El pin parental o veto parental vuelve a estar de actualidad como condición puesta por Vox para seguir apoyando al gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, y contar así con su voto en el Parlamento y alcanzar mayorías en el futuro. Este documento, -a pesar del nombre que ha recibido no es un elemento tecnológico- es un formulario o documento que, hace ya un año, fue actualidad en Murcia, también como un condicionante exigido por Vox.
El papel está orientado a recoger la conformidad o disconformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las actividades complementarias impartidas por personas ajenas al centro educativo.
Cabe recordar que el Gobierno andaluz ya había anunciado también su intención de regular un veto parental. Al menos a ello se comprometió con Vox, según se desprende del documento firmado entre PP y VOX en enero de 2019.
El documento aseguraba su pretensión de «Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones»
En la práctica este documento y las medidas que conlleva impedirían que los alumnos acudan sin autorización paterna a talleres, charlas o actividades sobre temáticas que, por ejemplo, en base a las creencias de su familia, no se consideren apropiadas.
‘Pin parental’, objeto de polémica en enero de 2020 en Murcia
Hace un año, la medida ha sido aplaudida por asociaciones como Foro de la Familia, que considera que el pin parental o veto parental permite “preservar a nuestros hijos de toda contaminación ideológica que nada tiene que ver con su formación” defendiendo que si un padre debe firmar la autorización para que su hijo acuda a una excursión, también debe hacerlo “si se va a impartir una formación extracurricular” ya que los “colegios están, en muchas ocasiones, siendo rehenes de esos “colectivos”.
En el contexto de 2020, anterior a la pandemia las asociaciones LGTBI fueron las que más han criticaron la medida. Las asociaciones No Te Prives y Asfagalem ya se sumaron en noviembre de 2019 a la denuncia de la FELGTB en contra del veto parental y demandaron ante el Defensor del Pueblo su “intervención de manera urgente” para poner fin “a la vulneración de derechos que se están cometiendo con las nuevas instrucciones de inicio de curso por parte de la Consejería de Educación de Murcia”.