Se cumplen dos meses de las protestas por el asesinato de Samuel Luiz, perpetrado el pasado 3 de julio en A Coruña. A raíz de las cargas policiales contra los manifestantes, los representantes de distintos partidos políticos calificaron estas actuaciones como “desproporcionadas” y la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que se analizarían las imágenes y el operativo. “En el caso de que se haya producido cualquier desproporcionalidad se adoptarán las medidas oportunas”, señalaban desde la institución en un comunicado.
Este tipo de actuaciones también son denunciables por parte de los ciudadanos a través del Programa de quejas y sugerencias. Entre 2019 y 2020 se presentaron 3.867 quejas en las que se denuncia un trato abusivo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De ellas, solo 304 han sido consideradas como fundadas por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, lo que supone cerca de un 8% del total.
[Las diferencias en los datos de Interior y el Defensor del Pueblo
dejan un vacío sobre las quejas por abusos policiales]
Son los datos que se extraen de la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Newtral.es a través del Portal de Transparencia. Según se indica, en 2019 las quejas presentadas sobre situaciones que pudieran suponer comportamientos reveladores de un trato incorrecto a los ciudadanos fueron 2.001, de las que 158 se estimaron fundadas. El año siguiente, esta cifra se situó en 146 de las 1.866 presentadas.
Condena del TEDH por falta de investigación en actuaciones policiales de 2012
Desde el ámbito europeo, España ya ha sido condenada por no investigar en profundidad algunas acciones policiales. El pasado 9 de marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no rastrear a fondo la denuncia de una manifestante sobre una agresión policial que habría sufrido en una de las protestas de ‘Rodea el Congreso’ que tuvieron lugar en 2012.
En la sentencia, el Tribunal Europeo declaró por unanimidad admisible la solicitud y sostiene que se ha producido una violación del artículo 3 de la Convención: prohibición de la tortura. Además, determinó que España debería pagar 1.000 euros a la demandante en concepto de daño moral.
“Las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva, especialmente por su incapacidad para identificar e interrogar a los policías involucrados, así como para evaluar adecuadamente la proporcionalidad de sus acciones hacia el solicitante”, concluye.
Quejas por abusos de las Fuerzas Seguridad: sin efecto penal
La presentación de este tipo de quejas y sugerencias es un derecho de los ciudadanos ante cualquier irregularidad que observe en el funcionamiento de la Administración o iniciativa para mejorar la calidad de los servicios.
No obstante, este programa regulado en el Real Decreto por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, es ajeno a la tramitación de denuncias de tipo penal o administrativo.
Una vez recibida la queja o sugerencia, el organismo correspondiente dispone de un plazo de veinte días para informar a la persona que la ha presentado de las actuaciones o medidas que se hayan llevado a cabo. Según recoge el Ministerio del Interior, si esta se estima fundada la entidad tendrá la obligación de atenderla y adoptar las medidas oportunas.
Si finalizado este periodo el ciudadano no ha recibido ninguna respuesta, puede dirigirse a organismos especializados en estas cuestiones para saber por qué no se le ha dado ninguna contestación o, en su caso, exigir responsabilidades. Estas entidades son:
- Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, para asuntos relacionados con la Guardia Civil y con la Policía
- Inspección Penitenciaria, para asuntos relacionados con Instituciones Penitenciarias
- Secretaría General de la Dirección General de Tráfico, para asuntos relacionados con Tráfico
- Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación, para asuntos que no entran en las otras tres clasificaciones
Fuentes:
Programa de quejas y sugerencias
Real Decreto por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado
Ministerio del Interior
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