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Puerto Rico y el limbo político que impide a los boricuas ser estado

Una mujer observa una casa destruida por el paso del huracán Fiona en Puerto Rico. | Foto: EFE/Thais Llorca
Tiempo de lectura: 10 min

«No taxation without representation» fue uno de los lemas que definió la revolución estadounidense contra los británicos en el siglo XVIII. La traducción literal es ‘No hay tributación sin representación’. Unos 250 años después, una parte de la nación norteamericana paga impuestos, pero carece de representación de pleno derecho en las cortes federales de Washington D.C. Y Puerto Rico, un territorio estadounidense con más de 3 millones de habitantes, es el ejemplo paradigmático de esa cuestión porque no es un estado.

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Como analicé en un artículo anterior, gran parte de los problemas macroeconómicos de Puerto Rico se remontan a decisiones tomadas lejos de la isla. Son dificultades que se han agravado por culpa de la corrupción y la mala gestión de sus líderes locales. Aunque igual de importante es la falta de opciones que tienen los puertorriqueños a la hora de decidir sobre su propio destino.

Con una profunda crisis económica y demográfica, Puerto Rico encontraría muchas ventajas si fuera un estado como los otros 50 que forman las estrellas de la bandera estadounidense.

  • Pero sus problemas de deuda corren ahora a cargo de una junta de miembros no-electos creada y autorizada desde Washington D.C.
  • Mientras que sus ciudadanos más jóvenes emigran al continente ahogados por los recortes sociales y la inestabilidad que arrastra la isla desde el huracán María en 2017.

Pero entonces, ¿en qué se traduce para los boricuas que Puerto Rico no sea un estado? ¿Por qué provoca que tantos de ellos prefieran emigrar al continente? Y sobre todo, ¿por qué Estados Unidos no acepta que Puerto Rico sea la estrella 51 de la bandera?

Puerto Rico, territorio no-incorporado

El limbo político en el que se encuentra Puerto Rico se remonta a principios del siglo XX, cuando una serie de decisiones judiciales conocidas como los Casos Insulares definieron el estatus de la isla a lo largo de los siguientes 125 años.

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  • Los Casos Insulares son sentencias del Tribunal Supremo que se empezaron a emitir en 1901 y en las dos décadas posteriores. Tenían un carácter puramente racista.
  • Entre otros comentarios, los jueces de la Corte señalaron que territorios como Puerto Rico estaban poblados por «gente incivilizada» perteneciente a «razas extranjeras».
  • Apuntaban también que sería difícil ajustar a esos nuevos habitantes a «los principios anglosajones» de la nación estadounidense.

La distinción racial permitió a la Corte justificar la división entre territorios incorporados y territorios no-incorporados. La diferencia se aprecia mejor con otro ejemplo: el de Hawái, que pasó a ser territorio incorporado de Estados Unidos precisamente en 1898.

  • A finales del XIX, Hawái llevaba décadas perdiendo población nativa por las guerras y pandemias traídas por occidentales.
  • Llegado el cambio de siglo, la influencia y el crecimiento poblacional de Occidente ya eran hegemónicos. En 1896, en Hawái vivían menos de 40.000 nativos, o el 36% de la población del archipiélago.
  • En cambio, Puerto Rico llevaba siglos bajo influencia española, tenía un movimiento independentista cada vez más fuerte y una población mucho mayor que la de Hawái.
  • Llegado el cambio de siglo, en Puerto Rico vivían más de 360.000 personas de color (negros y mulatos), o casi el 40% de la población de la isla.

Según escribió en 1901 el presidente del Supremo Edward Douglass White, Puerto Rico no era un país extranjero «en el sentido internacional», sino que era «extranjero para Estados Unidos en el sentido nacional».

  • La apreciación sirvió para distinguir a Puerto Rico como territorio no-incorporado de Hawái, que sí fue incorporado en 1900 y admitido como estado en 1959.
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Qué implicaciones tiene que Puerto Rico no sea estado

Una de las críticas habituales al estatus político actual de Puerto Rico es que sus habitantes son «ciudadanos de segunda». Pero no los puertorriqueños en general, sino específicamente los que residen en la isla de Puerto Rico, como bien ha definido el Supremo este mismo año.

  • Al designarlo territorio no-incorporado en los Casos Insulares, el Supremo decidió que en Puerto Rico no aplicaban las mismas protecciones constitucionales que en los 50 estados de Estados Unidos.
  • Eso se ha traducido en que millones de boricuas no están protegidos por la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
  • Es decir, las Cámaras federales pueden aprobar programas de ayudas sociales que no incluyan a los puertorriqueños y tienen base legal para negárselas.

Lo curioso es que los puertorriqueños pueden ser ciudadanos estadounidenses de pleno derecho viviendo en cualquiera de los 50 estados de la nación. En Puerto Rico, no. El mejor ejemplo lo dio el Supremo este pasado abril.

  • Ocho de nueve jueces sentenciaron que un hombre puertorriqueño que había recibido ayudas por discapacidad en Nueva York no podía seguir percibiéndolas al cambiar su residencia a Puerto Rico.
  • Los jueces argumentaban que las Cámaras federales tienen potestad a la hora de estructurar impuestos y beneficios para los territorios.
  • En el caso del programa para personas con discapacidades, el Supremo señala que los boricuas en Puerto Rico están exentos de pagar el impuesto sobre la renta, así que es entendible que las Cámaras determinen a qué programas pueden optar o no.

