone introducir cambios en el mercado de trabajo para contaminar menos, como “la racionalización de los horarios y de la jornada laboral, a través de la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 30/32 horas” con el objetivo de “impulsar un cambio de cultura empresarial y de mejora de la organización del trabajo que contribuya a la mitigación y la adaptación al cambio climático”.

La idea es reducir el número de desplazamientos para emitir menos CO2. Esto también incluiría “fomentar el teletrabajo” o “promover el uso del transporte público” y el “transporte compartido” para ir a los centros de trabajo.

La respuesta de las instituciones

Su parada en el Congreso forma parte de una ruta que la Asamblea Ciudadana para el Clima lleva meses siguiendo para difundir sus recomendaciones a las distintas instituciones del país. En julio ya presentó el informe al Consejo de Ministros, que se comprometió a “estudiar” la forma de integrar estas recomendaciones en la acción de gobierno.

La organización también ha llevado el documento ante diversos agentes sociales, sindicatos, empresas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo final de la Asamblea es convencer a las instituciones para que pongan en marcha estas medidas y conseguir un “pacto de estado contra el cambio climático”, según el documento.