Qué es el delito de malversación y qué penas contempla

El delito de malversación está recogido a partir del artículo 432 del Código Penal, en su Capítulo VII. Aunque este tipo de delito solo afecta a una parte de la sociedad: aquellas personas que ocupen un cargo público, como diputados, funcionarios o representantes de gobiernos autonómicos y locales.

Pero, ¿qué es el delito de malversación? Tal y como especifica el Código Penal en su artículo 252 es el que cometen aquellos que “tienen facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”. Es decir, cuando una persona utiliza el dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal podría ser condenada por malversación.

Norberto J. De la Mata, catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco explica que “desde la reforma del 2015, el delito de malversación consiste en dos cosas, o bien en apropiarse de fondos públicos, o bien en administrar deslealmente fondos públicos”. 

¿Cuántos años de condena supone?

Como sucede con la mayoría de delitos, el de malversación tiene diferentes grados de gravedad y, en consecuencia, diferentes condenas. Si el funcionario comete un delito contra el patrimonio público es castigado con una pena de prisión de dos a seis años. Además, queda inhabilitado de su puesto de trabajo y no puede ser elegido en unas elecciones de seis a 10 años. Pero las condenas por el delito de malversación pueden ser mayores.

Como también indica el Código Penal, los años de cárcel pueden ascender hasta la horquilla de cuatro a ocho años, y la inhabilitación de 10 a 20 si además de obtener dinero público para sus propios intereses el funcionario causa algún daño o entorpece el servicio público. También tendrá esta pena si el valor del patrimonio que sustrae excede los 50.000 euros.

De hecho, el código también contempla que si el dinero o el patrimonio que sustrae el funcionario excede los 250.000 la pena tendrá que ser la mayor para estos casos.

Pero la condena por el delito de malversación también puede ser menor. Para el patrimonio o los bienes que valgan menos de 4.000 euros, la condena de prisión es de uno a dos años, con una multa de tres meses y un día a 12 meses. Además, puede haber una inhabilitación especial para el funcionario y que no se le pueda elegir como cargo público entre uno a cinco años.

Ejemplos del delito de malversación o desviación de fondos públicos en España

En el sistema jurídico español hay varios casos y precedentes en los que políticos de diferentes signos han sido condenados por el delito de malversación. Por ejemplo, una de las últimas sentencias referidas a esto es la que emitió el 13 de septiembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE de Andalucía que afectó a los expresidentes del PSOE de la comunidad autónoma, como José Antonio Griñán.

Lo mismo le sucedió al expresidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, tras el juicio del procés, y los actos cometidos el 1 de octubre de 2017. El Tribunal Supremo lo condenó por un delito de malversación por “haber destinado caudales públicos a la celebración de esa ilegal convocatoria”, como recoge el auto.