Quiénes, cuándo y por qué, las claves del ‘caso Azud’

En los últimos días se han conocido nuevas informaciones acerca de la presunta trama de corrupción que salpica a empresarios, abogados y políticos de distintas formaciones en Valencia, después de que el exgerente del PSOE valenciano, Francisco Martínez, declarara a la juez que una constructora habría financiado gastos de las campañas electorales socialistas de 2007 y 2008, según publica El País.

Tras cinco años de instrucción y cerca de 60 imputados, aún se mantienen secretas cinco piezas en el ‘caso Azud’, que ha destapado este supuesto entramado de sobornos y comisiones ilícitas tejido durante la época de Rita Barberá (PP) al frente del Ayuntamiento de Valencia. Te contamos las claves para entender el caso.

Primera fase del ‘caso Azud’: detención de José María Corbín en 2019 por presunto cobro de comisiones a empresarios

Esta macrocausa judicial investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cargos públicos tanto del PP como del PSOE, destinados a favorecer la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos públicos entre 1999 y 2013. El caso, investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, comenzó con una denuncia anónima en la Agencia Tributaria de la Delegación valenciana, donde se exponían las posesiones y alto nivel de vida de la familia Corbín Barberá. La investigación comenzó en 2017, pero no fue hasta abril de 2019 cuando tuvieron lugar las primeras detenciones.

En esta primera fase de la operación entró en prisión el abogado José María Corbín –cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá–, por el presunto cobro de más de un millón de euros en mordidas a empresarios adjudicatarios de obra pública durante el gobierno del PP en Valencia. Corbín estaba acusado de, supuestamente, haber aprovechado su condición de cuñado de Barberá para que empresarios interesados en hacer negocios con el Ayuntamiento le pagasen comisiones a cambio de obtener adjudicaciones, licencias y recalificaciones urbanísticas. También fue detenido su socio del bufete, el abogado Diego Elum, y tanto Asunción Barberá –mujer de Corbín y hermana de la exalcaldesa– como sus tres hijas fueron investigadas. Entre los implicados también figuraban empresarios y funcionarios municipales, alcanzando la decena de investigados.

Segunda fase de la operación: nuevas detenciones en 2021 dentro del Ayuntamiento, la oposición y empresarios

En la segunda fase del caso, en mayo de 2021, se produjo el arresto de más de una decena de personas, como publica El País. Entre ellas, se encontraban el popular Alfonso Grau –exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia– y el socialista Rafael Rubio –subdelegado del Gobierno en la región y concejal de la oposición durante el gobierno de Barberá–, ambos procesados en el ‘caso Taula’, una presunta macrotrama de corrupción del PP valenciano con su epicentro en la empresa pública de la Diputación de Valencia, Imelsa.

Según los investigadores, Grau pudo haberse beneficiado de hasta dos millones de euros en mordidas y Rubio, de cerca de 300.000 euros. Entonces la causa, que salpica a cargos políticos del PP y del PSOE, sumaba ya medio centenar de investigados por los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y asociación ilícita.

En la operación de mayo, desarrollada en Valencia, Alicante, Ibiza, Madrid y Tomelloso, también fueron detenidos Jaime María Febrer –promotor urbanístico clave en este entramado de comisiones–, su asesor Joaquín Pastor y la empresaria Mónica Montoro, además de José Luis Vera –responsable del área jurídica de Divalterra, la empresa pública de la Diputación–, según la nota sobre las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia.

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Implicación del PSPV-PSOE en el ‘caso Azud’: presunta financiación ilegal de campañas electorales

En diciembre del pasado año se han conocido nuevos datos tras el levantamiento del secreto de sumario de la última de las siete piezas en las que está repartido el ‘caso Azud’, como publica El Mundo. Esta deriva de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a la posible financiación ilegal de las campañas electorales socialistas de Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega en 2007 y 2008.