En Puerto Rico, los boricuas sí pagan otros impuestos y se benefician de programas sociales federales en materia sanitaria, de desempleo y de seguridad social. Pero son programas determinados por las Cámaras federales, no porque así lo puedan votar los habitantes de la isla.

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¿Y cómo deciden los boricuas su propio destino?

La realidad es que los puertorriqueños tienen poca potestad sobre sus políticas internas, especialmente en la actualidad. Pese a ser ciudadanos estadounidenses, elegir gobernador y parlamentarios territoriales propios y tener una Constitución, sus políticas las deciden desde Washington.

  • Al no tener derecho a voto presidencial o a elegir congresistas o senadores de pleno derecho, la influencia política de los puertorriqueños en Washington es mínima.
  • Toda legislación que se debate en las Cámaras marca las pautas de lo que será Puerto Rico. Qué impuestos pueden pagar, de qué programas pueden gozar.
  • Incluso en materia de derechos, los boricuas viven a merced de las decisiones del Tribunal Supremo federal, no de las cortes de la isla.

En 2016, con la aprobación de la ley PROMESA, Puerto Rico perdió si cabe más autonomía. PROMESA establecía la formación de una junta de miembros no-electos para sanar las cuentas de la isla, que arrastra una crisis de deuda desde hace años.

  • La junta tiene potestad para aprobar, rechazar e incluso crear de cero los presupuestos de Puerto Rico, lo que se ha traducido en recortes en materia social.
  • Aunque quisieran, los puertorriqueños no pueden deshacerse de la junta porque no tienen mecanismo electoral para hacerlo. Sus miembros son designados por el presidente estadounidense.

La junta sería ilegal en cualquiera de los 50 estados, pero no en Puerto Rico, territorio no-incorporado.

¿Y por qué Puerto Rico no es un estado?

Cuando Puerto Rico pasó a ser parte de Estados Unidos, el país norteamericano ya se había hecho con otros territorios antes. Pero 1898 fue un año en el que se produjo un cambio de paradigma que reverbera hasta nuestros días.

  • En la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos incorporó estados a la Unión en parejas para evitar que ni los estados esclavistas ni los estados que repudiaban el esclavismo tuvieran mayoría.
  • Empezando por Misuri y Maine, y conforme Estados Unidos se expandía, se fueron sumando estados en parejas. Arkansas, esclavista del Sur, entró con Michigan, estado libre del Norte.
  • Esa doctrina dejó de tener sentido con el fin de la esclavitud, pero la política siguió jugando un papel clave, especialmente en el siglo XX.

En los años 50, el presidente Dwight D. Eisenhower recibió presiones para admitir dos nuevos estados a la Unión: Alaska y Hawái. Ambos territorios habían recibido mayor atención dada su importancia estratégica en la Segunda Guerra Mundial.

  • Los demócratas querían añadir Alaska y los republicanos, Hawái, pues cada estado les beneficiaría electoralmente en el futuro.
  • Curiosamente, Alaska vota ahora de forma consistente por candidatos republicanos y lo mismo sucede al revés con Hawái.
  • En los años 50, Estados Unidos tenía 48 estados, así que el añadido de Alaska y Hawái mantendría el equilibrio ideológico del Senado.

El contexto es importante porque la situación es diferente ahora:

  • Puerto Rico es un territorio que en principio votaría de forma consistente por el partido demócrata.
  • Y no hay ningún otro territorio pendiente de añadir a la Unión salvo el Distrito de Columbia, una ciudad profundamente demócrata.
  • Las más de 700.000 personas que viven en Washington D.C. carecen de representante con derecho a voto en las Cámaras federales, aunque sí pueden votar en carreras presidenciales.

Es decir, ahora mismo el partido republicano no tiene interés en sumar a Puerto Rico a la Unión porque desequilibraría la balanza ideológica del Senado. En una Cámara de 100 escaños cuya mayoría se suele decidir en unas pocas carreras, Puerto Rico sumaría dos nuevos asientos demócratas y dificultaría a los republicanos ganar mayorías.

¿Entonces?

Tras el paso del huracán María en 2017, Puerto Rico se ha sumergido en una crisis incluso mayor que en la que estaba antes. La respuesta a aquel desastre natural fue «más lenta y menos generosa» que en estados que sufrieron catástrofes similares como Texas y Florida. El caso de María cimentó la sospecha de muchos boricuas de que el gobierno federal estadounidense los trata como a «ciudadanos de segunda».

La solución para muchos puertorriqueños es clara: emigrar al continente. En cualquiera de los 50 estados del país, los boricuas gozan de los mismos derechos y las mismas protecciones constitucionales que el resto de compatriotas. La diferencia está en su isla, esa que salió de la lista de ‘territorios no autónomos’ de Naciones Unidas en los años 50 pese a que a muchos niveles todavía lo es.

Los puertorriqueños han dejado claro en los plebiscitos de los últimos años que su población está dividida. La fractura es casi simétrica entre quienes quieren mantener el statu quo y quienes prefieren abrir una vía hacia la categoría de estado. La independencia total de Estados Unidos es un objetivo poco popular. Pero piensen o no los boricuas qué quieren para el futuro de su isla, una cosa está clara: por ahora, no lo decidirán ellos.

Fuentes