Qué es la ley de la cadena alimentaria y cómo afecta a ganaderos, supermercados y consumidores

El Congreso de los Diputados aprobó el 2 de diciembre la reforma de la ley de la cadena alimentaria que busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución. La iniciativa ha quedado lista y publicada en el BOE del 15 de diciembre, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

Según afirmó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la ley de la cadena alimentaria es «probablemente la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura», y que con ella el Gobierno da respuesta a «la primera reivindicación» planteada por las organizaciones profesionales agrarias que llevan convocando movilizaciones desde 2019 por toda España.

[Precios bajos, subida de costes y barreras comerciales: los argumentos de los agricultores y ganaderos]

¿En qué consiste la nueva ley de la cadena alimentaria? Te lo explicamos.

¿Qué es la ley de la cadena alimentaria?

En 2013, con Miguel Arias Cañete al frente de la cartera de Agricultura, el Gobierno aprobó una primera ley de la cadena alimentaria. Ahora lo que se ha acordado es una modificación de ese texto que, aunque mantiene sus elementos esenciales, transcribe las exigencias comunitarias de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales y los compromisos alcanzados entre el Ministerio y el propio sector como consecuencia de las manifestaciones de agricultores y ganaderos del 2019, que ya aparecen en el Real Decreto-ley 5/2020.

La piedra angular de la reforma, que se introdujo en 2020, es la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena. Es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado. “Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”, aclara la norma.

Además, se endurecen las sanciones (desde las leves de 250 euros hasta las muy graves, que alcanzan el millón de euros) y se permite que se hagan públicas.

“Es la ley más importante del sector agroalimentario, la espina dorsal que regula todas las relaciones comerciales, desde el productor más pequeño hasta el mayor distribuidor”, asegura José Miguel Soriano, responsable del equipo de Agroalimentario de Andersen, firma que ha dado cobertura jurídica a la tramitación parlamentaria de la ley.

¿Cuáles son las principales medidas de la ley de la cadena alimentaria?

La norma amplía el ámbito de aplicación y la hace extensiva a las pymes, las relaciones entre mayoristas y entre un proveedor y un comprador cuando uno se encuentre en España y otro en un Estado miembro de la Unión Europea. 

Además, añade nuevas prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras.

También regula los contratos entre todos los actores de la cadena, que deberán figurar firmados por ambas partes y reflejar los costes a los que se enfrentan. Además, tendrán que quedar registrados en una plataforma digital centralizada por el Ministerio de Agricultura para fomentar la transparencia comercial. También incorpora la figura del mediador en situaciones de desacuerdo entre vendedor y comprador. 

Aunque el texto no fija los precios de los productos, sí indica que se elaborarán, publicarán y actualizarán “periódicamente índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad”.

La ley también refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, como encargada de controlar el cumplimiento de esta norma. Por su parte, las comunidades autónomas podrán designar sus propios órganos de supervisión para investigar e interponer denuncias en caso de incumplimiento.

¿La ley será suficiente para corregir los desequilibrios del sector?

El propio ministro afirmó que la ley de la cadena alimentaria no resolverá las dificultades del sector. “Por sí sola no va a garantizar que todos los problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”, admitió Planas en el Congreso. 

Según el catedrático de Sociología Rural del CSIC Eduardo Moyano, “en una economía de mercado, la capacidad de los poderes públicos para intervenir es muy limitada. Por eso, la eficacia de la ley va a depender de que los componentes de la cadena alimentaria (producción, industria y distribución) crean en ella como un instrumento útil para un mejor funcionamiento”, indica a Newtral.es.

“Lo importante es que la ley puede introducir una nueva cultura de cooperación dentro de la cadena alimentaria, sustituyendo la confrontación por la concertación de intereses. Y eso solo será factible si los componentes del sector agroalimentario lo conciben como un puente en el que cada pilar es importante por pequeño que sea”, resume Moyano.

¿Cuáles son las principales críticas de la ley de la cadena alimentaria?

Según los expertos consultados, el mayor problema que tiene la ley es la dificultad para fijar un índice de costes de producción. Pero no es el único. También la desmesurada burocracia, la excesiva intervención del Estado o la difícil competencia con países fuera de la UE donde no existe esta regulación y, por tanto, pueden fijar precios más bajos.

Tal y como explica Tomás García Azcarate, investigador del CSIC y experto en política agraria europea, “la norma obliga a respetar los costes de producción en cada fase de la compraventa”. Una cifra difícil de calcular en ciertos sectores agrícolas, según el experto. 

Soriano, por su parte, defiende que gran parte de la industria ha interpretado la fijación del coste efectivo de producción como una intervención del mercado. “El Gobierno ha intervenido el precio al exigir un mínimo, lo que puede atentar contra la competencia”, asegura. “La venta a pérdidas ha sido el punto más polémico, el que más tiempo ha ocupado en la tramitación parlamentaria”, prosigue el socio de Andersen. 

