El Tribunal de Cuentas comunicó este martes 29 de junio a varios excargos de la Generalitat de Cataluña la cantidad de dinero que les reclama de manera provisional por el supuesto uso de fondos públicos regionales para la promoción internacional del procés entre 2011 y 2017.
[Tribunal de Cuentas: el vigilante de los partidos elegido por los partidos]
Concretamente, a los políticos catalanes se les exige la devolución de 5.422.411,10 euros, algo que afecta, sobre todo, a los miembros del Govern de Artur Mas y de Carles Puigdemont. A todos ellos se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en los que hubiesen participado y de los periodos correspondientes al desempeño de sus respectivos cargos, según explica el Tribunal.
Las cantidades a pagar
El Tribunal de Cuentas reclama al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont un total de 1.981.009 euros. Al que fuera su exvicepresidente, Oriol Junqueras, se le reclama la misma cantidad, mientras que a Artur Mas se le exige la cifra más alta: 2.692.936 euros.
El expresident este tribunal ya le reclamó en 2019 al reintegro de casi 5 millones de euros, junto a otros altos cargos de su Govern, por la organización de la consulta soberanista del 9-N en 2014. No obstante, esta decisión está recurrida ante el Supremo.
La responsabilidad es solidaria y proporcional. Por un lado, el reintegro del importe total se puede exigir a cualquiera de los causantes del daño, el cual podrá reclamar a los otros la parte correspondiente. Además, la cantidad a devolver se fijará según el grado de participación que tuvieron los encausados en los hechos investigados. Esto explica, por ejemplo, que el exconsejero de Acción Exterior en la etapa de Puigdemont, Raül Romeva, deba enfrentarse a un pago muy similar al del expresident, de 2.108.373 euros.
El objetivo del enjuiciamiento es obtener el reintegro de los fondos públicos por la cuantía del perjuicio sufrido, más los correspondientes intereses de demora. Así pues, “no es una responsabilidad sancionadora, sino reparatoria”, según ha matizado el propio Tribunal.
El destino de los fondos
Entre las actividades desarrolladas por la Generalitat para la promoción exterior del procés que, presuntamente, implicaron un gasto indebido de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas destaca los viajes realizados por los expresidentes −por los que reclama 274.069,68 euros, sin incluir intereses− y las denominadas embajadas de Cataluña, por las que se exigen distintas cantidades que van desde los 29.456 euros por la de Polonia hasta los 293.056 por la de Reino Unido, sin incluir intereses.
Por lo que respecta al Diplocat, el organismo de promoción exterior creado por el Govern, estiman que la cantidad gastada de manera indebida fue de 1.536.191 euros.
Los encausados
Estos dirigentes independentistas forman parte de una lista de cerca de 40 exaltos cargos y funcionarios de la Administración catalana.
Entre los encausados que actualmente ostentan cargos públicos están el eurodiputado Jordi Solé; el alcalde Vilablareix, David Mascort; y el miembro de la Diputación de Tarragona Joaquim Nin.
El origen de la instrucción
En diciembre de 2017, la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas solicitó que se investigara el destino de los recursos empleados para las políticas de acción exterior de la Generalitat correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2017.
Tras seguir los trámites ordinarios de dicho procedimiento −petición de alegaciones a los investigados, discusión del informe con los miembros del pleno del Tribunal de Cuentas y el envío del mismo a la Abogacía del Estado−, el informe se aprobó en marzo de 2019.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado manifestaron que, a su parecer, existían indicios de responsabilidad contable en los hechos investigados. Estos indicios fueron comunicados a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que, con base en los mismos, inició las acciones para fijar los hechos, los responsables de los mismos y el importe de los posibles daños causados a los fondos públicos.
Siguientes pasos
Después de que el Tribunal comunique oficialmente la cantidad provisional a pagar a los encausados, sus representantes legales podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. En este acto no se resuelve si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional, según explican fuentes del propio tribunal.
La existencia o no de uso indebido de los fondos públicos se determinará en un juicio posterior. Ahora, la Fiscalía y la Abogacía del Estado deben formular una demanda siguiendo las pautas de un proceso civil ante el mismo Tribunal de Cuentas, y la juez Margarita Mariscal de Gante será la encargada de dictar sentencia y concretar el importe final a pagar.
Los condenados podrán apelar en la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas, que puede cambiar el sentido de la sentencia. Si ésta se mantiene, los condenados podrán presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, más adelante, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
0 Comentarios