Qué sabemos de la supuesta “ley Koldo” y la invalidación de grabaciones

Circula en redes varios mensajes que aseguran que el Gobierno está preparando la bautizada como “ley Koldo” para “invalidar grabaciones como las de la UCO”. Desde el PP se han sumado a estos mensajes asegurando que con ella pretenden “controlar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

• El origen. Las publicaciones virales comparten un artículo de The Objective el pasado 26 de junio donde mencionan la ley Koldo.

Según este medio, el Ejecutivo estaría trabajando en un “anteproyecto de ley de intromisión al derecho al honor que pretende considerar ‘ilegítimas’ grabaciones como las recogidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”. 

• Contexto. La UCO investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos. Una parte del informe de casi 500 páginas que ha elaborado esta unidad sobre el caso recoge el contenido de los audios que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, habría grabado en secreto.

Importante. María Pilar Cousido, profesora de Derecho Constitucional y de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica a Newtral.es que las grabaciones “hechas con autorización judicial” son aquellas que buscan pruebas “porque hay evidencias delictivas y que quien las graba es la policía judicial”. En ese caso, la experta indica que no serían invalidadas ya que “no puede haber falsedad”.  

• En este caso, estos audios se habrían conseguido porque Koldo García grababa las conversaciones sin el consentimiento de Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Y no por la intervención policial autorizada por el juez.

The Objective señala que ha tenido acceso al contenido del anteproyecto de la que denomina ‘ley Koldo’ y adjunta una fotografía de una parte del texto, supuestamente del anteproyecto, en la que se puede leer el artículo 7.1. hasta el apartado f).

La normativa actual. Las cuestiones relativas al derecho al honor están reguladas por la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que data del año 1982.

En Newtral.es hemos comparado el texto del anteproyecto de la supuesta nueva ‘ley Koldo’ con los puntos homólogos de la normativa vigente.

Como ayuda para “entender el sentido de la norma” de 1982, Cousido hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

• En una sentencia de 2023 el Alto Tribunal señaló que “la grabación de una conversación por uno de los participantes es lícita y puede ser utilizada como prueba, ya que no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución”.

• Este artículo (18.3) “garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.