¿Qué piensan de la ley de la cadena alimentaria ganaderos y agricultores?

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) está satisfecha con las modificaciones de la norma. “La ley es un verdadero punto de inflexión en la organización de la cadena agroalimentaria en España, tenemos muchas esperanzas puestas en ella”, explica Diego Juste, responsable de comunicación, a Newtral.es.

No obstante, la organización profesional agraria se muestra prudente. “La clave está en el cumplimiento de la ley y en la intención de las administraciones públicas para que investiguen y la apliquen”.

Por su parte, Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), recalca las dificultades para aplicar la ley. “Las herramientas tienen que funcionar: pedimos al Gobierno celeridad en las inspecciones de oficio del Ministerio y de AICA para comprobar que se cumple la norma, estudios de la cadena de valor más cercanos al territorio para fijar los índices de precios referenciales, que las comunidades autónomas desarrollen sus competencias y que se fomente la figura del mediador”, enumera García. 

El catedrático de agricultura del CSIC añade que los agricultores y ganaderos son conscientes de que la ley no va a resolver sus problemas. “Eso es algo que depende también de la capacidad del sector productor para organizarse mejor y ser más eficiente a la hora de relacionarse con los demás sectores de la cadena alimentaria”, insiste Moyano.

¿Continuarán las movilizaciones de agricultores y ganaderos?

Las asociaciones de agricultores y ganaderos confirman a Newtral.es que seguirán convocando manifestaciones. “La situación es insostenible en el sector agrario, pedimos al Ministerio que aplique la ley y también a la industria y la distribución porque la están incumpliendo sistemáticamente”, insiste García desde COAG.

“La ley que se ha aprobado todavía no ha llegado al campo”, prosigue Juste de la UPA. “El descontento es grande. Los agricultores y ganaderos siguen sin recibir precios justos por sus productos, una batalla que dura ya demasiados años. Muchos agricultores y ganaderos se han visto obligados a cerrar sus granjas por falta de rentabilidad”, denuncia. 

Por ello, las organizaciones consideran que necesitan visibilizar su situación ante la sociedad. “Estamos en un contexto de costes disparados (la electricidad, los fertilizantes, los combustibles, los piensos…) en el que los ganaderos están deseando hacer oír su voz para que los agentes que hacen las cosas mal, las hagan bien”.

Desde la UPA y COAG señalan que existe una urgencia ante situaciones como la del sector lácteo, donde se siguen pagando a los ganaderos precios por debajo de coste. “Algunas industrias lácteas siguen aplicando contratos abusivos obligando a sus proveedores a aceptar precios por debajo de costes con la amenaza de no recogida. Por eso y por otras situaciones injustas en otros sectores donde hay crisis de rentabilidad y descontento vamos a mantener las movilizaciones. Sin nuestras protestas no habríamos conseguido tantos logros”.

¿Qué piensan de la ley de la cadena alimentaria los fabricantes de los productos?

Fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la principal patronal del sector, aseguran a Newtral.es que valoran el blindaje de los agricultores para generar una cadena más sostenible (“una petición que llevábamos tiempo pidiendo”) pero admiten que es complicado que el coste efectivo del productor lo tenga que justificar el vendedor a través de los contratos que esta ley exige.

Además, consideran que otros puntos reflejados en el texto tienen margen de mejora. Como aumentar a 60 días los plazos de pago para “los productos frescos y perecederos que se venden para su transformación”. También sugieren que debería incluirse como práctica desleal que no se traslade el Punto Verde a lo largo de la cadena. 

En cualquier caso, para la patronal del sector “la ley da un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar la aplicación práctica de la misma durante los próximos meses para valorarla definitivamente”, indican a Newtral.es.

¿Cómo afecta a los consumidores?

La ley finaliza su ámbito de aplicación en el distribuidor, por lo que deja al consumidor fuera de norma. Sin embargo, los expertos aclaran que la relación con el consumidor es directa y que esta norma le acabará afectando.

“La estricta aplicación de la ley de la cadena va a suponer que el consumidor va a tener que pagar más”, asegura Soriano. “La distribución tiene que respetar la obligación de comprar por encima del coste objetivo de producción, si compra más caro, venderá más caro. Es una cadena”, insiste el experto de Andersen.

Desde la UPA argumentan, por su parte, que el consumidor se verá afectado si no se introducen elementos correctores a una práctica capitalista que beneficia a ciertas piezas de la cadena en perjuicio de otras. “El sector de la gran distribución acumula tanto poder que utiliza la alimentación como producto reclamo, haciendo ofertas abusivas. Esto ha provocado un contexto de precios bajistas a lo largo de toda la cadena que al final termina ahogando al primer eslabón”. 

En cualquier caso, los expertos afirman que el impacto en el precio que pague el consumidor en el supermercado no estará determinado únicamente por la aplicación de la ley, sino por el contexto actual de subida de precios.