Qué es el artículo 155 de la Constitución española y cuándo aplica

El artículo 155 de la Constitución española establece el proceso por el que el Gobierno central podría obligar a una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar, o si la autonomía va directamente en contra de algún precepto de la carta magna.

Aunque no solo eso. El Ejecutivo también podría pedir que se aplique el artículo 155 de la Constitución española si ve que la comunidad autónoma “atenta gravemente al interés general de España”.

¿Qué es el artículo 155 y cuándo se aplica?

La Constitución española recoge que “si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno podría, según el artículo 155, adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad al “cumplimiento forzoso” de dichas obligaciones o para la protección del interés general.

Es decir, este artículo sirve como vía legal para que el Ejecutivo pueda obligar a una comunidad autónoma a que cumpla con una ley o evitar que vaya en contra del interés general. Por ejemplo, es el artículo que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó en el 2017 tras la autodeclaración de independencia de Cataluña y el que el de Pedro Sánchez barajó emplear en 2020, durante la pandemia, con Madrid. Aunque finalmente no lo hizo.

¿Cómo es el proceso para aplicar el 155?

Antes de aplicar el 155, el Gobierno central tiene que comunicárselo al presidente de la comunidad autónoma. Si tras comunicar que la autonomía está yendo en contra de la Constitución, la ley o el interés general, el líder autonómico se niega a cumplir con lo que pide el Gobierno, entonces el Ejecutivo central tendría que pedir permiso al Senado. Solo con la mayoría absoluta de la Cámara alta podría aprobarse la aplicación del artículo 155, es decir, con la composición actual de 208 senadores, 105 tendrían que estar de acuerdo.

Tal y como explicó el letrado del Senado Manuel Cavero en la Revista de las Cortes Generales, “el artículo 155 es un último recurso del Estado, a emplear de forma excepcional, para la defensa del orden constitucional en el sistema español de distribución territorial”. Y añade: “Si el artículo 116 de la Constitución habilita al Gobierno y al Congreso de los Diputados para hacer frente a las situaciones que se denominan de anomalía constitucional del Estado, como reformas constitucionales, el artículo 155 hace lo propio con el Gobierno y el Senado para las situaciones de anomalía autonómica”.

Esto convierte al Senado en el órgano que autoriza al Gobierno a aplicar (o no) el 155 en alguna comunidad autónoma, sin necesidad de que intervenga el Congreso de los Diputados.

¿Cuándo se ha hecho uso de él?

El artículo 155 solo se ha aplicado una vez en los 40 años de historia de la Constitución española, y fue en el 2017 en Cataluña, como recoge Cavero. Tras los hechos de septiembre y octubre en la comunidad, la declaración de independencia y la celebración de un referéndum, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió utilizar este artículo de la carta magna. El Senado le permitió hacerlo, con 214 votos a favor (página 21), 47 en contra y una abstención, además de cuatro senadores que estaban ausentes.

Aun así, ha habido dos momentos en España en los que el artículo 155 también estaba encima de la mesa como posibilidad para que una comunidad acatara las órdenes del Gobierno central. Una en 1989 y otra en 2020. 

La primera fue cuando el Gobierno de Felipe González avisó al gobierno canario de que utilizaría el 155 si no aplicaba una rebaja del 15% sobre las mercancías europeas. Pero como explica Cavero, “en tal ocasión bastó el requerimiento del Gobierno para que la comunidad autónoma cesara en su actuación inconstitucional y en consecuencia no fue necesaria la intervención del Senado”.

La segunda ocurrió en mitad de la pandemia de la covid, en septiembre de 2020, cuando la situación epidemiológica en Madrid empeoró. El Gobierno central de Pedro Sánchez, con Salvador Illa a la cabeza de la cartera de Sanidad, pidió a  Madrid mayores restricciones para controlar la propagación del virus a riesgo de aplicar el 155 en la comunidad, aunque, finalmente, el Ejecutivo no lo aplicó.