Qué está pasando entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

La declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática esta semana ha supuesto un nuevo choque entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso. Este último ha anunciado que interpondrá un recurso en la Audiencia Nacional al considerar que el plazo para resolver el expediente que permitiría hacer esta proclamación habría “caducado” el pasado jueves, algo que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática niega.

• Diferentes miembros del Gobierno central defienden que el plazo de 12 meses concluía este 24 de octubre, cuando se cumple un año de la publicación del acuerdo de coacción en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y no ocho días antes, que fue cuando se firmó.

• El Gobierno comenzó en octubre de 2024 el proceso para declarar la Real Casa de Correos de Madrid como Lugar de Memoria Democrática, considerando que este edificio fue “un centro sistemático de tortura como práctica de obtención de información y castigo a los detenidos que importunaban al régimen” franquista.

Los expertos consideran que en este caso prima la ley del procedimiento administrativo común, que establece que “la efectividad de los actos empieza a partir de su notificación o publicación” para que “los posibles interesados tengan conocimiento”. Es decir, en este caso, de su publicación en el BOE. 

El desacuerdo. Tras darse a conocer la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, la Comunidad de Madrid anunció que presentaría “de inmediato” un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

• El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, basa esta decisión en que ha transcurrido más de un año desde la incoación del expediente “hasta la publicación de la decisión” final que fue este 22 de octubre de 2025. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en la sesión celebrada en la Asamblea de Madrid este jueves y en redes sociales que al gobierno “se le caducó la oportunidad” de poner una “placa” en la Real Casa de Correos. En su tuit, Díaz Ayuso enlazaba un artículo de la web El Debate, en el que se consideraba que la fecha de caducidad sería el 16 de octubre, puesto que esa fecha es cuando se firmó el acuerdo. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido asegurando que el Gobierno “sí está en el plazo” para hacer esta declaración “porque la fecha de publicación fue el 24 de octubre de 2024”, basándose en el día que apareció en el BOE.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, también se ha ceñido a esta fecha: “El plazo se inicia con la fecha de la publicación de la incoación del expediente. El BOE lo publicó el 24 de octubre de 2024. Por tanto, finalizará el 24 de octubre de 2025”.

La Real Casa de Correos. Es un edificio histórico situado en la Puerta del Sol de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural. Fue construido en el siglo XVIII y desde entonces ha tenido diversos usos administrativos a lo largo de la historia, en la actualidad es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

• Fue la sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista. Según el Gobierno central, este edificio “se convirtió en un símbolo de la represión del régimen, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”, motivo por el que se decidió iniciar el proceso para declararlo Lugar de Memoria Democrática.

Cronología del proceso. La Ley de Memoria Democrática fija en su artículo 50 que la declaración de un lugar de memoria democrática comienza con la incoación de un expediente por parte de la administración competente en esta materia o a instancia de entidades que promuevan y difundan la memoria democrática.

• La norma establece que “el expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación”.

El Gobierno adoptó el 16 de octubre de 2024 el acuerdo de incoación para declarar la Real Casa de Correos de Madrid como Lugar de Memoria Democrática. Este fue publicado en el BOE ocho días después, es decir, el 24 de octubre.

• En respuesta, la Comunidad de Madrid exigió al Ejecutivo central anular la resolución y la recurrió ante el Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias autonómicas, un asunto en el que todavía no se ha pronunciado definitivamente.

El BOE publicó este miércoles, 22 de octubre, la declaración como de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática en un acuerdo firmado a fecha de este 20 de octubre. 

• Esta declaración conlleva, entre otras cosas, la colocación de una placa en la fachada del edificio, con una finalidad conmemorativa, así como la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos.

Qué dicen los expertos. Santiago Álvarez, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Murcia, explica a Newtral.es que en este caso sobre los plazos del expediente prima lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la Ley de Memoria Democrática.

Esta norma de procedimiento administrativo establece que “la efectividad de los actos empieza a partir de su notificación o publicación, es decir, a partir de que los posibles interesados tengan conocimiento”, señala el experto. Es decir, que el plazo de 12 meses comenzó con la publicación de la incoación en el BOE.

• Asimismo, el artículo 131 de esta ley recoge que las “disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos”.

Por tanto, considera Álvarez, la ley de memoria democrática tiene el defecto de “señalar que el inicio del cómputo empieza con la incoación cuando lo correcto es que sea a partir de la publicación” del acuerdo porque “eso es lo que da publicidad y garantiza los derechos de los posibles interesados para intervenir”.

En el caso de que el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid prospere y este se acoja a una interpretación formalista de este punto de la Ley de Memoria Democrática tendría que demostrar que ese retraso en la publicación “le ha producido algún tipo de perjuicio en su posibilidad de intervención en el procedimiento o alguna alteración de las circunstancias” justificada por “ese exceso en el plazo”.