En la declaración efectuada en octubre como testigo ante los investigadores del ‘caso Azud’, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el exgerente del PSPV-PSOE, Francisco Martínez, admitió que la empresa constructora Gigante –que forma parte del grupo empresarial de Jaime Febrer– abonó parte de los gastos electorales del partido para las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007, encargos electorales que habrían sido realizados por el entonces responsable de Finanzas del partido, José Cataluña.

El informe oficial de la UCO expone que el grupo Axis de Jaime Febrer abonó facturas falsas a Gigante Edificaciones y Obras para que esta mercantil se hiciese responsable de los pagos a los proveedores del PSPV-PSOE. En este sentido, como señalan desde EFE, se han identificado transferencias por parte de Gigante a cinco empresas del sector publicitario que trabajaron para los socialistas valencianos haciendo artículos de merchandising como globos, mochilas o camisetas.

La Guardia Civil concluye, como apunta El Mundo, que al menos un millón de euros de gastos electorales fueron pagados por el PSPV-PSOE con las comisiones cobradas por el ‘caso Azud’, que constituirían mordidas a cambio de adjudicaciones para proyectos urbanísticos y cuyos pagos, además del grupo Axis y el grupo Gigante, también asumieron Construcciones Luján y el grupo Gimeno.

Los nueve imputados en la pieza que investiga la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE

El levantamiento del secreto de sumario de esta última pieza del ‘caso Azud’ sobre la financiación ilegal de los socialistas valencianos –delito inexistente en la primera década de los 2000, pero que podría tramitarse por la vía del cohecho– suma un total de nueve imputados, según el diario ABC:

José Cataluña: el que fuera responsable de las finanzas del PSPV hasta 2004 no se desvinculó de sus funciones, según los investigadores, y actuó como enlace entre políticos y empresarios. La documentación intervenida en su casa ha permitido apuntalar la última pieza del ‘caso Azud’, entre la que se encontraban contactos de grandes contratistas de obra pública e información sobre presuntos concursos amañados. La titular del juzgado ha puesto el foco en las numerosas reuniones que este mantuvo con Febrer en los meses previos a la campaña de 2007.

Jaime Febrer: como publica El Mundo, es el presunto cabecilla de la trama y responsable de sobornos a políticos y funcionarios tanto del PP como del PSPV a través de todo un entramado empresarial, el grupo Axis. El constructor valenciano habría pagado cerca de 484.000 euros a varias empresas de publicidad que trabajaban para el PSPV a cambio de la firma de un convenio de suministro de agua con la sociedad pública estatal Acuamed.

José Luis Vera: el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra también está entre los imputados y se investiga si pudo ser intermediario entre políticos y empresarios en la presunta utilización de Acuamed por el PSPV para conseguir estos fondos con los que sufragar sus gastos electorales.

Francisco Gigante: el propietario de Gigante Edificaciones está investigado por la presunta realización de pagos a las empresas de publicidad que llevaron a cabo las campañas electorales de los socialistas. El Grupo Axis de Febrer pudo utilizar, además, a Gigante para canalizar los pagos a José Luis Vera.

Enrique Gimeno: también está investigado el propietario de Facsa y financiador confeso del PP. El Grupo Gimeno, a través de su empresa Facsa, habría sido pagador de 70.000 euros por cargos electorales de la campaña de 2008. Ese mismo año, una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Facsa, fue adjudicataria del contrato para la construcción de la desaladora de Moncófar (Castellón), licitado por la estatal Acuamed.

Francisco Javier Luján: el propietario de Construcciones Luján ha sido investigado por la licitación en 2006 de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján. Este trámite se llevó a cabo a través de la empresa estatal Aguas del Júcar. Los agentes creen que el PSPV resultó beneficiado por esta adjudicación y que la empresa Construcciones Luján pagó otros 120.060 euros de gastos electorales.

Entre los imputados también se encuentran José María Marugan –exconsejero de Aguas del Júcar–, Juan José Fernández –exdirectivo de Acciona– y Juan José Moragues –expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar–.