Un hombre de nacionalidad ucraniana ha muerto tiroteado este miércoles a las puertas del Colegio Americano, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La víctima, según ha podido confirmar Newtral.es, es Andriy Portnov, que trabajó como consejero del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvych (2010-2014), próximo al Kremlin.
- Fuentes de la investigación informan a Newtral.es de que se está investigando la posible relación del crimen con el “blanqueo de capitales”.
Portnov, nacido en Lugansk en 1973, ocupó un cargo de la máxima confianza del entonces presidente de Ucrania como vicejefe de la administración presidencial. Actualmente estaba sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea llegó a incluirle en una “lista negra” en 2014, aunque las sanciones comunitarias en su contra fueron revocadas tras una batalla legal que ganó Portnov.
Sanción de la UE. En 2014, el acercamiento de Yanukóvych a Rusia fue respondido con importantes protestas en Ucrania —el conocido como Euromaidán— y que fueron duramente reprimidas, lo que desencadenó una serie de sanciones por parte de la Unión Europea contra altos cargos ucranianos. Andriy Portnov fue incluido en una “lista negra” y sus fondos fueron inmovilizados.
El Consejo de la Unión Europea argumentó entonces que se trataba de una “persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal”.
Portnov se enfrentó a esta decisión y consiguió que, ya en 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabara revocando las sanciones que pesaban en su contra, al considerar que “no se ha acreditado que fuera responsable de apropiación indebida de fondos públicos y que estuviera sometido a un proceso penal o a una investigación sobre esos hechos”.
Sanción en EEUU. La sanción que sí pesaba sobre Portnov es la que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021, bajo el mandato de Joe Biden. En su justificación, las autoridades estadounidenses le acusaron de “soborno” y le señalaron como “blanco de acusaciones creíbles de que ha usado su influencia para conseguir, mediante pago, acceso y decisiones en la justicia ucraniana”.
Según Estados Unidos, Portnov “realizó acciones para controlar el poder judicial ucraniano” e “influir en leyes relacionadas con este”. Además, considera que a mediados de 2019 “actuó en connivencia con un alto funcionario público ucraniano en el diseño de altas instituciones legales del país en beneficio propio y con el fin de influir en la Corte Constitucional de Ucrania”.
Un informe del Departamento de Estado publicado en 2019 también señaló a Portnov por utilizar su canal de Telegram para publicar información personal de varios periodistas que investigaban su relación con funcionarios ucranianos. Según las autoridades estadounidenses, Portnov publicó datos sobre sus coches e “invitó a cualquiera que se topara con estos vehículos a dar un duro desaire a los conductores”.
No se declara prorruso. ”Nunca he ocultado que estoy a favor de la soberanía estatal del país y en contra de que Ucrania sea gobernada desde fuera”, dijo Portnov a un medio ucraniano al hilo de las sanciones que le fueron impuestas por Estados Unidos. “Las sanciones contra mí están inspiradas por estructuras que trabajan para estados extranjeros en Ucrania, actuando, de hecho, como sus agentes”, se quejó.
Portnov ha criticado a quienes le tildan de “prorruso”. De hecho, el año pasado ganó una demanda contra el editor de un periódico ucraniano que le acusaba de estar vinculado a Rusia, según información del medio ucraniano Strana.
