¿Qué es un bulo? El reto de definir qué es desinformación

Calificar algo como “desinformación” o “bulo” se ha convertido en un recurso habitual para la confrontación entre adversarios políticos. De ahí la necesidad de acotar qué es desinformación, un reto al que investigadores y periodistas llevan años enfrentándose para atajar un peligro que, como señalan numerosos estudios, se sitúa en una “zona gris” y marginal de lo que comprenden la libertad de expresión y de información.

La Comisión Europea ha descrito la desinformación como aquellos mensajes verificablemente falsos o engañosos que se crean, presentan y divulgan con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que —añade— pueden causar un perjuicio público. En esta definición hay varios elementos que permiten diferenciar las acciones desinformativas de las mentiras, los rumores o las descalificaciones.

Al señalar que toda desinformación tiene que ser “verificablemente falsa o engañosa”, esta definición requiere que el contenido de ese mensaje pueda ser desmontado mediante datos e información veraz. Es decir, se excluyen las opiniones o interpretaciones. 

El siguiente aspecto es el que se refiere a la intención del emisor —“engañar deliberadamente”— cuyo interés puede ser “lucrativo” o simplemente hostil. Esa hostilidad, unida al propósito de desinformar, es la que separa un bulo de, por ejemplo, una leyenda urbana o una invención fantástica.

Por último, la mención al “perjuicio público” precisa que la desinformación no es un mero engaño o una descalificación infundada contra una persona, sino que tiene capacidad para debilitar a una sociedad.

“Al tratarse de un término con una clara connotación moral negativa, existe la tentación de emplearlo de manera ilimitada para deslegitimar todo aquello que no te gusta. Si se termina convirtiendo en una palabra vacía, todos salimos perdiendo porque habremos renunciado a un concepto que es necesario para poder identificar un problema creciente y actuar de manera consecuente”, opina Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide, en declaraciones a Newtral.es.

En ese esfuerzo por determinar qué es desinformación, algunos académicos como Ramón Salaverría (Universidad de Navarra) y Gustavo Cardoso (Instituto Universitario de Lisboa) señalan que ya existe una diferencia asentada entre los “errores involuntarios” (que se sitúan en el concepto anglosajón misinformation) y las “falsedades deliberadas” (desinformación).

Estos autores defienden en Futuro de los estudios sobre desinformación: campos de investigación emergentes que “la desinformación tiene, por desgracia, un sinfín de padres” —con padres se refieren a los actores que difunden desinformación de forma deliberada— y citan desde “grandes países con intereses geoestratégicos hasta simples individuos que se divierten confundiendo a sus semejantes”.

También señalan a “partidos políticos, grupos ideológicos y organizaciones activistas de diversa índole que manipulan indiscriminadamente los mensajes con el propósito de defender sus postulados y perjudicar a los adversarios”. Es decir, en la desinformación siempre hay un propósito del emisor.

Para Manuel Torres, la desinformación no solo responde a un interés por modificar la percepción de una sociedad sobre un determinado asunto, sino que busca el descrédito. “Quien crea y propaga estos contenidos no lo hace tanto por su utilidad táctica (beneficiar o perjudicar a un determinado actor), sino por el propósito de dañar a la sociedad receptora de estos contenidos”.

A su juicio, “al degradar la confianza interpersonal, el valor de los datos o la autoridad de los expertos, lo que se consigue es situar a esa sociedad en una posición de vulnerabilidad” y “que la gente no crea en absolutamente nada”.

En cuanto a la diferencia entre los términos “bulo” y “desinformación”, el investigador David Arroyo, del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo del CSIC, señala que el primero hace “uso de mentiras y las intenta hacer pasar por verdad con objeto de amplificar un mensaje y engañar a una audiencia”, al tiempo que enmarca la desinformación en un concepto más amplio que incluye “todas las dinámicas asociadas a manipular un cierto objetivo”.

¿La desinformación es ilegal?: la “zona gris” y los delitos de odio

La difusión de bulos de forma deliberada no está en el Código Penal y, por tanto, no es ilegal. De hecho, la desinformación se suele enmarcar en la conocida como “zona gris”, en los márgenes de la libertad de expresión y la libertad de información.

Pero, como advierte el primer informe elaborado por el Foro español contra las Campañas de Desinformación, “los incidentes de desinformación a veces pueden ocurrir en coordinación con un comportamiento ilegal”, como los delitos de odio. De hecho, las condenas dictadas en España relacionadas con la difusión de bulos no juzgan la publicación de mensajes falsos, sino la incitación al odio que producen esos mensajes.

En 2022 se conoció la primera condena en España tras difundir bulos contra una persona que utilizó un vídeo descontextualizado para culpar de una agresión contra una mujer a los menores extranjeros no acompañados. El profesor Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Oviedo, explicó entonces a Newtral.es que “este caso no se ha juzgado porque la persona haya publicado información falsa, sino porque con su publicación ha inducido odio y rechazo contra un colectivo concreto”.

El profesor Carlos Cordero, que imparte Derecho de la Información en la Universidad Nebrija, subraya el “principio de veracidad”. “Es un concepto que, aunque no aparece en la Constitución, sí suele estar presente en las causas judiciales contra publicaciones en medios de comunicación y tiene en cuenta si la información publicada, más allá de lo subjetivo como el enfoque de la noticia, tiene un esfuerzo periodístico por contar algo veraz”, explica.

Por último, para que la población tenga herramientas para defenderse de la desinformación y los bulos, el investigador David Arroyo apuesta por la alfabetización mediática como uno de los mejores recursos. “La mayor defensa contra la desinformación es una ciudadanía crítica. Ni herramientas legislativas ni herramientas tecnológicas pueden acabar con la desinformación, es una cuestión pedagógica”, concluye.